En un año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha registrado 95 denuncias ante la Procuraduría General de la República, las cuales fueron efectuadas desde septiembre de 2014 hasta noviembre de 2015 por un monto de 53 mil millones de pesos, en dicho ilícito.
Para el abogado fiscalista, Jorge Pickett son pocos los casos a los que le da seguimiento la autoridad federal.
“La realidad es que son muy pocas denuncias. Según la OCDE y el FMI nos hablan que entre el 2 y 5 por ciento del PIB a nivel internacional y nacional es lo que se llega a ‘lavar’. La cifra se me hace bastante baja”, atajó.
Para empezar, agregó, se debe fortalecer la UIF que es un brazo de la SHCP la cual busca erradicar los delitos de lavado de dinero en México.
“El blanqueo de capitales se puede definir como un dinero proveniente de una actividad ilícita y no solo de narcotráfico, narcomenudeo, venta de armas, también puede ser prostitución, fraudes. Ingresada a un negocio lícito con la finalidad de justificar el dinero de una actividad ilícita”.
A decir del entrevistado, durante muchos años se tenía el tabú que en los centros cambiarios se podía lavar dinero, pero afirmó que dicha situación no es posible por tanta regulación que ha generado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).
Sin embargo, abundó, hay otros esquemas que la propia Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las considera como actividades vulnerables por las cuales se puede detectar el delito, pero aun así no hay grandes resultados, afirmó.
“Tenemos una ley que no ha generado los resultados deseados. Lo único que tenemos es un estancamiento de la economía. Que los negocios no se efectúen por tanta regulación. En México te prohíbe operaciones en efectivo, con la finalidad de evitar el lavado de dinero, en Estados Unidos, la legislación te dice que no importa que lo hagas en efectivo pero el vendedor está obligado a rendir el informe al Departamento del Tesoro donde establece los pormenores de la compra. Dicha dependencia decidirá si investiga o no.
A decir de Pickett, México castiga el uso de efectivo y no ve el porqué de dicha situación ya que de un universo del 100 por ciento de los contribuyentes, el uno por ciento llega a lavar dinero y se está castigando el otro 99 por ciento, que derivado de sus negocios tienen alto flujo en efectivo y no tienen la posibilidad de usar los servicios financieros.
“La parte con la que no estoy de acuerdo es el castigo en el uso del efectivo a la hora de comprar automóviles, joyería, blindaje… porque insisto es un inhibidor de la economía”, finalizó.
