El jueves 17 de marzo jornaleros conmemoraron el primer aniversario de la protesta contra la explotación en el valle. Aunque el discurso y exigencias se mantienen, el tono, la movilización y mítines de este año son muy distintos a los de 2015. Los trabajadores ya no quieren hablar con el gobernador Francisco Vega “porque se hizo de la vista gorda”
Un año ha pasado desde que estalló la revuelta de los jornaleros del Valle de San Quintín exigiendo mejores condiciones de vida y un salario digno, denunciando la explotación y abusos por parte de los patrones en los campos de fresas y demás productos, mismos que dejan sendas ganancias a los empresarios agricultores, pero pocas expectativas de vida a su fuerza laboral.
Fuera de la conformación de dos sindicatos nacionales, y la ruptura de los líderes que encabezaron la lucha y que ahora se dividen en tres frentes, nada más les ha dejado el movimiento, pese a los compromisos contraídos con el Gobierno Federal y a las promesas de inversión y rescate ofertadas por el Gobierno del Estado.
Por ello consideran la fecha 17 de marzo como conmemorativa, pero no festiva. “Porque no hay nada que festejar, todo sigue igual”, en eso coinciden tanto los líderes Fidel Sánchez, representando a un sindicato; Enrique Herrera, secretario general del otro; y Justino Herrera, disidente que ahora dice representar “solamente” a los 5 mil jornaleros de la colonia Lomas de San Ramón.
Aunque el discurso y exigencias se mantienen, el tono, la movilización y mítines de este año son muy distintos a los de 2015, para contento de los agricultores y las autoridades. Los mismos jornaleros, de los distintos “frentes”, amén de dejar de lado la beligerancia, en su mayoría no respondieron a la convocatoria de sus líderes, por una cuestión meramente pragmática. No quieren perder su día de salario, menos ahora que en los últimos días algunas empresas lo incrementaron a 226 pesos.
“Los jornaleros quieren trabajar, la vez pasada perdieron muchísimo dinero con el paro”, afirmó un capataz del Rancho Juanito. “La gente no pudo ahorrar, los trabajadores llegan a ahorrar en una temporada sus 30 o 40 mil pesos”, aseguró por su parte un mayordomo de Rancho Seco.
Confiados en que no se repetiría la historia, días antes los empresarios agrícolas aceptaban estar nerviosos, sobre todo aquellos que llegaron a tener pérdidas de 4 millones de dólares -aun siendo ranchos medianos-, por lo que pedían que cuando mucho un día fuera de paro y no llegara cuando menos el 60 por ciento del “personal” para asegurar la cosecha. “Sí esperamos ausencias, y tal vez algunas pedradas, pero no más”, reveló un agricultor.
ASÍ COMENZÓ ESTA HISTORIA
La madrugada del 17 de marzo de 2015 el escenario de camiones destartalados recogiendo a jornaleros para llevarlos a su jornada de sol a sol varió por un ambiente de pueblo sitiado. Barricadas, llantas ardiendo, multitudes con pasamontañas, palo y piedras, bloquearon de tramo en tramo la Carretera Transpeninsular en exigencia de la incorporación al Seguro Social, prestaciones laborales y un salario mínimo diario de 300 pesos.
Al día siguiente la Alianza de Jornaleros -encabezada por Fidel Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez, Fermín Salazar y Lucila Hernández- logra la primera reunión con autoridades de gobierno, encabezadas por el subsecretario Pablo Alejo López Núñez. La primera exigencia es liberar a los hombres que resultaron detenidos en el enfrentamiento con policías de la Estatal Preventiva y Municipal a punta de piedras, palazos y balas de goma, así como la exigencia de la cancelación de contratos colectivos suscritos por sindicatos “charros” como CTM, CROC y CROM.
El 19 de marzo, tras la petición de entrevistarse con él, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid asoma la nariz y declara que en dos días de paro general se han perdido 30 millones de pesos, cuando realmente el monto ascendía a 100 millones de dólares. Hay 77 detenidos a causa de los disturbios, saqueos y agresiones. Un día después continúa la mesa de diálogo y la Alianza exige al Consejo Agrícola una propuesta salarial; la Alianza pide una paga de 270 pesos, los agricultores ofrecen un 10 por ciento de incremento -12 pesos aproximadamente-, no más.
Las negociaciones se posponen para el 25 de marzo, el Consejo Agrícola aumenta su propuesta al 12%, la Alianza “le baja” ahora a 200 pesos diarios y 20 pesos por caja de fresa a destajo. El estira y afloja se prolonga hasta el 27 de marzo, pero se rompe la mesa de diálogo a falta de consenso. Después el Consejo ofrece el 15% y la Alianza sigue sin aceptar. El 28 de marzo la Alianza encabeza una caravana de protesta por los cinco municipios de Baja California.
Fidel Sanchez lider de la Alianza
El 10 de abril llegan a las mesas de diálogo los diputados federales de la Comisión de Pueblos Indígenas y los jornaleros les ponen una “zarandeada” a los legisladores por no desquitar el sueldo y solo ir a tomarse la foto, en la misma jornada echan del salón al diputado local del PRI, Marco Antonio Novelo, quien anteriormente los había ignorado. Siguen sin llegar a un acuerdo y alrededor de 30 mil jornaleros se manifiestan las calles. El 16 de abril, los líderes de la Alianza son recibidos por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien funge como gestor ante la Secretaría de Gobernación.
El 24 de abril, el subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda Nava, se reúne a puerta cerrada en San Quintín con los líderes de los jornaleros y las autoridades estatales y federales, promete traer respuestas en 15 días.
Se cumple el plazo y el funcionario federal ni se para por la región y se da otro incipiente brote de violencia que culmina el 9 de mayo con enfrentamientos contra la PEP y Policía Municipal, queman totalmente la delegación policíaca en Vicente Guerrero, echan a los elementos de seguridad de las colonias de jornaleros y queman una unidad de ataque denominada “El Tiburón”.
El 13 de mayo hay nueva reunión entre los líderes de la Alianza y funcionarios de los tres órdenes de gobierno encabezados por Enrique Miranda Nava, es a puerta cerrada en la Administración Portuaria Integral de Ensenada y se prolonga por 15 horas. Al amanecer salen los líderes jornaleros y literalmente huyen sin dar discursos ni declaraciones a la prensa.
El 4 de junio, tres días antes de las elecciones, por fin llegan a un acuerdo los aliancistas con el subsecretario de Gobernación, entre otras cosas, convienen la afiliación masiva al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la conformación de un sindicato, la categorización de las empresas para estipular salarios de 150, 165 y 180 pesos según sea el caso, y se firma una minuta de “salario mínimo integrado”, que a lo postre resultó ser una patraña en la que cayeron los aliancistas, junto con la promesa de un fideicomiso de 100 millones de pesos anuales, que deriva en las primeras rupturas entre los voceros de la Alianza, según confesaría a ZETA Justino Herrera el 7 de junio, quien no estuvo de acuerdo con los términos y tachó de traicioneros y “vendidos” al resto de sus compañeros.
Enrique Alatorre en Centro de Gobierno de San Quintin
Como “un día histórico” califica la Alianza, la jornada donde se firman 14 puntos de acuerdo con el Gobierno Federal, considerando como lo más importante la conformación del sindicato por encima del aumento salarial. Se llega hasta finales del año y ya no es uno, sino dos los sindicatos nacionales que salen de San Quintín. Primero el Sindicato Independiente Democrático Nacional de Jornaleros Agrícolas (SIDENAJA), integrado por disidentes de la Alianza y encabezado por Enrique Alatorre, y el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), con el joven jornalero Lorenzo Rodríguez Jiménez, pero liderado de facto por Fidel Sánchez, vocero principal de la Alianza de Organizaciones.
LES DIJERON SÍ, PERO NO CUÁNDO
Uno y otro sindicato, así como Justino Herrera por su cuenta, podrán estar en desacuerdo en las formas y postura -aparte de desacreditarse mutuamente-, pero todos coinciden en el reclamo de los acuerdos no cumplidos en su mayoría por parte del gobierno.
El principal, la revocación del contrato colectivo firmado entre las empresas y los sindicatos CTM, CROC y CROM. Sigue siendo letra muerta, a pesar que los jornaleros organizados ya tienen personalidad jurídica para decidir su propio contrato. Otro acuerdo es el del aumento salarial del 15% aplicado por las empresas agrícolas, “pero dejamos sobre la mesa el sueldo por 200 pesos y jornada de ocho horas”, aclaró Fidel Sánchez.
También está la campaña de afiliación y credencialización al Seguro Social, “sí se registraron más de 10 mil compañeros, pero nada más en la hoja membretada del IMSS, ya en la base de datos no aparece ninguno, lo que significa que el IMSS no hizo su trabajo correspondiente, empezando por no sancionar a toda aquella empresa que no suba su nómina a la plataforma de ese Instituto”.
Otro compromiso fue la inspección a ranchos agrícolas para determinar categorías y capacidad de pago, a razón de la “A” en 180 pesos; “B”, 165; y “C”, 150 pesos, “hasta el día de hoy no ha habido ninguna inspección, y si lo han hecho, pues ha sido muy a su estilo, la Alianza en ningún momento fue llamada para formar parte de las inspecciones”, denunció Sánchez.
Otro compromiso fue la construcción de un hospital general de especialidades de tercer nivel, “y como por arte de magia se llevan el hospital pero a la ciudad de Mexicali, el mismo que se iba a construir aquí, y ¿dónde queda el compromiso del gobernador Kiko Vega? Otro punto pendiente que ni siquiera pudimos tocar es en cuanto al precio de la caja de fresas, las jarras de mora, arándano, no lo pudimos tratar ni con el Gobierno del Estado, y menos con el Federal”, abundó.
Y la manzana de la discordia, porque según Justino Herrera, fue la razón por la que pudieron “chamaquear” o bien “comprar” a sus compañeros aliancistas: el fideicomiso de 100 millones de pesos anuales para mejorar la calidad de vida de los jornaleros que sería administrado por la Alianza: “Lo que ha hecho el gobierno en estos últimos días es hablar de nuevos programas sociales, ¿qué significa esto? Pues es muy claro, que no va a haber fideicomiso”.
RECLAMOS A MODO
Ante los acuerdos no cumplidos por parte de las autoridades, y dado que el subsecretario de Gobernación y demás funcionarios ya ni siquiera les contestan las llamadas, el camino será seguir presionando, advirtió Lorenzo Rodríguez, secretario del SINDJA -el sindicato de Fidel Sánchez-, e impulsar el boicot económico internacional especialmente contra las empresas Driscoll’s y BerryMex, por pertenecer a una sola familia que lucra con las bondades del Valle de San Quintín, “como receptora, exportadora y acaparadora de tierra y agua”. Con el gobernador Francisco Vega ya no quieren platicar “porque se hizo de la vista gorda en su momento”, y tampoco con el subsecretario federal Enrique Miranda Nava, “porque nomás nos otorgó la toma de nota y se borró”.
Para el primer aniversario de la rebelión de jornaleros, SINDJA determinó encabezar una caminata -“que no marcha”- partiendo desde la colonia Vicente Guerrero, trasladarse a pie y en tramos en carro por la Transpeninsular hasta llegar el domingo 20 de marzo al Faro de Playas de Tijuana y encontrarse con miembros de otras organizaciones campesinas y obreras de Estados Unidos. Mientras que el SIDENAJA, liderado por Enrique Alatorre, decidió hacer un “simulacro” de lo que fue el año pasado, con un acto de manifestación en la explanada del Centro de Gobierno en San Quintín, para exigir dar seguimiento a los acuerdos: “Ya no queremos boicotear, pero sí queremos que el gobierno cumpla lo plasmado en el papel. Porque el pueblo se enardece, no quiere broncas, pero tampoco quieren que lo engañen”, advirtió Alatorre.
Seguidores del movimiento
El acto de este sindicato terminó en verbena con birria de res y aguas frescas para las decenas de jornaleros que logró reunir, y con medio gabinete de Kiko Vega trepado en el estrado, los titulares de la CESPE, Secretaría del Trabajo, Fomento Agropecuario, Subprocuraduría de Justicia. Hasta el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, que siempre aventaba al ruedo a Pablo Alejo López, ahora sí, sin temor hacer linchado, dio la cara hasta ofreció un discurso de buenaventura y esperanza a los jornaleros: “Es un verdadero honor transmitirles el mensaje del señor gobernador, que es de amplio respeto, porque tenemos un compromiso moral con ustedes”.
Y reiteró las inversiones y obras del Programa Integral para el Desarrollo de San Quintín, que en los días previos al 17 de marzo el gobernador ha arrancado, como la desaladora con valor de 570 millones de pesos, entre otras, hasta sumar más de 2 mil millones de pesos, “lo que indudablemente dará otra calidad de vida a los habitantes de San Quintín”.
Un discurso un tanto a tono con lo que declaró un día antes a este medio un importante agricultor de la zona, a propósito de la escasez de agua, de carreteras, de infraestructura: “Porque no son las empresas las que van a resolver el problema de este valle”.
