Mientras el Presidente Enrique Peña Nieto y su partido pugnan por la aprobación del Mando Único, en el PAN no quieren que la coordinación se limite a eliminar las mil 800 Policías Municipales para entregarlas a 32 nuevas corporaciones estatales. Jorge Ramos, diputado federal presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Seguridad Pública en el Congreso, refiere el modelo de lo que ocurrió con la coordinación policíaca y de Fuerzas Armadas cuando él fue alcalde de Tijuana, y explica que sería mejor un “Mando Mixto”
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El 60 por ciento de la población en México tiene como principal preocupación el tema de la seguridad, pero 7 de cada 10 mexicanos se siente inseguro, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tres de cada 10 ciudadanos ya ha sido víctima de la delincuencia, sin embargo, de 100 delitos cometidos sólo se denuncian siete. Al país la inseguridad le cuesta el 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Los datos evidencian que el sistema de justicia en nuestro país está rebasado, y que el nivel de confianza de los habitantes hacia las autoridades está por los suelos. “El tema del Mando Único se queda chiquito en relación a la dimensión del problema”, asevera Jorge Ramos Hernández, diputado federal y presidente en las Comisiones de Seguridad Nacional y Seguridad Pública en el Congreso.
Por lo pronto continúa el afán del Presidente Enrique Peña Nieto y su partido por imponer el Mando Único para todo el país, mientras que la oposición encabezada por el PAN persiste en la propuesta de reformar el sistema de Seguridad Pública, que no se limite a la salida fácil de eliminar las mil 800 Policías Municipales existentes para entregarles el poder a 32 nuevas Policías Estatales.
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“Su propuesta está incompleta, el Mando Único no es la panacea, el tema de seguridad es más complejo, empezando porque no tiene regulada la intervención del Ejército, que es la única fuerza real capaz de enfrentar el tipo de inseguridad que tenemos en el país. El Presidente está siendo omiso en regular una actividad que es fundamental para que podamos como Estado mexicano realmente darle una batalla al crimen con toda la fuerza”, explica Ramos.
Agrega: “Es un planteamiento que representa comodidad para el Gobierno Federal para coordinar el problema, pero esa comodidad no es necesariamente lo que al país le conviene. El crimen organizado ya no va a tener que sobornar a mil 800 Policías, nomás sobornará a 32 para controlar el país”.
Aceptar que las autoridades locales y estatales están rebasadas “porque no han hecho su tarea” y querer así nomás imponer su autoridad, “es como el papá diciéndoles a sus hijos: ‘como no has podido mantener la paz en casa, yo voy a tomar el control’”.
Considera la fracción parlamentaria panista que hasta ahora la actuación del Ejército es muy endeble y que, amén del esfuerzo que le representa cada movilización, siempre está en un papel susceptible, jurídicamente hablando, en cada intervención que encabezan.
“Y también los ciudadanos cuando vemos al Ejército intervenir en la calle tenemos el derecho a saber cuál es el ámbito jurisdiccional que tienen, a qué vienen, por cuánto tiempo vienen y cuál es el problema por el que llegaron”.
Jorge Ramos
La reforma entonces parte de darle solidez legal al Ejército para sustentar su intervención, pero a la vez garantizar a los ciudadanos que los militares no se van a sobrepasar en sus facultades. Agradece Ramos que en Baja California no se han dado casos de abusos por parte de la Fuerza Armada, pero no se puede decir lo mismo de Ayotzinapa o recién ahora Tierra Blanca: “Donde el Ejército se ve involucrado, no necesariamente involucrado, pero sí con algunos señalamientos de atropello a los derechos humanos. Y todo esto porque no hay claridad en un marco jurídico que le permita al Ejército y la Marina desplegarse con toda la fuerza que pudieran”.
EL CORAZÓN DE LA REFORMA
La propuesta parte de que exista una Declaratoria de Seguridad Nacional donde se defina, fundamente y justifique la intervención del Ejército.
Que no se den más casos como Ayotzinapa, “donde al Presidente se le viene la bronca encima y lo primero que hace es sacar a los militares y aventar al Ejército a la calle como respuesta, pero no propiamente para armar una lógica, un objetivo, una estrategia”, apunta el ex presidente municipal de Tijuana.
Cita por ejemplo que, en un caso como el de Guerrero, el Presidente de la República emite una Declaratoria para intervenir la entidad porque el Municipio y el Estado están secuestrados por el crimen organizado, se hace la justificación, se aportan las evidencias y da la orden a las Fuerzas Armadas.
Se solicita un expediente, se evalúa la magnitud del problema, porque no en todos los casos se amerita la presencia militar, y como todo eso cuesta mucho dinero, se identifican los recursos a utilizar, se identifican instancia y responsables del operativo, la cantidad de soldados a desplegar, la inversión, las acciones a realizar, se fija la temporalidad, “y esto es muy importante porque ahorita ningún marino y ningún soldado sabe cuándo empieza y cuándo termina su intervención. Tampoco los ciudadanos lo saben”.
Aclara el panista que la Seguridad Nacional -a diferencia de la Seguridad Pública que se refiere a la protección directa de las personas y su patrimonio- se encarga de proteger a nuestro país de un posible ataque externo o de un país invasor. “Así como defendernos de enemigos internos, pero en la Constitución no están muy claramente establecidas estas afectaciones, que sería un riesgo para la seguridad nacional”.
Dice que fuera de las contingencias naturales, lluvias, sequías, terremotos y demás que son tema del Ejército, están aquellos riesgos u obstáculos que afectan la integridad, estabilidad o permanencia del Estado y sus instituciones, y en ese rubro entra el crimen organizado.
Entonces se justifica la actuación de las Fuerzas Armadas porque llega el momento en que el crimen organizado ejerce de facto funciones de autoridad, y ostentan un poder ajeno al Estado y la soberanía: “Cobran piso, imponen cuotas a los empresarios, a los vendedores de carros, en algunos municipios del país hasta el Predial cobran”.
Con mayor razón se justifica la intervención militar cuando un alcalde o un gobernador trabajan para el crimen organizado, considera el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso. Ante todo ello la Declaratoria deberá tener un valor jurídico, publicarse en el Diario Oficial, en los medios locales, con vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Comisiones Estatales, para que no se cuestione al Ejército. “Ahora todas las observaciones de la CNDH entran sin ningún problema porque no hay un mecanismo legal que lo regule, entonces todo se puede presumir como un exceso”.
La Declaratoria no procederá cuando la solicitud esté relacionada con movimientos sociales, conflictos políticos o electorales. Afirma Ramos: “El Ejército y la Marina están bien interesados en que exista una limitación respecto a que el Presidente de la República pueda disponer de ellos para apagar una manifestación de carácter social, un acto de rebeldía civil, que son expresiones de la democracia en que el Ejército no debe participar en absoluto, su naturaleza no está para enfrentar al pueblo, está para defenderlo. ¿Y todo esto para qué? Para que el Presidente de la República decida usar a las Fuerzas Armadas en base a datos objetivos, y no por intereses políticos o de coyuntura”.
MEJOR UN “MANDO MIXTO”
En la práctica, varias entidades del país operan con Mando Único. Está Veracruz, y sabida es la situación violenta que vive el Estado gobernado por Javier Duarte, tercer lugar en incidencia delictiva a nivel nacional. En el Estado de México desde hace ocho años y con el primer lugar de actividad delictiva, y en la percepción de los ciudadanos. La Ciudad de México ocupa el segundo lugar nacional en delitos y el Mando Único opera desde hace 25 años.
Osuna Millan
Refiere Jorge Ramos que finalmente el Mando Único propuesto por Enrique Peña Nieto es una mala copia del Mando Único o grupo coordinado que se implementó en Baja California entre 2007 y 2010, cuando él alcalde de Tijuana y José Osuna Millán gobernador. Platica como anécdota que mientras la Procuraduría General dela República confiscaba 15 dosis de heroína, la corporación municipal aseguraba 140 toneladas; mientas que la PGR reportaba dos armas punzocortantes, el Municipio confiscaba todo un arsenal, “dos veces tuvimos que pedirle al Gobierno Federal que removiera al delegado de la PGR en turno. Eso es un combate frontal con el crimen organizado, lo otro es caricatura”.
Presume el panista que los representantes legislativos por Baja California tienen autoridad sobre el tema de seguridad pública, pues en su período como alcalde le tocó enfrentar la peor crisis de delincuencia en la historia de Tijuana y resto del Estado, cuando 2 mil 900 familias tijuanenses huyeron hacia Estados Unidos, y para recuperar la tranquilidad, el Ejército fue un brazo fuerte para él y el gobernador.
Revela que en sus pláticas con el subsecretario de Gobernación, el Ejecutivo federal ya empieza a hablar de un “Mando Mixto”, donde en la ecuación esté presente y se respete la autonomía municipal.
¿Y LA POLICÍA MUNICIPAL QUÉ?
“No puedo decir que el Mando Único sea malo, pero tampoco vamos a decir que va venir a resolver todos los problemas que existen en el país”, opinó el director de la Policía Municipal en Ensenada, Enrique Villarreal Montemayor.
El también abogado no descarta esa estrategia para entidades del país donde la impunidad es alta y el índice de delitos de alto impacto esté desatado. Al igual que como declararía la procuradora de Justicia en el Estado, Perla Ibarra Leyva, la entidad ha trabajado bien con las Bases de Operaciones Mixtas (BOM).
“Estamos trabajando todos juntos, todos juntos nos estamos cuidando, la mejor prueba es Ensenada, que en el último año no tuvimos ni un solo secuestro, ha habido decomisos históricos en el sur del municipio que es tan amplio”, ejemplifica.
Aseguró que no es caso en la entidad, pero en Estados donde se justificaría el Mando Único sería donde los policías municipales tienen salarios que no llegan a cinco mil pesos, no tienen prestaciones y tampoco la corporación accede a apoyos federales como el SUBSEMUN o ahora FORTASEG, por lo que son más susceptibles.
“Es más una cuestión de organización, se habla que 32 Policías Estatales sería mejor, más sencillo, es lógico, pero yo no creo que ellos sean más corruptos o ni menos corruptos que la Policía Municipal en el último de los casos. Suponiéndose sin conceder”, aclaró.
Para Jorge Ramos, impulsor de la reforma, la transformación de la seguridad pública está en la persona del policía municipal. Respecto a ello volvió a presumir que durante su gestión se impulsó el programa de vivienda de INFONAVIT para los oficiales, quienes ahora ganan por lo menos 17 mil pesos mensuales, “porque una vez que pasan los Exámenes de Control y Confianza se merecen todo y lo mejor”.
Pero dice que proyectos que no se traducen en presupuesto quedan en pura demagogia, por eso dentro de su propuesta está incluida la gestión de mayores recursos que se reflejen en operativos de inteligencia, instalaciones, armamento, equipamiento, inversión para el sistema penitenciario de Baja California.
Por otro lado, está el dilema de que existe un 33 por ciento de subejercicios del presupuesto para la seguridad en todo el país, es decir, del dinero que se destina a los municipios, la tercera parte se regresa porque no se utilizaron o se desviaron a otros fines. Se le debe dar seguimiento puntual a ese dinero.
De igual manera, se legislará para que alcaldes o gobernadores sean sancionados penalmente cuando no usen adecuadamente el recurso o lo destinen para otras cosas. “La seguridad pública debe estar ajena a la política, debe estar en otro esquema de profesionalización y especialización”, dijo el diputado.
Por su parte, el director de la Policía en Ensenada avaló: “La Policía no debe tener ni color ni partido, una Policía con color y partido deja ser Policía, por lo menos en los mandos bajamos eso como instrucción”.
— Y si no hay que desaparecer a la Policía Municipal, ¿qué hay que hacer con ella?
“Lo que se está haciendo… lo que se está haciendo”, responde Villarreal para referirse a los Exámenes de Control y Confianza aplicados cada dos o tres años, los cursos constantes, la oportunidad de dejarles tiempo a los policías para que estudien una carrera profesional, la vigilancia que tienen de Consejos, Comités y observatorios ciudadanos: “Nos están revisando constantemente, se está haciendo lo debido, se pueden hacer más cosas…”.
Aparte de preservarle su papel al policía municipal como la autoridad más cercana al ciudadano, a su colonia y a su casa, “y no ponerla en manos de una autoridad estatal”, la propuesta del Partido Acción Nacional es que los agentes municipales -como los estatales y federales- estén integrados con los custodios en los penales, a los Ministerios Públicos, a un instituto Forense, a una instancia que certifique el desarrollo policial y garantice que el ciudadano está en buenas manos.
“En este momento el Sistema Nacional de Seguridad está lastimado, tenemos Policías Municipales y Estatales corruptas, Ministerios Públicos rebasados, el sistema judicial apenas está transitando a los juicios orales, y en el tema de la readaptación ¡ni para qué les digo! Todo el eslabón de la seguridad está lastimado, por eso estamos proponiendo una reforma completa, no nada más un Mando Único”, remató el diputado federal.
