Por preguntar a quienes administran Grupo AMPM (empresa de paquetería) sobre el destino de la correspondencia no entregada, a cuatro trabajadores se les despidió de manera injustificada, el 28 de septiembre de 2015, acto por el que llevan un proceso legal. La correspondencia entregada por esta empresa a través de sus mensajeros puede llegar a ser de vital importancia para sus destinatarios, al manejar estados de cuenta bancarios y de fondos de retiro, información que por su carácter debe privilegiarse su privacidad. Los quejosos señalan haberse informado que la correspondencia no entregada terminaba en terrenos baldíos, sin ser destruida. Se trata de Claudia Albarrán, Christian Rojas, Evaristo Pérez y Artemio Rosales, quienes buscarán ser reinstalados en la empresa, así como dar entrada a un sindicato que pueda negociar un contrato colectivo de trabajo con condiciones más justas de trabajo. Han trabajado para AMPM entre 5 y 10 años. “Nosotros preguntamos acerca de lo que es la destrucción de los sobres, a dónde lleva la empresa todo este material, si lo guarda en bodegas, si lo incinera o lo regresa al emisor para entregarle una cuenta clara de que su producto está siendo entregado y lo que no se entrega se regresa. Esto no lo está haciendo la empresa”, declaró Rojas a ZETA. Cuando cuestionaron esto y el que cada departamento de la empresa cuente con una denominación social distinta, fue que se les informó que sus servicios ya no serían requeridos. De esta manera, los trabajadores recibían parte de su pago de La Milla Industrial S.A. de C.V. y otra de Repartos Rápidos de las Bajas S.A. de C.V., mientras que en los gafetes de identificación se ostenta Dirección Integral Vértice S.A. de C.V. Señalaron como otra irregularidad, que el salario con el que están registrados ante el IMSS es distinto al que perciben en realidad, al ser pagados mediante comisiones. De la misma manera argumentaron que las prestaciones de Ley se calculan sobre un sueldo base menor a su percepción real, misma que no ha presentado aumento con los años de trabajo, sino que al contrario, ha sido objeto de reducciones. Buscando asesoría legal a través del Sindicato Estatal de Obreros Mexicanos, fue que se dieron cuenta de que les resultaría difícil el demandar la reinstalación, al no existir certidumbre respecto a con cuál empresa tienen la relación de trabajo. Antonio Parada, quien funge como abogado para estos mensajeros, señaló que se emplazó a huelga a ambas empresas –con el mismo domicilio– exigiendo la firma de un contrato colectivo de trabajo. Ninguno de los procesos prosperó, al señalar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la existencia de sindicatos y contratos colectivos en ambas sociedades mercantiles. Sindicatos de los cuales los trabajadores despedidos y los inconformes al interior de la empresa dicen desconocer. La titularidad de uno de los contratos la ejerce el “Sindicato Innovativo de trabajadores de las Industrias Cinematográfica y del Entretenimiento, similares y conexos de la República Mexicana”, ramo por completo ajeno a la mensajería. Es por esta razón que estos trabajadores optaron por demandar la reinstalación y de obtenerla, pedir una elección para representante sindical, de manera que puedan pelear la titularidad del contrato colectivo. Al cierre de edición, la empresa, o empresas señaladas no dieron respuesta a la solicitud de entrevista.
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