En el año 2010, Ismael Hernández Castañeda comenzó a rentarle una casa ubicada en el fraccionamiento “Sonoita” a César Arce Moreno, director de Catastro Municipal en Tijuana. Durante los tres años del primer contrato todo marchó bien, hasta que en el año 2013, el funcionario dejó de pagar. En abril del 2013, cuando finalizó el primer contrato, decidieron firmar otro por un término de siete meses, del primero de mayo a diciembre. Fue entonces cuando comenzó el problema entre arrendador y arrendatario, pues Arce Moreno dejó de liquidar las mensualidades de 5 mil pesos. El funcionario municipal se negó a pagar, por lo que Ismael Hernández interpuso una demanda en su contra en el Juzgado Primero Civil –con número de expediente 1446/2013—, cuando aún no desempeñaba cargo público. Arce Moreno comenta que respondió con una contrademanda donde se señala que el primer contrato era indefinido, y que el segundo no era más que una “prórroga afectada de nulidad”, ya que en ningún momento se había dejado de pagar la mensualidad correspondiente. Con base en el testimonio de César Arce Moreno, el primer contrato fue de renta con opción a compra, acontecimiento que se llevaría a cabo cuando tuviera el dinero suficiente para la liquidar el costo de la casa, que era alrededor de 150 mil dólares, debido a ese “acuerdo de palabra”, se pagaron las mensualidades durante los tres años que duró el contrato, cuando éste venció, el licenciado asegura que Ismael Hernández dio marcha atrás a lo pactado y le exigió firmar una prórroga con duración de siete meses para después desalojar la propiedad. La cual, en la contrademanda interpuesta se señala como “ilegal”, ya que contraviene a lo expuesto en el numeral 2359 del Código Civil del Estado, donde se menciona que el término de prórroga manejado no puede ser menor a un año, por lo cual se pide regresar al primer contrato con un tiempo indefinido. El director de Catastro Municipal, afirma que el único contrato con validez es el de primera emisión y que esto no tiene nada que ver con su actual cargo. Sin embargo, la resolución del Juez fue a favor del demandante en mayo del 2014, ordenando al ahora funcionario desalojar la vivienda y pagar las rentas que se generaron con la duración del juicio, a lo que César Arce respondió con una apelación de la sentencia. Hasta la fecha ninguna de las dos partes ha dado por cerrado el caso, y el pleito legal continúa.
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