La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha politizado, con lo que se establece un aparato judicial que no funciona y que está a expensas de lo que el Presidente Enrique Peña Nieto solicita, señalaron expertos consultados por ZETA. En el desamparo han quedado los contribuyentes, pues no hay organismo que vele por sus derechos o represente sus intereses. En la mesa de la SCJN está pendiente el análisis, discusión y posible aprobación de la propuesta de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda realizar visitas domiciliaras a contribuyentes insolventes con el fin de sustraer documentos o bienes, equiparables a cateos penales, lo que sería una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe recordar que el proyecto de sentencia fue elaborado por Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, en relación a un amparo que fuera promovido por una empresa, lo que podría dar pie a igualar las visitas domiciliarias, fiscales o administrativas con cateos penales. Desde 2014, con la entrada en vigor de la Reforma Fiscal, se le dieron más facultades al SAT para molestar a los contribuyentes, una de ellas, que las autoridades fiscales pueden llamar a las autoridades de seguridad pública con la finalidad de llevar a cabo sus medidas de apremio. 
También están las revisiones electrónicas, la contabilidad electrónica, contabilidad internacional a través de la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), donde Estados Unidos podrá enviar la información de los mexicanos que tienen cuentas en bancos del extranjero para así ser fiscalizados en el país. Esto se traduce en un verdadero terrorismo fiscal, y si bien es cierto, en el Paquete Fiscal de 2016 no hay más impuestos, se puede prever una mayor fiscalización. Organismo politizado En torno a la propuesta del ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, que podría dar pie a equiparar las visitas domiciliarias fiscales con cateos penales, el abogado fiscalista Jorge Pickett externó que su votación ha sido diferida y es cuestión de días para que se vuelva a someter a un referendo. En caso de no aprobarse, se va a emitir un nuevo proyecto para análisis, pero en el supuesto de autorizarla, se emite una jurisprudencia y automáticamente las autoridades fiscales van a poder ejercer sus facultades basándose en esa jurisprudencia. “Veo con profunda tristeza una Suprema Corte que ha sido politizada desde la época de (Felipe) Calderón, cuando vimos que el Impuesto Empresarial a Tasa Única y el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) fueron declarados como constitucionales”. Con lo anterior, agregó, no se le dio la razón al contribuyente cuando resultaba a todas razones obvio el hecho de que dichos impuestos violentaban el Artículo 31, fracción IV de la Constitución; es decir, los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, desde ese momento en el que la máxima autoridad judicial dicta esos fallos que verdaderamente resultaban contrarios a derecho, “empezamos a ver una politización de la Corte”. El consultado agregó que los últimos ministros han sido escogidos sin haber tenido una experiencia judicial, lo que se ve con uno de ellos en particular, jefe del Servicio de Administración Tributaria y sin experiencia judicial, nombrado máximo juzgador en materia constitucional. 
“Y por eso empezamos a ver este tipo de proyectos de sentencia, en el que la Suprema Corte confunde la visita domiciliaria con lo que es el cateo. Ésta es la madre de todas las facultades de comprobación que tienen la autoridad fiscal para verificar el exacto cumplimiento de las expresiones fiscales, lo confunde con este cateo que tiene como fin incautar bienes y llevarse personas detenidas. “Son situaciones totalmente diferentes, y en este nuevo proyecto que se pretende implementar, veríamos una violación a la Constitución en el Artículo 14 y 16, que hablan de principios de seguridad jurídica, legalidad que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones. Si se llegan a confundir ambas figuras, veríamos el principio de algo que ya se viene gestando, que es el principio de un terrorismo fiscal”, concretó Pickett. SCJN premia al Estado El legista en temas fiscales, Adolfo Solís Farías, complementó que en la actualidad la SCJN ha sostenido criterios que han resultado contraproducentes para la población, por lo que se debe tratar de cambiar el criterio del Poder Judicial, que, basado en reglas estrictas, en políticas públicas y en criterios de recaudación, ha premiado al Estado. 
“La filosofía por la que han fallado es la necesidad de allegarse mayores recursos para hacer afrenta a necesidades sociales, como educación, infraestructura, seguridad, salud, etc. Sin embargo, si bien es cierto que se requieren mayores recursos para hacer frente a necesidades sociales, también la cultura fiscal se adquiere con una serie de condiciones que permitan garantizar el respeto a los derechos del contribuyente”. Agregó que en la actualidad existen rechazos de deducciones, se niegan devoluciones. Se presume que las operaciones fueron ficticias, e incluso, se practica una exhaustiva revisión a contribuyentes, pero el nivel de discrecionalidad inmerso en dichas auditorías está generando una desconfianza en el contribuyente. Podría generar inconformidad a nivel internacional Respecto al tema en cuestión, el especialista en litigio constitucional, fiscal y administrativo, Damián Salazar, expuso que la resolución va encaminada al tema de comercio exterior, pues el Estado busca evitar prácticas desleales donde ingresen productos sin ser importados. “La resolución va a tener una gama de aplicación solo para el comercio exterior. Si la llegaran a dejar en el sentido amplio que cualquier visita domiciliar pudiera conllevar a un embargo ipso facto de bienes, sí se estarían violando convenios internacionales, derechos humanos. Daría pie a muchísimas quejas a nivel internacional, porque es una resolución de la Corte, que es nuestro máximo órgano”, apuntó. Ley FATCA Expedida en 2010 por el Congreso de Estados Unidos, la Ley del Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), entró en vigor en enero de 2013, con el objetivo de recaudar impuestos de contribuyentes cautivos en el mundo y determinar el cumplimiento con sus obligaciones. De acuerdo con el despacho fiscal de Corporativo Intellex, con la información que reporten las instituciones bancarias y financieras de Estados Unidos al IRS (International Revenue Service) y éste a su vez se la facilite al SAT, las autoridades fiscales podrán así fiscalizar recursos no reportados de operaciones que tengan su origen en México. El documento establece que lo anterior implica que las entidades financieras deban identificar desde el origen a sus cuentahabientes con el nombre completo, CURP, RFC, domicilio, fecha de nacimiento, lugar de origen y, en caso de sobrepasar el límite mínimo de operación, 50 mil dólares, se considere una cuenta reportable; en consecuencia, la entidad financiera deberá reportarla al IRS, así como los saldos promedios que se mantengan en la misma, quien a su vez la compartirá al SAT, que verificará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mexicanos que mantengan cuentas en el extranjero.
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