La irrupción de soldados en un domicilio en custodia, sin orden de cateo correspondiente, la detención de cinco personas en la que se involucra a tres menores de edad, la supuesta sustracción de objetos y la alteración de un parte informativo, son las denuncias que envuelven el caso del “golpe al narcotráfico” efectuado en un domicilio de Tijuana por elementos del Ejército Mexicano. Testigos de los hechos coinciden en haber observado estas irregularidades, de las cuales el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, asegura “serán investigadas”, en tanto que Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado y el Comandante de la II Zona Militar, Gabriel García Rincón, las niegan. 
De corroborarse la versión de los detenidos y de los testigos, el caso por el que se encuentra detenida una pareja, y se decomisaron 449.014 kilogramos de mariguana y un vehículo, se podría venir abajo. “Algo común en cuanto a detenciones por aseguramiento de droga”, señala el vicepresidente en la región Noroeste de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Armando Atilano Peña. Y refirió: “vivimos en un mar de impunidad por la incapacidad de la autoridad en la realización de un protocolo apegado a derecho”. Por ello es que son muchas las detenciones, pocos son los procesados y mínimas las sentencias, lo que demuestra que las detenciones están mal hechas y mal integradas las averiguaciones, “un círculo vicioso que solo genera impunidad”, sentenció. DOS VERSIONES, UN MISMO CASO En la declaración preparatoria de Rodrigo Barraza Olivas, de 27 años y Alejandra Mireya Arratía Vela, de 29 años de edad, a la cual tuvieron acceso sus abogados, refieren allanamiento de morada sin orden de cateo, sometimiento y detención ilegal de sus menores hijos y un sobrino –de tres años. Eduardo Sánchez Huerta y José Raúl Gómez, defensores de la pareja, refieren que siendo aproximadamente las 9:00 de la noche del viernes 4 de septiembre de 2015, ella se metió a bañar y él se quedó en la sala viendo televisión con los niños, cuando irrumpieron en su casa tres hombres “encapuchados, armados y vestidos de civil”. Se identificaron como agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y le dijeron que tenían conocimiento que ahí había una persona secuestrada, dicho esto lo derribaron al piso, mientras que a su esposa la sacaron del baño cubierta con una toalla y le cubrieron el rostro con otra toalla que utilizaba como turbante, la cual le retiraron al observar uno de los agentes que esa acción “era tortura”. Barraza Olivas expone en su versión que otros elementos más ingresaron a la casa llevando a un hombre esposado, el cual señala hacia la recámara de los niños. Armados con herramienta, los hombres identificados como policías proceden a derribar el piso, mientras la mujer y los tres niños, son conducidos a la recámara principal.
Después de un tiempo sacan alrededor de ocho paquetes de un boquete debajo del piso de loseta, algunos de los cuales suben al vehículo Toyota Corolla, propiedad de la pareja y otros más dejan en la cochera del domicilio. Cometida esta acción sacan a las cinco personas del domicilio, la pareja, sus dos hijos de 8 y 4 años, así como al sobrino de 3 años de edad. A él lo sacan envuelto con la toalla con la que primero habían tapado a la esposa. Los hechos son observados por los vecinos. Alrededor de las 12:00 de la noche, los niños y la mujer son subidos a una camioneta pick up gris y el marido es llevado en una unidad similar, hechos observados por algunos vecinos. Después de una hora en las instalaciones identificadas como de la Policía Estatal Preventiva en Zona Río, a Mireya Arratía, a quien tenían en una oficina junto con los tres menores, le exigen llame a un familiar para que vaya por los niños. Le facilitan su mismo teléfono celular y ella llama a su cuñada Nora, madre del menor que fue sacado del domicilio. Al no saber la ubicación exacta tarda una hora en llegar, y en el trayecto recibe dos llamadas más, una de su cuñada Mireya y la última, a las 01:06 horas del sábado 5 de septiembre, de un supuesto agente de la PEP, quien la amenazó de que si no se daba prisa enviarían a los niños al DIF. En las oficinas de PEP le entregan a los menores, para lo cual le hacen firmar un documento sin proporcionarle alguna copia. VERSIÓN OFICIAL En el parte informativo integrado a la averiguación previa, se asienta que a raíz de una denuncia ciudadana recibida a las 11:30 de la noche del viernes 4 de septiembre, elementos de la PEP acuden al domicilio señalado, media hora después. No obstante la demora, logran detener en flagrancia a los detenidos, a ella a bordo del vehículo Toyota y a él aún subiendo a la unidad paquetes de marihuana –7 en el interior del carro y uno más en sus manos. El vehículo lo ubica afuera del domicilio de la pareja, sobre el callejón, a pesar de que la vivienda cuenta con una cochera con espacio para cuando menos tres carros. La versión integrada a la averiguación indica que los elementos policiacos se asoman al domicilio y perciben “a simple vista” 3 paquetes y una bolsa, con las mismas características. Revisados los bultos del carro proceden a llevarse detenida a la pareja, sin hacer referencia de los menores de edad. Tampoco reconocen haber ingresado al domicilio a pesar de que en las fotografías anexadas a la averiguación se observa la vivienda con los objetos de su interior revueltos. EL DICHO DE LOS TESTIGOS Al trascender la aprehensión de la pareja algunos medios de comunicación acudieron al domicilio a documentar el caso, el cual ya se encontraba bajo custodia del Ejército. 
Ahí pudieron observar el portón principal abierto a elementos castrenses saliendo del interior de la vivienda. ZETA realizó un sondeo con algunos vecinos del lugar, quienes temerosos refieren que el operativo dio inicio aproximadamente a las 9:00 de la noche del viernes y concluyó alrededor de medianoche. “De hecho se equivocaron porque primero llegaron a la casa de las cámaras”, un domicilio ubicado en la esquina de Andado Canal 204, cuyos habitantes optaron por abandonar luego de la irrupción. Efectivamente, en el techo de esta vivienda se observan videocámaras pero se encuentran destruidas o movidas, enfocando hacía el cielo. “Ellos las quitaron cuando las detectaron”, anota otro testigo, quien agrega que fue abordado la noche del viernes “por un policía muy amable, me preguntó sobre esas personas y me pidió que me mantuviera en mi domicilio”. De los habitantes del 204 del andador dicen saber poco, pues llegaron a vivir ahí “hace dos meses, luego de que terminaron de construir esa casa, la cual tiene poco que terminaron, como tres meses”, anota uno de los vecinos. Del domicilio, los detenidos declararon rentarlo desde julio a una persona que identificaron como José González Chávez. EL CATEO Fue hasta el mediodía del lunes 7 de septiembre cuando el juez expidió la orden de cateo del domicilio de Campestre Murúa. La acción la realizaron peritos federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), y fue atestiguada por los abogados de los habitantes del domicilio y Nora Barraza Olivas, hermana de Rodrigo Barraza Olivas, y cuñada de Alejandra Mireya Arratía Vela. Fue en una esquina de la recámara de los niños donde se observó el piso destruido para dar paso a un boquete de aproximadamente un metro cuadrado, el cual tenía una tapa de madera recubierta con loseta. “No se explica por qué supuestamente Rodrigo Barraza destruyó la tapa si ésta contaba con un mecanismo para abrirse en forma automática”, anotó Eduardo Sánchez, uno de los abogados defensores. Los objetos del domicilio se observaron revueltos y algo que llamó la atención fue la ausencia de televisiones. Las autoridades llegaron al cateo armadas con una escalera de madera y pinzas para abrir las puertas; la escalera se utilizó para descender al sótano y extraer un total de 51 paquetes de droga que dieron un peso de 377.8 kilogramos de mariguana. De las pinzas no fue necesario su uso porque tanto el portón de la cochera como la puerta principal de la vivienda se encontraban abiertos. Nora Barraza señaló que en el domicilio tampoco se encontraban bolsas y artículos de belleza que su cuñada comercializa en forma independiente. LAS INCONSISTENCIAS La suspensión de la diligencia de declaración preparatoria programada para el lunes 7 de septiembre es una de las varias irregularidades de este caso, expusieron los abogados Eduardo Sánchez y José Raúl Gómez. De comprobarse que los detenidos fueron retenidos por más de cinco horas, antes de ser turnados, será otra de las ilegalidades que la Policía Estatal Preventiva tendrá que aclarar. El allanamiento de morada sin una orden de cateo, como lo establece el artículo 16 de la Constitución Mexicana, es otra de las anomalías que se exige sea investigada, así como el hecho de que los militares que custodiaban el domicilio entraran y salieran de él antes del cateo. El caso de los menores sacados del domicilio y llevados a las instalaciones de la PEP en donde fueron entregados a Nora Barraza, es la principal violación del caso, refirieron. “Militares y corporaciones policiacas siempre se equivocan en las detenciones, comente errores y alteran partes informativos porque es muy difícil que capturen en flagrancia a los detenidos, pero en más de 30 años de ejercer la abogacía me había tocado un caso en el que se involucrara a menores de edad”, señaló Sánchez Huerta. EL CASO SE INVESTIGARÁ: KIKO VEGA El allanamiento de la casa de los Barraza Arratía causó polémica y obligó al propio gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, a comprometer la investigación de los hechos. No obstante, Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado, y el Comandante de la II Zona Militar, Gabriel García Rincón, argumentaron un proceso apegado a derecho.
García Rincón sostuvo que todo cateo se hace de acuerdo a una rigurosa investigación, “no es nada más lo que nos digan”, subrayó para añadir que en este caso se actuó con apego a la ley, “no nos vamos por lo mediático, sino por una investigación estricta, no por lo que diga una persona que intentó ingresar a un domicilio”, dijo en referencia a Nora Barraza. Mientras de La Rosa Anaya sostuvo que de 8 mil 600 intervenciones que ha efectuado la Policía Estatal Preventiva, en las que hubo detenidos y/o decomisos de dinero, armas o droga, solo seis han sido objeto de denuncias, actuaciones que han sido investigadas. De los seis casos, solo en dos se ha consignado a agentes, puntualizó.
Publicidad
