De 750 Números Únicos de Caso iniciados en tres meses, solo 20 han transitado a procesos penales. La falta de policías municipales, la falla en las medidas cautelares para los detenidos y las lentas investigaciones, entorpecen la administración de justicia
Ante el juez, el fiscal solicitó prisión preventiva para el hombre detenido por robo de vehículo, mientras se le investigaba y juzgaba por ese delito. La defensa argumentó que el acusado recibía tratamiento médico para hepatitis y tuberculosis, por lo que no podía ingresar a la cárcel.
Aunque la Procuraduría pidió entonces constancias médicas que acreditaran ambos padecimientos, el juez determinó que por el estado de salud del presunto responsable, omitiría la medida cautelar de prisión preventiva y optaría por colocarle un brazalete electrónico de localización.
“El brazalete tiene una batería que se descargó, no saben dónde anda y nosotros estamos solicitando que nos otorguen una orden de reaprehensión”, explica Gerardo Sosa Olachea, subprocurador de Justicia en Tecate.
Además, sostiene el subprocurador, el argumento no convenció a la Procuraduría, ya que dentro de las cárceles, los internos pueden continuar sus tratamientos médicos.
28 auduencias en 3 meses
Ese hombre, quien está libre por una falla del Poder Judicial, se encuentra entre los 20 presuntos responsables que han sido identificados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en los tres meses desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la ciudad.
Si la cifra parece baja, lo es más cuando se compara con los 750 Números Únicos de Caso iniciados del 11 de noviembre -fecha en que el Sistema Acusatorio Adversarial entró en vigor- al 26 de enero de 2016.
En gran parte porque del total de casos, 652 han sido canalizados al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal para la aplicación de medios de solución que incluyen acuerdos preparatorios, criterios de oportunidad y archivos por perdón.
Para el administrador del NSJP en Baja California, Luis Villarreal, tales medios sirven al propósito de que “lo que llegue al Poder Judicial, sean asuntos que requieren un análisis más exhaustivo de las causas que generaron el conflicto y para que la solución se dé en el periodo más prematuro posible”.
No obstante, dentro de la estadística de NUCs, el 63 por ciento corresponden a robos en sus distintas modalidades. De estas 483 denuncias por robo, 130 son por robo a casa habitación y 115 por robo de vehículo.
HASTA SEIS MESES PARA INICIAR JUICIOS
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que la Procuraduría presenta la carpeta de investigación para el inicio de un proceso ante el Poder Judicial, corre un plazo de dos a seis meses -según la complejidad de las pruebas que se puedan obtener- para cerrar la investigación y se dicte auto de apertura de juicio oral.
En los tres meses transcurridos bajo el nuevo sistema, ningún juicio se ha iniciado. En cuanto a las 28 audiencias celebradas hasta el 24 de enero de 2016, 23 se encuentran en etapa de investigación complementaria, cuatro más bajo investigación y una en investigación inicial.
Cifras del Poder Judicial del Estado de Baja California, indican que los delitos vinculados se distribuyen en cuatro causas penales por robo con violencia, tres por allanamiento de morada y tres por robo de vehículo con violencia.
Juan Aldrete,presidente del Consejo Cijudadano de Seguridad Publica en Tecate / Gerardo Sosa, subprocurador e Justicia
De igual forma, cuatro por robo equiparado de vehículo -usar un vehículo con reporte de robo-, una por portación de arma prohibida, una más por robo de vehículo, una por violación a menor de catorce años y finalmente, otra más por violencia familiar.
Mientras que 12 detenciones se han calificado como legales, solo una se consideró ilegal. Además, la PGJE ha solicitado cinco órdenes de aprehensión y en tres audiencias, ha solicitado citatorios para formular la imputación.
En entrevista, Luis Villarreal Ontiveros, administrador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad, asegura que los plazos se prolongan debido a la complejidad en la obtención de pruebas. Por ejemplo, en el caso de violación sexual es poco común una detención en flagrancia.
“Este tipo de conductas, se atiende por un mecanismo de investigación, donde el Ministerio Público, hasta que tiene los datos necesarios para poder evidenciar este delito como muestras de sangre, daños, es entonces que se presenta y en una audiencia privada, solicita una orden de aprehensión en contra de una persona por ser presunto responsable”.
Sin embargo, el resultado de una prueba de ADN puede tomar hasta cuatro meses. Este periodo también es utilizado por el abogado defensor para “hacer una investigación que busque demostrar la inocencia de la persona, una vez que termina ese plazo, se presenta la acusación con las pruebas finales”, detalla.
En uno de los dos casos que se ha suspendido el proceso penal por medio de una medida alternativa, comenta el funcionario del Poder de la Judicatura del Estado, el ofendido aceptó una salida alterna mediante la reparación de daños a una barda que había sido vandalizada y que el responsable se sometiera a un tratamiento de desintoxicación por consumo de drogas.
Con esto, se evitó transitar a la etapa intermedia y el inicio de un juicio oral. Para el administrador del NSJP, este tipo de soluciones otorgan además, un ahorro al Poder Judicial, tanto en recursos económicos como en trabajo de su personal.
NO ACEPTAR CONDENAS MÍNIMAS: PGJE
Gerardo Sosa Olachea, subprocurador de Justicia en Tecate, detalla que de los 750 Números Únicos de Caso, el 57% continúa en investigación.
“Si no integramos una carpeta de investigación, no vamos a judicializar ni a circular a proceso. Las indicaciones que tienen los ministeriales en sus investigaciones, es dar con los presuntos responsables”, expone.
Para ello, la Subprocuraduría de Justicia en Tecate dividió a su personal ministerial en dos grupos. Uno atiende aquellos casos con detenidos, es decir, la minoría, mientras que otro equipo se encarga de casos sin detenidos.
Sobre la experiencia de sus agentes del Ministerio Público en Juzgados, desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sosa Olachea expone que se han encontrado con varios casos en que la defensa solicita un juicio abreviado.
“Ven que no pueden resolver de manera favorable a ellos y lo primero que piden es un juicio abreviado, en virtud de que no tienen otra salida, porque fue detenido en flagrancia o no hay justificación de lo que hizo, sobre todo en robos”, determina.
Para estos casos, la PGJE se ha fijado dos objetivos. El primero es solicitar la prisión preventiva para evitar que el detenido, si es considerado peligroso, continúe el proceso penal en libertad; el segundo es aceptar condenas intermedias, pero no mínimas.
De igual forma, el subprocurador argumenta que para depurar denuncias presentadas, se utiliza la Unidad de Tramitación Masiva Ciudadana (UTMC), en la cual se deja constancia de denuncias por robo de teléfonos celulares, de robo o de daños en propiedad ajena, en los cuales los denunciantes no buscan “culpar a nadie, y si es procedente investigar, lo hacemos”.
CIUDADANÍA NO CONOCE EL NUEVO SISTEMA, LOS DELINCUENTES SÍ
Para Juan Aldrete Márquez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) en Tecate, los cambios con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, no son visibles para la ciudadanía.
De acuerdo con el representante del organismo, “la mayoría de la gente en Tecate no conoce los beneficios ni los perjuicios que podría tener, porque hemos visto cambios desde la implementación del sistema”.
En cambio, opina: “Los delincuentes sí están muy enterados del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Si no son detenidos en flagrancia y no se les puede demostrar el delito, saben que pueden salir libres”.
Aunque solo una persona ha sido dejada en libertad por considerar que su detención fue ilegal, Aldrete Márquez considera que la ciudadanía debe estar informada sobre el cambio en el sistema de justicia para entender desde cómo presentar una denuncia hasta la manera en que se desarrollará un proceso penal.
“Tecate es un pueblo chico y, si no pueden llevar a cabo la difusión entre 100 mil habitantes, ¿qué pasará cuando lo apliquen en Tijuana?”, plantea.
Según estadísticas nacionales, el CCSP en Tecate calcula que cuatro de diez delitos no son denunciados en ese municipio, en su mayoría se trata de robos a casa habitación.
El presidente del Consejo señala otro factor que pone en riesgo al NSJP, ya que a la Policía Municipal se le atribuye la responsabilidad de responder primero al incidente que se reporte para levantar un acta y dar aviso a la PGJE, el déficit de 40 policías municipales reduce la capacidad de respuesta.
Después de la depuración policiaca hecha a la corporación, 40 plazas no han sido ocupadas por nuevos agentes.
“Actualmente, son entre ocho y diez minutos el tiempo de espera, pero no solo es eso, los 40 elementos menos implican que hay menos patrullaje en la ciudad y eso hace que los delincuentes se sientan seguros”, concluye.
Roberto Villar en espera de nueva sentencia
A casi 4 años del homicidio de la maestra Alexandra Martínez Jaime, el Primer Tribunal Colegiado de Mexicali tendrá que resolver si la evidencia presentada en el Juicio Oral en contra de Roberto Villar es suficiente para ratificar la sentencia en su contra por la muerte de quien fuera su novia.
Pedro Ariel Mendívil, abogado defensor de Villar, afirmó que los jueces tendrán que resolver en consecuencia a los lineamientos que presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en La Paz señaló que el detenido no había podido demostrar su inocencia durante el juicio, cuestión que calificó anticonstitucional.
El abogado indicó que el caso de su cliente es emblemático, ya que fue el primer Juicio Oral en Baja California, por lo que el entonces procurador de Justicia, Rommel Moreno Manjarrez, convirtió el proceso en un caso del Estado rompiendo con la equidad del juicio.
Indicó que la fiscalía presentó en la carpeta de investigación un paño con el que supuestamente había sido ahorcada la joven maestra, evidencia que nunca fue medida durante el juicio.
“Ese paño fue recolectado por el perito de apellido Bravo, y supuestamente lo puso a disposición del perito Caloca, el cual emitió un dictamen donde dijo que el grosor de ese paño era de 6.5 centímetros, más angosto que el cuello de 10 mujeres, ya que se le ocurrió medir como una toma de muestreo”, afirmó el abogado.
Indicó que el cuerpo de la víctima fue localizado el 5 de junio de 2011 por el perito Bravo, el cual lo embaló y supuestamente no se abrió hasta el juicio; sin embargo, el otro agente señaló que hizo las mediciones 4 días después de localizado el cuerpo sin que exista un registro dentro del expediente.
Alexandra desapareció el 20 de abril del 2011, por lo que sus familiares realizaron una gran campaña para localizarla, en junio de ese mismo año fue hallado el cuerpo de la maestra en la zona poniente de Mexicali.
Fue en 2012 cuando inició el juicio oral en contra de Roberto Villar siendo el más largo de la historia de Baja California. Fue consignando a 35 años de cárcel bajo la Causa Penal 726/2011.
En 2013 los abogados defensores de Villar realizaron la apelación en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California dentro del Toca Penal N-006/2013, en donde fue confirmada la resolución impugnada, sin embargo, el juez Carlos Cataño señaló que no existía certeza respecto a la identidad de la víctima.
En 2014 se presentó el Amparo Directo 71/2014 ante el Primer Tribunal Colegiado en Mexicali, pero por cuestiones administrativas fue el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en La Paz, Baja California quien resolvió el 7 de agosto negarle el amparo a Villar, por lo que se interpuso un nuevo recurso de revisión de Amparo Directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La corte resolvió una serie de lineamientos para resolver y volvió a turnar al Primer Tribunal Colegiado en Mexicali para que sean ellos los que revisen el caso y dicten una nueva sentencia, la cual aseguran los abogados podría tardar entre 4 y 5 meses.
