El Ejecutivo estatal tiene miles de juicios laborales que de perderse, significarían más de 26 millones de pesos en pérdidas para el erario. Sin embargo, el riesgo real para el presupuesto de Baja California lo representan los juicios agrarios, donde solo los procesos jurídicos promovidos por la zona de El Monumento, Ejido Rojo Gómez y el Bulevar 2000 en Tijuana representan pleitos por casi mil millones de pesos
Derivado de la reciente aprobación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California 2014, salió a relucir que el Ejecutivo tenía, hasta hace 15 meses, 2 mil 333 pleitos jurídicos pendientes de resolver.
Víctor Lujano Sarabia, subsecretario jurídico -con licencia temporal- del Gobierno del Estado, quien ha llevado parte de la defensa de los casos mencionados, señaló que la gran mayoría de las demandas que actualmente enfrenta el Ejecutivo tienen que ver con el tema laboral, que se arrastran desde el sexenio anterior, y otras interpuestas ante la reforma a la Ley del Servicio Civil.
El 60 por ciento de estos procesos representan juicios por basificaciones, un poco más del 20% por horas extra y el resto por reconocimiento de antigüedad. Desde el gobierno aclararon que estas demandas ya casi llegan a 3 mil.
Adicionalmente llevan 12 juicios agrarios, 116 juicios civiles ordinarios y 665 juicios de amparo y controversias constitucionales.
El funcionario, que se encuentra separado momentáneamente del encargo -para participar en la precampaña del Partido Acción Nacional pero que accedió a una entrevista con ZETA, afirmó que tras las reformas laborales, el Ejecutivo estatal ha ganado cerca del 90% de los juicios, iniciados después de la reforma que se publicó en mayo de 2014.
El otro 10% restante son recursos tramitados antes de entrar en vigor la reforma a la Ley del Servicio Civil, los cuales, considera el gobierno, tienen una alta posibilidad de perder, porque la anterior Ley contaba con diversas ventajas procesales en cuanto a horas extra, vacaciones o basificaciones.
— Estadísticamente, del total ¿cuántas de estas demandas pierde el Estado?
“Yo creo que en un 30 o 40 por ciento si se llegan a perder en atención de que antes no había un catálogo de puestos susceptibles a basificarse, la Ley te decía que labores de confianza eran todas aquellas que llevaran algún elemento de administración, inspección y de vigilancia y, si no encajabas ahí, te podías basificar. Ahora ya hay un catálogo muy amplio en los cuales se limitan las posibilidades de basificación, entonces eso ha impactado en el número de asuntos que se empiezan a ganar a favor de Gobierno del Estado”.
— ¿A cuánto asciende el impacto de esas demandas en el presupuesto?
“En términos presupuestales ha significado alrededor de 26 millones de pesos del total de juicios laborales”.
Respecto a la gran cantidad de demandas pendientes por resolver por el Ejecutivo, Anwar Ramos Gaona, presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, señaló que se ha tenido un marco jurídico muy flexible en el que se puede generar un abuso o sobrecarga a la capacidad que tiene el Estado para contratar personal.
Lujano
“Esta misma regulación se ha tratado de adecuar en diversas ocasiones, porque estamos viendo un problema en el aumento de la burocracia que es verdaderamente catastrófico para las finanzas de los entes de gobierno”, expuso Ramos Gaona.
Lamentó que no exista una disposición de ninguna de las fuerzas políticas dentro de los Congresos estatales y federales que puedan dar una reforma legal eficaz, a efecto de que queden protegidos los derechos de los trabajadores, pero que establezcan mecanismos para evitar el crecimiento de la nómina.
“Estamos en una realidad en la que el crecimiento de la burocracia está cargando demasiado las finanzas públicas y llegaríamos a un absurdo en el cual los servicios públicos fundamentales no se puedan estar prestando, porque los recursos se estén destinando al sostenimiento de la burocracia”, indicó.
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES PONEN EN RIESGO PRESUPUESTO
Otro de los datos arrojados de la Cuenta Pública 2014 fue que el gobierno estatal enfrenta alrededor de 655 juicios de amparo y controversias constitucionales que derivan del proceso legislativo.
Lujano explicó que cuando alguien reclama la inconstitucionalidad de alguna Ley, forzosamente tiene que involucrar al Estado por haber publicado la reforma en el Diario Oficial, y aunque la Ley no los obliga a contestar al ciudadano que reclama, el Estado lo hace. “Y en el 98 por ciento de los casos la respuesta es explicar por qué se avaló la publicación de la reforma”.
Tratándose de juicios de amparo y controversias constitucionales, los que se inician contra actos de gobierno son “un porcentaje mínimo”. Y en esos casos lo usual es que el reclamo ciudadano sea por expropiación o derecho, entre ellos los fideicomisos de turismo y la Ley del Notariado, donde sí tuvieron una participación activa.
— ¿Qué sucede en el caso de los verificentros que tienen una demanda por más de 200 millones de pesos?
“En la subsecretaría jurídica se llevan todos los asuntos, menos los de responsabilidad administrativa y los que tiene relación con el Congreso, ahí lo que yo te puedo comentar es que los verificentros presentaron una demanda por actividad irregular del Estado. Consideraron que el haber retrasado la emisión de un decreto en el cual se establecía la obligatoriedad de verificar, les causó un prejuicio por no operar los centros, esa demanda está en Contraloría del Estado y está en etapa de instrucción” afirmó el abogado.
De igual forma, aclaró que casi todas las controversias y juicios de acción de inconstitucional, corresponden al periodo de la XXI Legislatura del Estado, la cual se caracterizó por tener marcadas diferencia con el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y el Congreso del Estado mayoritario por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“De los juicios heredados salimos bien librados con el tema de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a nivel constitucional, de la municipalización de San Quintín, que fue otro tema que nos dejó pendiente la Legislatura pasada y otros relacionados con leyes que irresponsablemente, desde mi punto de vista, se generaron al vapor y al calor de circunstancias políticas y de coyunturas electorales muy precisas”, señaló Víctor Lujano Sarabia.
De la actual administración recientemente se ganó la controversia constitucional en contra del Poder Judicial referente a la Ley del ISSSTECALI, dejando alrededor de cinco asuntos pendientes que no tendrían “gran impacto político, ni económico”, afirmó el consultado.
GOBIERNO GASTA EN JUICIOS QUE NO PROCEDEN
En el caso de los juicios ordinarios civiles, el subsecretario jurídico explicó que se trata principalmente de invasiones de algún terreno propiedad del Estado y que los particulares demandan la prescripción del bien.
“Llegaron, vieron que a lo mejor el terreno estaba baldío, ampliaron el cerco y luego resulta que era propiedad nuestra y al paso de los años nos demandan la prescripción del terreno para ser ellos los titulares del bien, ahí estamos empezando a tener sentencias favorables porque hay una clara disposición de las leyes que especifican que los bienes de dominio público son inembargables e imprescriptibles”, comentó.
EL PELIGRO DE LOS JUICIOS AGRARIOS
Los 12 juicios agrarios serían la mayor preocupación para el Ejecutivo por lo oneroso que podría resultar perderlos. Entre ellos se encuentra el promovido por el Ejido Rojo Gómez, donde son coadyuvantes y que implica una superficie de alrededor de 400 hectáreas.
Hernan Cortez, abogado
Otro sería el de La Bufadora, aunque deberá ser el Ayuntamiento de Ensenada el que cumpla la sentencia.
De acuerdo con el subsecretario jurídico con licencia temporal, en la mayoría de los juicios de esta índole se ha llegado a acuerdos económicos al ser clara la afectación que se tiene.
— ¿Esa carga legal tendría afectaciones a las cuentas públicas?
“Realmente no, creo que si bien son cantidades fuertes, si lo comparas con el presupuesto de la administración pareciera que no pintan, de igual manera nosotros atendemos con mucha responsabilidad los asuntos tengan o no cuantía”.
Uno de los juicios pendientes tiene que ver con el gobierno de Eugenio Elorduy Walther, relacionado con la expropiación del predio conocido como El Monumento, el cual durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán llegó a una inejecución de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el adeudo de 600 millones de pesos.
El tema se remonta a 2004, cuando el ex gobernador panista decretó la expropiación de 7 millones 479 mil metros cuadrados con la intención de implementar un proyecto inmobiliario; fue hasta 2009 que Osuna Millán publicó en el Periódico Oficial del Estado la revocación del decreto, con lo que quedaba suspendido el proyecto.
Víctor Lujano abundó que la SCJN definió que no se debía pagar ese dinero y que se debían de realizar otras valoraciones al momento de dictar la sentencia, por lo que el Juzgado de Distrito acató la resolución, pero en el Tribunal Colegiado “voltean” lo que señaló la Corte.
“Nos van a hacer un ruido de que nos van a condenar a pagar una cantidad exorbitante, pero estamos confiados que de llegar nuevamente a la Corte se va a sostener en lo que ya había dicho, que no existe pago alguno, ahorita estamos en la etapa de peritajes, en el peor escenario sería esa cantidad”, adelantó.
Otra ejecución de sentencia sería por afectación a unos terrenos para la realización del Corredor 2000 en Tijuana, en la que el Estado tendría que pagar 126 millones de pesos, los cuales también se están litigando.
