La Sindicatura Procuradora puso nombres y apellidos a los responsables del fraude que implicó para el Ayuntamiento de Tijuana el malogrado proyecto de modernización de alumbrado público concesionado por el XX Ayuntamiento -que encabezó Carlos Bustamante-, a la empresa Sola Basic. Son 18 ex funcionarios implicados, adjudicándoseles a once de ellos penas económicas de diferentes montos, de acuerdo a su cargo y daño patrimonio causado al erario, tanto por el convenio que el Ayuntamiento de Tijuana firmó en forma desventajosa con la concesionaria, como por el daño patrimonial causado por las luminarias retiradas y no localizadas. Los nombres de los nuevos implicados se suma a los 20 funcionarios que ya fueron demandados hace un mes ante la Procuraduría General de la República -PGR- y la Procuraduría General de Justicia del Estado -PGJE-, entre los que se encuentran siete delegados de la actual administración municipal. Según el oficio SP-DC-XXI-0231-2015, a los 18 ex funcionarios se les fincó responsabilidad por incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California; Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Equipamiento, Suministros y Servicios; Reglamento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Faltas a los Reglamentos de Adquisiciones; Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana e Interno de la Consejería Jurídica, también fueron considerados en las penalidades impuestas. Los ex funcionarios del XX Ayuntamiento de Tijuana que se encuentran bajo procedimiento de responsabilidad administrativa son: Roberto Ordorica Ruiz. Director de la Consejería Jurídica Municipal, por actuar con impericia y negligencia al elaborar y revisar el contrato y la adenda relativa a dicho convenio, así como por incumplir con la definición de la posición jurídica que debía de adoptar el ayuntamiento frente al incumplimiento de Sola Basic. Se le acusa también de omisión al no brindar una asesoría técnico-jurídica que permitiera integrar en el acuerdo la descripción del procedimiento de aplicación de penas convencionales y rescisión de contrato, y no designar sustento legal alguno para efectos de facturación de una persona moral distinta. Al no dar seguimiento a la reclamación para asegurar el cobro de la fianza por incumplimiento de contrato, el daño al Municipio se determinó en la totalidad del monto del contrato signado con Sola Basic: 141 millones 187 mil 578 pesos. Y por no proteger los intereses del Ayuntamiento, Ordorica Ruiz deberá responder por un perjuicio a la Hacienda municipal tasado en 14 millones 443 mil pesos. José Francisco Barrón Macías. Director de Servicios Públicos municipales -del 1 de diciembre de 2010 al 2 de agosto de 2013- y Juan Enrique Bautista Corona, director de Servicios Públicos Municipales -del 14 de agosto al 30 de noviembre de 2013-, por no supervisar, vigilar, validar, y por omitir asentar como residente de supervisión de obra en relación al proyecto para la modernización del alumbrado público que era, los trabajos de supervisión del manejo, calidad, especificación de los bienes empleados en el proyecto. Tanto Juan Enrique Bautista, como José Francisco Barrón Macías, señalaron fuera de término el procedimiento que se debía seguir por incumplimiento de contrato. El perjuicio a la Hacienda municipal, causada por la negligencia de ambos funcionarios, se estipuló por un monto de 14 millones 443 mil pesos. Alejandro Sánchez Gómez. Jefe del Departamento de Alumbrado Público y Semáforos, por no evaluar en su momento el programa de ahorro de consumo de energía eléctrica de acuerdo a la capacidad instalada y llevar a cabo una planeación del nuevo proyecto. Óscar Lino Sanabia Peinado. Oficial mayor, por llevar a cabo procedimientos de licitación y adjudicar el proyecto de modernización de alumbrado público para la ciudad de Tijuana, cuando no se contaba con saldo suficiente disponible y carecía de la autorización de la Tesorería Municipal. A este funcionario también se le responsabiliza de no resguardar y custodiar las luminarias tanto retiradas como el nuevo equipo a instalar por Sola Basic, ni llevar un inventario físico actualizado de los almacenes municipales, así como un control del movimiento para la recepción, registro, despacho y distribución de las lámparas. Fernando Francisco Esparza Rosete. Subdirector de Obras de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana, por no coordinar el proyecto de alumbrado público con las áreas de su competencia, no elaborar expedientes, supervisar obras, validar el cumplimiento de la normatividad técnica y recopilar los informes y bitácoras correspondientes. José Daniel Trujillo Ordorica. Director jurídico consultivo, por incumplimiento de sus facultades. Por las luminarias retiradas y no localizadas, deberán pagar: Fernando Iván Muñoz Avendaño. Jefe de Control Urbano de la delegación Mesa de Otay y/o jefe de del Departamento de Obras Públicas, 690 mil 510 pesos. Jaime Balinio Zúñiga. Como encargado de alumbrado público de la delegación Mesa de Otay y representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de las delegaciones Mesa de Otay y Centenario, se le finca responsabilidad por daño a la Hacienda municipal de un monto de 965 mil 686 pesos. Juan Gerardo Torres Cruz. Encargado de Alumbrado Público de Delegación Centenario y representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de Mesa de Otay, 295 mil 684 pesos. Abel Alfonso Cantabrana. Representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de la delegación La Presa; su responsabilidad se estipuló en 66 mil pesos. Marco Antonio Sánchez Estrada. Jefe de Alumbrado público de la delegación Playas de Tijuana, 992 mil pesos. Sebastián Aguilar Cruz. Representante de la jefatura de Obras y Servicios del XX Ayuntamiento, 13 mil pesos. José Manuel Orozco Pérez. Representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de la delegación Cerro Colorado, 14 mil pesos. Pedro Pérez Gómez. Auxiliar de Alumbrado Público de Delegación San Antonio de los Buenos, 40 mil pesos. Alfonso Sánchez Arvallo. Supervisor de Limpia y Mantenimiento, 70 mil pesos. Ricardo Valdez Martínez. Representante de la jefatura de Obras y Servicios Públicos de La Mesa, 9 mil 700 pesos. Felipe Lozano Ziranda. Representante de San Antonio de los Buenos, 28 mil pesos.
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