Un Tribunal Constitucional de Sudáfrica ordenó que en un lapso no mayor a 45 días el presidente de aquel país, Jacob Zuma, devuelva parte de los 246 millones de rands de dinero público [unos 15 millones de euros)] que gastó en la remodelación de su residencia privada.
La cantidad exacta que habrá de reembolsar será fijada dentro de un plazo de 60 días por la Tesorería Nacional, cuyo cálculo deberá ser aprobado por el Tribunal Constitucional.
Según un informe de la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, el dinero público no se empleó en mejorar la seguridad de la residencia del presidente, como se había justificado.
La Presidencia justificó como obras destinadas para la seguridad del mandatario, la construcción de un establo para vacas, un corral para pollos, una piscina y un anfiteatro en su residencia de Nkandla.
“El presidente no cumplió, defendió, ni respetó la Constitución”, afirmaron en el veredicto alcanzado por unanimidad por los 11 jueces de la Corte.
El Tribunal concluye que el Parlamento incumplió su obligación de “controlar” las acciones del presidente y amparó la “conducta ilegal” de Zuma, exonerándolo, con los votos de la mayoría afín, de cumplir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.
Este caso es el mayor escándalo de corrupción de la presidencia de Zuma, que llegó al poder en 2009, después de que la Fiscalía retirara los más de 700 cargos de corrupción que pesaban contra él.
