Con la intención de evitar abusos contra los consumidores durante El Buen Fin, la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) atenderá en horario extendido, de 9:00 am a 9:00 pm. Del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, equipos de 50 verificadores estarán circulando en las principales plazas comerciales de los cinco municipios, aun en comercios que no estén participando en el evento de ofertas, el cual, a través de diversas formas de pago, busca contribuir a la economía nacional. Julio Felipe García, delegado de PROFECO en la entidad, señaló que por medio de la página www.elbuenfin.profeco.gob.mx, se podrá obtener información oportuna que servirá para que los posibles clientes puedan tomar una decisión “inteligente” al momento de realizar una compra. En la herramienta “Quién es Quién en los Precios” -que cuenta con 3 mil 460 productos-, se pueden comparar los montos regulares que las empresas manejan todo el año para sus productos con los que se ofertan en esta temporada del año, con el propósito de evitar que el público “se encuentre con ofertas que en realidad no lo son”. El comisionado aseguró que se estarán atendiendo quejas y denuncias en menos de 30 minutos, ya sea personalmente, por teléfono o en línea. A través de la herramienta Concilianet, se tendrá la facilidad de presentar acusaciones vía internet sin la necesidad de acudir a alguna oficina perteneciente a la dependencia. En El Buen Fin edición 2014, hubo el registro de 30 conciliaciones de “forma inmediata” de gente que se acercó al organismo a pedir asesoría, además de las denuncias que se hicieron por teléfono, que derivaron en la suspensión -de actividad comercial- de ocho empresas, entre ellas Comercial Mexicana y Walmart, mismas que se hicieron merecedoras de multas impuestas por las oficinas centrales de PROFECO. Manejar ofertas engañosas, artículos con precio distinto a lo indicado, falta de publicidad de la temporalidad de la oferta y no ofrecer garantía, son algunas de las razones principales para merecer una multa. El monto a pagar oscila entre 200 pesos hasta 3 millones de pesos, dependiendo la capacidad del establecimiento y la violación a la Ley que se cometa, afirmó el delegado.
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