La semana pasada, previo al ridículo hecho por el gobierno federal tras la fuga del Joaquín Guzmán Loera, el tema de indignación pública era la venta de un sistema de espionaje a diversas entidades de gobierno mexicanas de parte de la empresa italiana, Hacking Team. Esos hechos expusieron como comprador al gobierno de Baja California y en los textos de supuestos correos electrónicos filtrados por Wikileaks involucraron a la Oficial Mayor, Loreto Quintero, y al secretario de Finanzas, Antonio Valladolid como orquestadores de la compra, que de acuerdo a diversos documentos se hizo de forma triangulada (ver ZETA edición 2154). Prácticamente 7 días después, el 13 de julio, el secretario de gobierno Francisco Rueda acompañado de Quintero y Valladolid salieron a rechazar los señalamientos calificados como especulaciones, después que el gobernador Francisco Vega solo había dicho que no era cierto y que ya no iba a hablar del tema. Luego instruyó al Contralor Bladimiro Hernández a investigar el caso de espionaje, aunque este funcionario poco o nada ha servido para controlar la corrupción al interior del gobierno bajacaliforniano, se ha dedicado a ignorar el cobro de comisiones por la asignación de contratos y las licitaciones fraudulentas, creyendo que solo se le paga por vigilar que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales, que por supuesto se mantienen ocultas. El mismo lunes de la “aclaración” donde mostraron lo que llamaron el detalle de las adquisiciones, Luis Moreno, líder del Partido Encuentro Social, se presentó en la PGR a interponer la denuncia con que se abrió la averiguación previa AP/PGR/BC/TI/1510/2015 M-XVI, por la violación de derecho a la privacidad en internet, y recopilación ilegal de datos, considerado en la Ley de Comunicaciones, y en diversas leyes. Al día siguiente los priistas amenazaron públicamente que presentaría otra denuncia. Ahora, pese a lo tedioso que puede significar escuchar a la lideresa priista Nancy Sánchez criticar cada una de las acciones panistas a la menor provocación, es inevitable afirmar que esta vez tuvo razón cuando le dijo a Valladolid, Rueda y Quintero, que no basta negar acusaciones para volverse inocente en automático. No puede ser suficiente cuando el gobierno está en manos de personajes como el licenciado Valladolid que, sea por la embriaguez generada por la ingesta de bebidas alcoholadas, o solo por el mareo mental que le produce tener poder, ande presumiendo, cómo tiene tomados de las gónadas masculinas a tales o cuales personajes para que no se salgan del camino que sirve a sus intereses. Usualmente refiriéndose a funcionarios o políticos. Más allá de si el gobierno fue o no capaz de usar el sistema de espionaje plenamente, o del reclamó que han hecho los diversos sectores para que el tema del espionaje se aclare, y las declaraciones de Julio César Vázquez, presidente del Congreso de Baja California asegurando que el Órgano Superior de Fiscalización investigará el tema, no sería correcto que la sociedad se quedara solo con las promesas, o las versiones a medias, o se olvidara del tema porque se fugó “El Chapo”. Las leyes mexicanas solo contemplan este tipo de intervenciones previa orden de un juez y cuando la autoridad tiene elementos suficientes para considerar que un ciudadano está cometiendo delitos. No se trata de darle acceso a la vida privada de la gente a uno o varios funcionarios, solo por su capricho o el servicio de sus intereses, particulares o políticos. Ahora toca a los grupos de la comunidad organizada, dar seguimiento al trabajo de la Contraloría, a las auditorías del Orfis, a las investigaciones de la PGR, incluso poner la lupa para ver qué hace la Secretaría de la Función Pública al respecto. Porque en este contexto resulta grotesco que un secretario de gobierno, tenga acceso a información personal de sus contrincantes políticos para poder amenazarlos, y las secretarías de seguridad y procuradurías no tengan entrada a la información privada, por ejemplo de los hermanos Arzate, a los primos Uriarte o José Soto, narcotraficantes que controlan criminalmente el estado, para poder detenerlos. Pareciera que es más rentable para el gobierno de Francisco Vega espiar y controlar políticamente a los ciudadanos comunes que investigar y detener a los traficantes y asesinos.
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