El 12 de enero de este año se firmó el convenio de colaboración para que el Estado se sume a la disposición federal del Mando Único. En presencia del jefe de la Oficina del comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Chanes, reconoció que esta figura genera una base sólida y el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, recordando que en la mayoría de los eventos donde el crimen organizado ha estado involucrado se han encontrado equipos de radiocomunicación oficiales, además del surgimiento de declaraciones que vinculan a mandos y policías. Afirmó que con ello se buscan elementos mejor preparados, que acrediten sus Exámenes de Control y Confianza, el cual ha sido y es el reclamo de la sociedad; precisamente con este convenio “se ve plasmada la voluntad para dar un paso fundamental por la seguridad y tranquilidad de los sudcalifornianos, quiero expresar a nombre del comisionado de seguridad, el reconocimiento al gobernador y presidentes municipales por su disposición para firmar este documento jurídico para la implementación del Mando Único. De la mano de la sociedad le está dando la estrategia de seguridad del Gobierno de la Republica, la profesionalización, dignificación y fortalecimiento de los cuerpos de policías”, expresó Chanes. 
Por su parte, el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, manifestó que la ola de violencia en la que se vio inmersa Baja California Sur de 2014 a 2015 bajó en el último trimestre del año pasado. Según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la incidencia de homicidios dolosos se redujo en un 300 por ciento; asimismo, se dio cumplimiento al 85% de las órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial; y en este último mes recuperaron objetos y vehículos robados. Sin embargo, poco se mencionó sobre la incidencia de delitos del fuero común que tienden a la alza. “No estamos satisfechos, debemos hacer más, tenemos grandes pendientes; tenemos un fenómeno de delitos patrimoniales: robo a casa habitación que nos preocupa. Tenemos un pendiente de delitos en la calle, tenemos varios fenómenos de asaltos a transeúntes, la gente no puede salir a la calle con la seguridad que quisiéramos por todos los rincones de esta ciudad”, apuntó el mandatario. Por esa razón, los cuerpos policiacos habrán de consumar el trabajo bajo el Mando Único Policial. Así, los municipios se adhieren y se permite que las corporaciones trabajen unidas, con mayor fuerza operativa y mayor profesionalismo. De la misma manera, habrá labores de inteligencia y capacitación, con cursos constantes para combatir el delito. “En Baja California Sur no puede seguir pensando que aquí no pasa nada, no hace mucho tiempo nuestro Estado era un referente nacional e internacional, de que aquí su nombre era letra viva al propio nombre, pero recientemente parecía letra muerta. Tendremos la posibilidad de tener una verdadera selección de policías municipales que puedan cubrir el perfil como elemento de seguridad pública”, así lo dijo Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno. Con la implementación y firma del convenio del Mando Único, la figura de los policías municipales desaparecerán, pero esto no significa que serán despedidos, sino que se incorporan a la plantilla de agentes estatales, ya que se pretende que “seguirá trabajando el tema de tránsito y vialidad a cargo de los municipios, y solo en el Mando Único estará la Policía operativa, que se encarga de la prevención del delito y el tema de colaboración, y en el mando del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El comisario de la Policía Estatal pasa a ser comandante general de toda la corporación”, comentó De la Peña Angulo. En el proceso ocurrirá una transición, por lo cual los municipios aún se harán cargo del pago de quincenas de policías; y una vez que éstos vuelvan certificarse a través de los Exámenes de Control y Confianza, pasarán a nomina estatal. Es decir, los salarios se tendrán que homologar para que todos los cuerpos policiacos ganen el mismo salario; y en cuanto a la imagen, todos los agentes tendrán que llevar el mismo uniforme, mismas patrullas y serán capacitados en la Academia Estatal de Policía para cumplir con los esquemas que la Federación requiere. En cuanto a la posibilidad de un despido masivo de policías, el alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa, reiteró que “no se está hablando de hacer despidos, se trata de buscar elementos con mejor perfil, de buscar incrementarles el sueldo y hacer de la seguridad pública o de la labor de seguridad pública, una labor como lo es o debiera ser: una labor noble que enorgullezca a quienes porten la placa y nos dan la tranquilidad a quienes habitamos en Baja California Sur”. La salida de aquellos agentes municipales que no acrediten los Exámenes de Control y Confianza será inevitable, por lo cual los ayuntamientos podrán acceder a recursos federales para darles de baja si así lo amerita. Actualmente en la Policía Estatal están certificados el 90% de los elementos, y en los municipios, entre el 45 y 50%. A nivel estatal existe una plantilla de más de 3 mil 200 agentes de seguridad. Según información recabada por ZETA, 142 agentes están reprobados (97 municipales, 18 custodios, 14 estatales y 13 ministeriales) y restan 2 mil 400 elementos por evaluar. “Cuando no los acreditan tendrán que ser separados, así es el tema de serio, que se debe aplicar a los policías; entonces quien no acredite tendrá que ser separado”. — ¿Sin indemnización ni nada? 
“Es conforme a derecho, lo que la Ley laboral nos exige para liquidar a las personas. El tema del finiquito laboral se hará conforme a derecho, por supuesto”, afirmó Álvaro de la Peña, para luego recordar que existe un plazo no mayor a 90 días para que se lleve a cabo la transición de los cuerpos policiacos al Estado. En representación de los cinco ayuntamientos, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, solicitó “albergar la esperanza de un recurso extraordinario para el tema de control y confianza, y los municipios podamos tener un fondo independiente que nos permita a aquellas policías que vayamos ir evaluando, tener la capacidad económica de ir dando de baja a estos compañeros y no se nos convierta en un problema de tipo legal”. Lo importante de esta disposición es que ya no existan policías no confiables, que cumplan con el perfil idóneo para transitar en las calles y tener el contacto con la ciudadanía; que todos los operativos, órdenes y demás, sean emitidos por una sola autoridad y todos trabajen para una corporación. Ya que en el momento en que persistían las balaceras y ejecuciones, las corporaciones, con ese celo profesional, operaban cada uno en su posibilidad, con el afán de ser la corporación para sobresalir; con el Mando Único Policial pretende acabar con tal práctica, forjando una mayor coordinación y mayor preparación para los agentes. “No se puede vivir sin seguridad, por ello haremos todo lo necesario de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución política. La Policía tiene que transformarse, debe ser un ente en comunicación con la sociedad, tiene que volver a ser un ente en el que la gente confíe, pero esto no será posible sin la participación de todos nosotros”, refirió el secretario general de Gobierno. Con casi seis años de haberse emitido esta propuesta, solo el 17.5% de los municipios del país trabajan bajo esta disposición, siendo un total de 2 mil municipios en los 32 Estados del país. Actualmente Baja California Sur es la entidad número 17 donde se implementa este mando, y para que este proceso se concrete, debe llevarse un procedimiento burocrático, según explica el funcionario estatal: “En el momento que ya todos los municipios junto con sus cabildos hayan autorizado que se lleve a cabo el convenio y puesto en marcha el Mando Único en nuestro Estado, yo les podría decir que es un avance muy grande y les puedo confirmar que es más del 50% con la firma del convenio y acuerdo de voluntades”, comentó el funcionario. De ahí se debe cumplir al cien por ciento con la baja y liquidación de agentes no aptos, y con la capacitación necesaria para interactuar dentro de la disposición federal. El tema de seguridad ha quedado a deber con anterioridad, hablando de la administración del panista Marcos Covarrubias Villaseñor y de los cinco alcaldes, sobre todo en La Paz con Esthela Ponce Beltrán y después Francisco Monroy Sánchez; en primera instancia, confirmaron funcionarios estatales en turno, la firma del pacto por la seguridad en octubre de 2015, así como la implementación del Consejo Estatal de Seguridad Pública que no estaban instalados pese a la ola de violencia por la que atravesaba la entidad, se determinó participar en el Mando Único. Del mismo modo, el hecho de que las calles de la ciudad estuvieran en penumbra, la necesidad de rescatar espacios públicos, necesidad de combustible para los recorridos de los agentes, entre otros temas que se dejaron de hacer. A finales de 2015, Baja California Sur figuraba entre los primeros seis Estados del país con menos determinación por ingresar a la disposición federal. Todavía la semana pasada funcionarios públicos confirmaron que “previo a la firma (del pacto) existían algunas dudas sobre los despidos masivos en las instituciones policiales”. Ahora la petición de los alcaldes, ante la nula capacidad financiera en que quedaron tras el paso de las administraciones pasadas, es la creación de un fondo extraordinario para lograr el despido conforme a la Ley de los policías reprobados; así pretenden poner en marcha la disposición federal.
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