La Policía Federal (PF) reconoció que la agente que aparece en un video torturando a una civil en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, continuaba realizando sus labores de manera normal hasta este jueves. Tras darse a conocer la grabación, el Comisionado General de la corporación, Enrique Galindo Ceballos, informó ayer que la uniformada será sometida de manera inmediata a proceso ante el Consejo de Honor y Justicia, además, instruyó a la unidad de Asuntos Internos atender de manera prioritaria este tema para castigar a la responsable.
“La Comisión Nacional de Seguridad no tolerará este tipo de acciones y está dispuesta para que esta persona que faltó a la institución enfrente proceso penal en el momento en que el Ministerio Público de la Federación lo requiera”, mencionó la corporación a través de un comunicado.
La integrante de la Policía Federal se encontraba en operaciones fuera de la Ciudad de México, sin embargo, de acuerdo con la corporación, una vez que fue identificada fue concentrada en las instalaciones de la PF, donde se desahogará su proceso administrativo y después se dará vista del caso a la PGR, que ya cuenta con la averiguación previa, con la intención de que sea consignada por los delitos de que resulte responsable.
Mientras que el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció esta mañana una “sentida disculpa a toda la sociedad agraviada” por los hechos ocurridos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, donde una joven de 22 años de edad, detenida por portación de armas y presuntamente pertenecer a una organización criminal, fue torturada por al menos una militar y una agente de la Policía Federal.
En un mensaje dirigido esta mañana a las tropas mexicanas en el Campo Militar Número 1, el General Cienfuegos Zepeda dijo: “En nombre de todos los que integran esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agravada por este inadmisible evento”.
El titular de la Sedena incluso lanzó una invitación a la ciudadanía para que denuncien ante la autoridad competente “cualquier acto contrario al cumplimiento de la Ley y al respeto de los derechos fundamentales”.
Cienfuegos abundó: “Los he reunido este día porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses en Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero […] hechos deplorables que no solo nos denigran como soldados, también traicionan la confianza que día a día se ha ganado esta institución ante la sociedad nacional”.
Y les reiteró: “Nuestra conducta debe ser intachable no sólo porque así nos lo ha instruido nuestro comandante supremo, el ciudadano Presidente Enrique Peña Nieto, sino porque esta es una obligación ética y moral que debemos cumplir a cabalidad, dispuestos y convencidos de que ése es el camino para hacer lo correcto”.
Por su parte, Elvira Santibáñez, originaria de Ajuchitlán, fue acusada de secuestro y de pertenecer a la organización criminal “La Familia Michoacana” en febrero de 2015. La mujer fue detenida en ese mismo año por una base de operaciones mixtas que se integra por elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la PGR y autoridades de Guerrero en Ajuchitlán del Progreso, luego de una denuncia ciudadana por ser parte de una banda de plagiarios.
Santibáñez, quien aparece en un video siendo torturada por un elemento de la Policía Federal y al menos otra del Ejército, fue capturada junto con otros dos sujetos originarios de Arcelia en posesión de armamento compuesto por 3 AK 47, una AR 15, un arma corta calibre 22, 9 cargadores, casi 200 cartuchos útiles, una motoneta y 11 mil pesos en efectivo. En su confesión, los detenidos reconocieron ser sicarios y secuestradores de dicho grupo criminal.
Éstos fueron detenidos el 28 de enero en Ajuchitlán del Progreso y de acuerdo al reporte policíaco fueron puestos a disposición del Ministerio Público en Iguala, Guerrero, y en el caso de Santibáñez fue trasladada al penal de Nayarit donde se encuentra actualmente.
Por la tortura de la mujer, dos militares se encuentran encarcelados en una prisión militar por el delito de desobediencia que, de acuerdo al Código Penal Militar, se castiga con alrededor de un año de prisión, no obstante falta que la PGR libre una orden de aprehensión contra quien resulte responsable para consignarlos ante un juez por el delito de tortura. Con información de SinEmbargo
