Sin intentar llegar a un acuerdo con el Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT), el Gobierno del Estado, encabezado por Francisco Vega y Seguro Popular, dirigido por el panista Alejandro Monraz Sustaita, decidió cortar el subsidio para atención médica especializada y firmar otro con el Instituto de Psiquiatría de Baja California. Se les priva a los afiliados de espacios integrales para sus padecimientos y se les deja en primer lugar, sin hospital
Con la decisión de cambiar la atención de pacientes psiquiátricos afiliados al Seguro Popular, del Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT) al Instituto de Psiquiatría de Baja California, el gobierno de Francisco Vega los envía para consulta a un centro especializado en adicciones, y los deja sin hospital dentro de Tijuana.
Durante años, el HSMT fue elegido para la prestación de este servicio subsidiado por el Seguro Popular porque en la ciudad no hay otro espacio con la capacidad, y que cumpla con las normas de interacción y tratamiento.
De acuerdo al convenio entre ambas instituciones del año 2014 –el único que aparece en el sistema de transparencia del Seguro Popular–, el hospital tiene instalaciones y equipo, recursos humanos suficientes, procedimientos acordes a las normas oficiales, servicios de urgencias, de consulta externa y de rehabilitación psicosocial.
“Se ha demostrado que las unidades médicas en el municipio de Tijuana no cuentan con todos estos requisitos, y que aun cuando existen otros prestadores acreditados para servicios de hospitalización, se excede la capacidad de los mismos”, refiere el documento.
Durante cinco años el convenio Seguro Popular-HSMT se renovó, fundamentado también en los costos establecidos por el Tabulador Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
De acuerdo a información oficial, el HSMT presta alrededor de 4 mil servicios –de diversas especialidades– mensuales para afiliados al Seguro Popular, y en el área de hospitalización existe capacidad para 90 pacientes.
Sin embargo, desde el martes 1 de marzo, les fue imposible el acceso al sistema de alta del Seguro Popular, encabezado desde hace semanas por Alejandro Monraz Sustaita –integrado a la nómina del Gobierno del Estado tras perder la elección para la presidencia en Tijuana–, dependencia que después les informó la anulación del subsidio por la falta de un convenio firmado, después de dos meses de haber trabajado sin él.
Donde recibían atención: consulta, medicamento y hospitalización.
Para el 8 de marzo, la atención gratuita les resultó insostenible: las consultas tuvieron costo –entre 400 y 500 pesos– y 31 de los 80 pacientes hospitalizados fueron dados de alta. Se les informó a pacientes y familiares que ya no se les podía atender.
“Históricamente las otras administraciones o funcionarios, lo que habían hecho es que en lo que nosotros negociábamos si había algún cambio en los servicios y en los aranceles, de todos modos seguíamos dando la atención, y a partir del acuerdo ya firmado informábamos a la población sobre cambios en consultas, medicamentos u hospitalización. Durante dos meses seguimos dando la atención, después informan que entonces no hay pago de esos servicios, y se nos da una carta que dice que desde el primero de enero, siendo que llevábamos dos meses dando los servicios”, explica la doctora Mirna Trancoso, directora médica del HSMT.
“Por ahorrarse dinero sacrifican calidad”: pacientes y familiares
El jueves 10 de marzo, la dependencia oficializó un convenio con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California para la atención en Tijuana, y Alejandro Monraz justificó la decisión consensuada con el gobernador Francisco Vega, asegurando que el cambio traerá solo beneficios para los pacientes psiquiátricos afiliados al Seguro Popular, de los cuales dijo, no tiene el dato de cuántos son, “lo tenemos por consulta”.
Además, aseguró que las tarifas por servicio y hospitalización que se firmaron anteriormente entre la dependencia –cuando aún no la encabezaba– y el HSMT rebasaban lo permitido, pero como anteriormente se mencionó, en realidad tuvieron el aval de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Mexicali: donde los hospitalizarán. Foto: Sergio Haro.
Mencionó que de los 100 millones de pesos que se destinan para la atención y tratamiento en salud mental, 73 millones eran para pagar al Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT) y 27 al Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC).
A pesar de las cifras dadas por el HSMT –4 mil atenciones mensuales–, Monraz dijo que éste dio 27 mil 500 servicios –un promedio de 2 mil 300 al mes– solo en Tijuana, mientras que el IPEBC, en todo el Estado, realizó 33 mil 634 mil intervenciones. Lo anterior le valió para presumir: “podemos hacer más con menos”.
A la firma del convenio llegaron familiares y pacientes que desde hace años se atendieron en el HSMT, pidieron a los funcionarios, antes de signar los documentos sensibilidad y ser tomados en cuenta, pues sostienen que la modificación va en perjuicio de ellos y obedece solo a una intención de ahorro.
En primer lugar, el instituto no tiene posibilidad de hospitalización en Tijuana, pues el espacio con el que cuentan está ubicado en la ciudad de Mexicali más otros en Playas de Rosarito, el primero únicamente habilitado con 60 camas para los pacientes de todo el Estado.
En segundo lugar, la atención en las Unidades de Espacialidad Médica (UNEME), donde se les dará consulta, se especializa en la atención a adicciones, como lo explica la directora del IPEBC, Adriana Balcázar.
“Ése es del programa de adicciones, y si alguien se detecta con depresión, ansiedad, esquizofrenia, se canaliza al Hospital Psiquiátrico de Mexicali”.
Otra opción que el Seguro Popular dio, fue la atención en el Hospital General, en el que recurrentemente se informa de la saturación, principalmente en el área de urgencias. Muestra de ello es un oficio enviado el miércoles 9 de marzo a los directores de los hospitales generales de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, donde se les solicita que en caso de tener pacientes psiquiátricos que requieran hospitalización: “favor de controlar la crisis en su Unidad Hospitalaria a fin de no sobrecargar la demanda de hospitalización en el Hospital General de Tijuana”.
HSMT vs. IPEBC
Hasta la suspensión de la colaboración Seguro Popular-HSMT, los servicios ofrecidos fueron: consultas en psiquiatría para menores y adultos, psicología, terapias individuales, grupales y familiares, medicamentos para trastorno por déficit de atención, autismo, trastornos afectivos –depresión y bipolaridad–, de ansiedad y psicóticos como la esquizofrenia. Para ello, la institución cuenta con 11 psiquiatras para adultos, 5 sub especialistas en niños y adolescentes, 1 en adultos mayores, 2 neuropediatras, 1 médico internista, 2 especialistas en medicina integrada y 14 médicos generales diplomados en psiquiatría.
“No solo se les daba la atención, también el servicio de urgencias, hospitalización, y se incluían estudios de laboratorio e imagen. Nosotros tenemos, según la estadística, que hemos atendido a 20 mil pacientes en los últimos seis años”, explica la doctora Mirna Trancoso.
Por su parte, el IPEBC además de carecer de hospital, tampoco tiene servicio de urgencias, ni equipo de laboratorio. Esto pudo ser constatado por ZETA en un recorrido por sus instalaciones en la Zona Centro: un inmueble de un piso entre negocios comerciales y al interior con no más de 8 espacios, con 8 especialistas.
Un centro de adicciones destinado a consulta.
Monraz sin intención de llegar a acuerdos
La doctora Mirna Trancoso, directora médica del HSMT, explicó en entrevista que el martes 8 de marzo y jueves 10, el Gobierno del Estado, específicamente la Secretaría de Salud, les canceló reuniones en las que se trataría el tema de la renovación del convenio.
Sostuvo que desconoce si en su momento se rebasaron los topes establecidos, pero refiere que el Seguro Popular únicamente ha enviado su oferta de convenio, sin ánimo de concertación.
En dicha propuesta se coincide en los costos de hospitalización –inmueble con el que únicamente ellos cuentan–, pero la dependencia estatal deja fuera intervenciones por depresión y bipolaridad.
Esperan, este viernes 11 de marzo, ser atendidos por las autoridades para llegar a un acuerdo y brindar atención a los enfermos, por lo menos hospitalaria. A la fecha, el 90 por ciento de las consultas dadas, fueron para afiliados del Seguro Popular.
Salud Mental no es cosa menor
De acuerdo a una investigación hecha por este semanario, estimaciones del mismo Instituto de Psiquiatría, en Baja California hay más de un millón 200 mil personas que sufren algún trastorno mental, lo que equivale al 39 por ciento de la población del Estado.
En Tijuana, solo por personas con esquizofrenia, la cifra llega a 31 mil personas, cuyo padecimiento se debe a cuestiones hereditarias.
“Podemos darles un costo bajo a los que quieran atención, pero lo más importante es el medicamento, porque ése se le da a los pacientes, entonces son cuestiones graves, porque hay padecimientos como la esquizofrenia y trastorno bipolar. Hay padecimientos que si el paciente no está en tratamiento pues va a poner en riesgo su vida o la vida de los demás. Sabe de casos de personas que no estaban en tratamiento, que lo dejaron, y que cometen actos muy lamentables”, menciona la doctora Trancoso.
