Dezarrollo
En la anterior administración estatal, diputados del Congreso del Estado de Baja California pertenecientes a las fracciones PRI, PT y Verde Ecologista aprobaron una reforma al artículo 22 de la ley estatal de edificaciones, con el propósito de otorgar la gratuidad a los usuarios de los estacionamientos de centros comerciales por el solo hecho de acudir a realizar compras. El entonces Gobernador del Estado, licenciado José Guadalupe Osuna Millán vetó la iniciativa, consciente de la grave afectación que convertida en ley les causaría tanto a los empresarios como a la ciudadanía.
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En este tercer intento por modificar la ley, nuevamente se omitió convocar a los empresarios de los centros comerciales para plantearles las razones de la iniciativa del diputado Roberto Dávalos, de la fracción del PRD, quien manifestó no estar dispuesto a ceder postura aun sabiendo que la problemática de las plazas tiene un común denominador: la inseguridad y el evitar que la gente deje sus vehículos para irse a trabajar o de paseo a otros lugares. Por su parte, los diputados de la fracción panista, Mario Osuna Jiménez y Cuauhtémoc Cardona Benavides, quienes se han caracterizado por su sensibilidad de atender los problemas sociales, coinciden en que si bien la iniciativa lleva la intención de beneficiar a un sector de la comunidad, también están de acuerdo en que el cobro para el control de estacionamientos es un tema complejo que debe ser debidamente analizado, pues están convencidos de que dicho control fue adoptado para erradicar los índices de inseguridad registrados en la ciudad y para evitar que dichos espacios sean utilizados por quienes no acuden de compras a las plazas comerciales.
El planteamiento del diputado Roberto Dávalos es que en las plazas nadie se hace responsable de los vehículos robados, entre otras razones; argumento que desmienten los empresarios, pues afirman contar con pólizas de seguro conforme lo prevé la ley.
Según los empresarios Jorge Kuri, de Macro Plaza, Salomón Cohen, de Paseo Chapultepec, José Aguirre y Alfredo López, de Plaza Río, entre otros, quienes se reunieron con legisladores del Congreso Estatal una vez que fueron convocados por el dirigente de la Canaco, Gilberto Leyva, las principales afectaciones que sufrirán las plazas serán las siguientes:
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Primero.- Es un hecho que volverán los tiempos en que se robaban varios vehículos por día. Actualmente se contabiliza uno o dos robos anualmente. Al liberar el control del estacionamiento no habrá obligación para indemnizar en caso de robo, porque es obvio que ningún centro comercial estará dispuesto a continuar pagando los cientos de miles de pesos que cuesta la impresión de boletos, el sostenimiento de la planta laboral que controla el estacionamiento, el mantenimiento de los equipos electrónicos, etc., si se trata de que a quienes sellen su boleto no se les cobre tarifa alguna. Entonces el panorama apunta a que será muy poca la gente que pague, lo que limitará en gran medida la obtención de recursos para el sostenimiento del propio control.
Segundo.- El verdadero cliente que acude de compras a las plazas, no encontrará espacio disponible. Si bien, actualmente aun cobrando los estacionamientos son insuficientes, dejando libres los accesos a todo el mundo será mucho peor.
Tercero.- En muchos casos, los equipos automatizados con que cuentan la mayoría de las plazas tendrían que ser reemplazados nuevamente por casetas de control en las salidas del estacionamiento, cuyo sistema demostró ser inoperante; ningún equipo automatizado está habilitado para detectar boletos con sellos o algún otro tipo de control. La inversión para habilitar esta nueva condición sería demasiado cuantiosa.
Por lo que respecta a Plaza Río, quien al contar con el estacionamiento más amplio de la ciudad, ha sido y seguirá siendo la solución de la problemática que en materia de espacios para vehículos, de acuerdo a la ley, adolecen los negocios e instituciones que le circundan, debido principalmente a la omisión de las autoridades municipales de anteriores administraciones. Como ejemplo está el CECUT, que carece de suficientes espacios y cuyos visitantes en su mayoría dejan su vehículo en Plaza Río. “Nadie ha invertido en la ampliación de su estacionamiento como Plaza Río”, advirtió su administrador Alfredo López. “La inversión realizada por Plaza Río para brindar el servicio automatizado superó el millón de dólares. Se instalaron luminarias LED cuya inversión superó los 350 mil dólares y se destinó una inversión superior a los 15 millones de pesos para pavimentar con concreto hidráulico. Está plenamente demostrado que los ingresos del estacionamiento se reinvierten en mejoras para comodidad de los visitantes. Con la homologación del IVA del 11% al 16%, Plaza Río absorbió el diferencial dejando intacta su cuota de $5 pesos por 3 horas, tarifa que lleva más de 10 años sin sufrir ningún cambio. Actualmente Plaza Río cuenta con un proyecto de construcción de un nuevo estacionamiento de 5 niveles, cuya inversión rebasará los 90 millones de pesos, proyecto que no dudaremos en cancelar de aprobarse esta iniciativa de ley, pues Plaza Río no tiene por qué estar solucionándole los problemas de estacionamiento a sus vecinos, y mucho menos si se tratará de brindarlos gratuitamente”, concluyó.
El conglomerado empresarial que conforma “La mejor manzana de Tijuana” expresa su confianza en los diputados del Congreso del Estado y en el propio Ejecutivo Estatal, pues no están en contra de que se le brinden mayores beneficios a la ciudadanía que visita las plazas comerciales, pero tampoco están a favor de iniciativas que den el tiro de gracia a las empresas generadoras de empleo y que realizan toda clase de esfuerzos para preservar la seguridad y comodidad de sus visitantes.
