La Paz, Baja California Sur.- Completamente inmovilizado y boca abajo, el único velador de la madrugada del 11 de enero fue encontrado amagado y tirado sobre el piso de concreto en la oficina administrativa de la compañía Transporte Urbano de La Paz, en el Bulevar 5 de Febrero entre Francisco I. Madero y Belisario Domínguez de la colonia centro. El vigilante de 17 años, de nombre Luis Gabriel, estaba atado de pies y manos cuando fue reportado el atraco. Al lugar de los hechos llegaron alrededor de 30 agentes de la Policía Municipal de La Paz. El testigo relató que ese día, alrededor de la una de la madrugada, estaba lavando un camión en el patio de la oficina cuando observó que una persona de aproximadamente 1.75 metros de alto, se asomó sospechosamente por la entrada principal. Luego, el desconocido se retiro vía terrestre por Avenida 5 de Febrero en dirección a la calle Francisco I. Madero, por lo que después de terminar de limpiar la unidad, se dirigió hacia la entrada. Al asomarse vio a tres sujetos entrar. Los describió así: el primero de estatura baja, complexión delgada y robusta; el segundo de estatura alta, complexión delgada y robusta; el tercero de estatura mediana y complexión robusta. Los tres sujetos vestían ropa oscura, por lo que al verlos adentro preguntó: “¿Qué están haciendo?”. Uno de los tres volteó, traía una pistola tipo escuadra en las manos y respondió: “¡Dime! ¿Dónde está el dinero?”. 
Los sujetos lo agarraron y entonces el vigilante los llevó hasta la caja fuerte de la oficina administrativa, amordazándolo de pies y manos con cinchos de plástico, colocando una cinta gris en su boca. Los asaltantes, que trataron de fingir la voz en la mayoría de las ocasiones -sobresalió el tono característico de los habitantes de la Ciudad de México-, prendieron un soplete y lo usaron alrededor de dos horas hasta abrir la caja fuerte para después marcharse del sitio. LA ALZA El atraco a la compañía Transporte Urbano de La Paz es solo uno de los entre 90 y 110 robos mensuales en promedio -según datos obtenidos por ZETA, vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública- cometidos en el primer trimestre de la administración del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. En los primeros 120 días de gobierno, el delito del robo y asalto prácticamente se disparó hasta en un 20 por ciento, después del aparente término de la guerra entre narcomenudistas del Cártel de Sinaloa. Tan solo en septiembre, cuando el gobernante panista tomó protesta, el índice delictivo del delito de robo y asalto subió de 89 casos en agosto, a 111 en el noveno mes de 2015; es decir, 22 casos más, de un mes a otro, lo que prendió los focos rojos de las autoridades de los tres niveles de gobierno. No obstante la tendencia a la alza de los robos y asaltos, el principal reto del gobernador fue frenar la ola de violencia y desterrar a los grupos criminales que de julio de 2014 a septiembre de 2015 tomaron las calles y avenidas como centro de combate por el control de la plaza del narcomenudeo en La Paz. Con mayoría absoluta en el Congreso y todas las alcaldías a su favor, en los primeros 120 días de administración, el gobernador de Baja California Sur logró revertir la ola de violencia que en 2014 registró la tasa más alta de “homicidios dolosos” y “delitos de alto impacto” en los últimos 17 años. El propio mandatario citó a ZETA que “la principal prioridad de su gobierno, era el tema de seguridad”, y así fue. Según datos recabados por este Semanario, las cifras delictivas desde 1998 no habían tenido el repunte más alto hasta 2012, en el cuatrienio del ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. La tasa de “homicidios dolosos” o “delitos de alto impacto” -según los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública-creció de 5.03 en 2012 a 9.45 en 2014. El nuevo récord ocurrió en 2015, cuando la tasa de incidencia se fue de 9.45 en 2014 a 10.60 el año pasado, colocando a Baja California Sur, como uno de los ocho Estados del país con doble dígito. De acuerdo al índice delictivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California Sur sigue siendo una de las entidades federativas con menor incidencia delictiva. Un comparativo del comportamiento de la incidencia, es el registro de 22 mil 383 delitos cometidos en el Estado en 2014, cifra aún menor a los 107 mil 284 presentados en el vecino Estado de Baja California. Durante los primeros 120 días de administración, el gobernador Carlos Mendoza Davis ha comenzado a cristalizar algunas de sus promesas de campaña: * Combate a la delincuencia a través de la Ley de Participación Ciudadana. * Combate a la corrupción por medio de la publicación de la declaración patrimonial de intereses y fiscal. * Combate al desempleo y establecimiento de una política económica de generación de empleos y con salarios mejor remunerados. * Cobertura universal de salud con personal médico suficiente, medicinas y materiales de curación en todas las clínicas y hospitales. * Creación de Centro Estatal de Política Criminal, responsable de diagnosticar y ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad. No conforme con lo anterior, en los primeros cuatro meses de su gestión, Mendoza vio consolidado el Nuevo Sistema de Justicia Penal y empujó la creación del llamado Mando Único.
El 13 de enero, el gobernador sudcaliforniano y los cinco alcaldes del Estado firmaron el convenio de implementación del Mando Único con la presencia de Alejandro Chanez Ortiz en calidad de representante del comisionado nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales. Durante el evento, el gobernante recordó que su administración arrancó en medio de la violencia en las calles, y en el primer trimestre de su gestión, la incidencia de “homicidios dolosos” y “delitos de alto impacto”, que eran cometidos hasta a plena luz del día y en las principales calles y avenidas de La Paz, disminuyó en un 300%. LA MUTACIÓN A pesar de las “cuentas alegres” del gobernador de Baja California Sur después del fin de la guerra entre narcomenudistas en La Paz, y ante una evidente falta de planeación y estrategia en materia de seguridad, las células de la delincuencia organizada mutaron, y de vender, distribuir y traficar con droga, pasaron a cometer robos a casa habitación y asaltos a negocios de las principales periferias de La Paz, Los Cabos y Comondú. El fenómeno mutante o efecto colateral -como lo describe un experto en delincuencia organizada consultado por ZETA- era “totalmente previsible”, cuando en apariencia la guerra entre narcomenudistas había terminado. Según el entrevistado, la ola de robos y asaltos de las últimas semanas es “resultado de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, no previeron lo que se venía en su plan de trabajo (…) es sabido que la delincuencia convencional y la delincuencia organizada, comúnmente siempre van de la mano”. Entonces, “sí se logró cooptar el fenómeno del narcomenudeo de una forma parcialmente eficiente”, y como conocedores del tema, “debieron prever que el fenómeno iba a mutar, y analizar y revisar los posibles escenarios delincuenciales en el futuro”, sobre todo porque cuando “los narcomenudistas quedaron a la deriva, después de terminada la guerra, era evidente que iban a buscar ingresos y, obviamente, a salir a delinquir porque no saben ganarse el dinero de otra manera”. El especialista en delincuencia organizada recordó que “la mayoría de los narcomenudistas son farmacodependientes, y cuando ocupan droga y no tienen dinero, comúnmente salen a robar y asaltar para obtener dinero de la manera más fácil. Siempre van a buscar hacer algo y nunca se van a quedar tranquilos, comúnmente su primer escenario es delinquir”, insistió el consultado. “El fenómeno de la drogadicción se puede equilibrar, aunque no erradicar, estamos hablando de que existe un mercado cautivo de consumidores”, indicó el experto. Algo que nunca se va a acabar, como sucede con la adicción al tabaco o al alcohol. Desafortunadamente, y según el especialista en delincuencia organizada, los vendedores de droga o sicarios -tras la conclusión de la guerra- “de algo tienen que vivir”, y “no son profesionistas o empresarios”, por lo que lo primero que suelen hacer es salir a delinquir en delitos patrimoniales. Durante la entrevista con este Semanario, el experto dijo estar preocupado por la situación, porque después del término de cualquier narcoguerra, suele suceder que la delincuencia crece exponencialmente. “Estamos hablando de grupos criminales que operan organizadamente”, y desafortunadamente empiezan a perpetrar delitos de extorsión y secuestros. “Lo vivimos en Tijuana, cuando estaba la guerra contra el Cártel Arellano Félix. Cuando su gente quedó a la deriva, después de la persecución comenzaron a cometer una serie de delitos patrimoniales, porque tenían toda una estructura criminal”, aunque poco a poco se ha ido cooptando. “Éste es el efecto colateral entonces, la autoridad debió haber previsto qué iba a ser de esa gente, porque el fenómeno muta, ya que a la par de la planeación, debieron haber hecho un ejercicio de proyección y una prospectiva de cómo y de qué manera podrían solucionar este problema, observando los escenarios posibles e ir generando acciones de gobierno, sobre todo en los puntos más conflictivos”, reflexionó. “Lo que está pasando en La Paz, Los Cabos y Comondú, no es más que el efecto colateral, y no llegaron o vinieron ladrones de otros lados, es la misma gente que estaba operando el narcomenudeo”, puntualizó el especialista. LAS OPINIONES Sobre los avances en los primeros 120 días de su administración, algunos empresarios como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, ven con buenos ojos la actuación del nuevo gobierno en materia de seguridad, desde luego sin dejar de reconocer que aún hay mucho por hacer. “Creo yo que por los números que se traían hasta antes de esta administración, comparativamente hablando con lo que se ha hecho en este corto tiempo, es innegable que algo está funcionando en cuanto a delitos de alto impacto, sobre todo en la ciudad de La Paz”. 
Según el dirigente, los acuerdos en materia de prevención y la implementación del llamado Mando Único, son solo algunos de los puntos que estaban pendientes de sacar adelante, y que terminarán por fortalecer el plan de seguridad. — De todos los temas en la agenda de la nueva administración, ¿cuál era el de mayor preocupación? “Es el tema de seguridad, el número uno, porque como te digo, algo grave estaba pasando en La Paz, y estábamos verdaderamente preocupados de que se pudiera extender hacia Los Cabos. De hecho el propio Consejo, y yo creo que el resto de la sociedad, tenían en mente el de seguridad como principal tema de la agenda, y siendo honestos, no había otro, hasta en tanto no se resolviera, o cuando menos, terminaran las balaceras y ataques armados; ahorita vemos que en los primeros 120 días, se han registrado acciones importantes, como es el caso del nombramiento de un procurador ajeno totalmente a intereses locales, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y ahora lo del Mando Único. Entonces, creo que vamos en el camino correcto”. El dirigente empresarial reconoció que el problema de seguridad y de procuración de justicia no se va a resolver en 120 días de la presente administración, porque “venimos arrastrando un rezago de 10 o 15 años”. No obstante, consideró que el mensaje ha sido muy claro con el nombramiento del procurador y al colocar personas con experiencia en materia de seguridad en la Secretaría General de Gobierno, para regresar la paz y armonía que se había perdido en el Estado.
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