Diego Monsiváis Franco, presidente del Consejo de Notarios de Baja California, comentó que aún buscan una audiencia con el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, en la que puedan plantearle el perjuicio que se le haría la ciudadanía de mantenerse como se aprobó la reforma a la Ley del Notariado, misma que da facultades al jefe del Ejecutivo para designar notariados. Los notarios de la entidad se refieren al artículo 17 y 44, en los que quedó establecido que el gobernador puede elegir sin que presenten o triunfen en un examen de oposición que mida su capacidad. “El hecho de que él pueda dispensar de ese examen a alguien que él considere, podría ser un error por la falta de preparación necesaria e idónea para ejercer el notariado, con detrimento de la población, que es la que no encontrará realmente una persona con suficiente capacidad y conocimientos para que la pueda asesorar debidamente en contratos difíciles, en testamentos difíciles, en actos de toda naturaleza que los notarios certificamos”, explicó el también titular de la notaría 5 en la ciudad de Ensenada. Razón por la que públicamente, el martes 26 de mayo exhortaron a Francisco Vega a que vete la Ley, solicitud que el gobernador calificó como “poco probable”. Sin embargo, los notarios representados por Monsiváis Franco, estiman que dicha contestación no fue determinante, pues incluso coincidió con su postura. “La postura nuestra es que lo que el gobernador dijo, efectivamente fue lo que nosotros estamos diciendo, respecto a ascender al notariado solo a través del examen de oposición, porque cuando menos ese comentario hace, que la Ley todavía exige la práctica, el examen de aspirante y de oposición”, explicó, agregando que de lo que se trata es de dar certeza a ese procedimiento evaluativo en todos los casos. Los preceptos, insistió, los ven como desiguales e injustos. Agregó que hasta el momento no se ha pedido de nueva cuenta la atención del gobernador o del secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, pero que esperan que ahora que se haga nuevamente, los funcionarios respondan positivamente. “Nuestra postura es ‘escúchenos y manifiéstese al respecto, denos la oportunidad de dialogar’, que vea él lo que nosotros opinamos respecto a esa cuestión que hasta ahorita no ha querido tocar. La Ley concede 15 días hábiles, podríamos decir que hasta mediados de junio, y esto abre un tiempo que permitiría dialogar con él”, refirió. Sobre las alternativas, de no tener respuesta del Gobierno del Estado para vetar modificaciones hechas desde el Congreso Local, aún no piensan, serían en su caso, decisiones tomadas colegiadamente.
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