Un gobierno abierto es el nuevo paradigma que permitirá adoptar la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual amplía y fortalece los mecanismos de acceso a la información, esta nueva ley cerrará espacios a la opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto durante el acto de promulgación en Palacio Nacional. La nueva ley generará más confianza en la sociedad pues amplía la participación de la ciudadanía para transparentar los recursos, además el nuevo paradigma permitirá que los servidores públicos y la sociedad trabajen en conjunto para una gestión más abierta y cercana, dijo. El mandatario expresó que los gobiernos abiertos “son la nueva frontera de la democracia, son un modelo colaborativo que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades”, siendo un paradigma de autoridades proactivas que publican información de fácil acceso, incluso antes de ser solicitada. México, añadió, tiene una mayor responsabilidad como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto, ya que éste “es el nuevo estándar de corresponsabilidad al que aspiran los gobiernos y sociedades del mundo”. Peña Nieto enlistó algunas características de la nueva ley, entre las cuales se halla la obligación de las autoridades, entidades, órganos y organismos de los tres poderes de transparentar toda la información pública que posean, así mismo los partidos, órganos autónomos, fideicomisos, fondos públicos así como personas físicas, morales o sindicatos que hagan uso de recursos públicos. También señaló que las autoridades y empresas productivas del estado estarán sujetas a este escrutinio. Se crea también el Sistema Nacional de Transparencia, Accesos a la información Pública y Protección de Datos Personales y se homologan las facultades de los órganos encargados de garantizar la transparencia en el país, bajo una misma norma regulatoria, como también se facilita el acceso a la información. La información deberá mantenerse actualizada en medios electrónicos y a disposición del público, que tendrá sustento tecnológico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que deberá desarrollarse, y los organismos garantes estarán encargados de realizar verificaciones virtuales a los portales de internet de los sujetos obligados. Además, la información relacionada a violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá clasificarse como reservada; se incorporan 15 nuevas causas para sancionar a servidores públicos que obstruyan el acceso a la información pública y finalmente, detalló, se crearán Consejos Consultivos en los organismo garantes con participación de la sociedad civil y académicos con experiencia en el tema. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Gobiernos estatales y del Distrito Federal, órganos autónomos, partidos políticos y legisladores, entre otros, el mandatario llamó a continuar trabajando juntos para hacer del servicio público una actividad más abierta y cercana a la ciudadanía.
Publicidad
