Familiares de las personas desaparecidas durante el sitio que se realizó en la región de Chilapa, por personas vinculadas al grupo delictivo Los Ardillos, señalaron al gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, y al presidente del Congreso, el diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, como responsables del crimen. Durante una reunión celebrada la tarde de este 23 de mayo entre los familiares de los desparecidos y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Godinez Muñoz, en el restaurante Casa Pilla en el centro de Chilapa, los familiares reprocharon la omisión de las autoridades que permitieron que el grupo de supuestos policías comunitarios sitiaran la ciudad por cinco días, catearan casas y se llevaran a 17 jóvenes, todo ello con el supuesto objetivo de atrapar al líder del Cártel Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro. Equipararon las desapariciones a la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa e hicieron el anuncio de que acudirían ante instancias internacionales para denunciar al gobierno mexicano. Exigieron resultados al fiscal para liberar a las víctimas que aseguran fueron retenidas por Los Ardillos, grupo dirigido por Celso Ortega Jiménez, hermano del presidente del Congreso de Guerrero y reprocharon la indiferencia hacia su la ola de violencia que azota a Chilapa desde 2014. También señalan al gobernador provisional Rogelio Ortega y al presidente del Congreso, Bernardo Ortega, como responsables. Durante la reunión, el fiscal indicó que se abrió una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de 17 jóvenes, ocurrida entre el 9 y el 14 de mayo, durante la cual más de 300 personas armadas tomaron el control del municipio, catearon casa y se llevaron por la fuerza a cerca de 30 jóvenes, ante ojos de militares, de la Policía Federal y de la Policía Estatal. Los representantes del grupo armado, procedentes de diversas comunidades de Chilapa, argumentaron que iban por el líder de Los Rojos, a quien culparon de la ola de violencia que se vive en este lugar de la región Centro, donde grupos criminales se disputan las zonas de producción y trasiego de droga. La subsecretaríua de Derechos Humanos de la SEGOB instaló mesas de trabajo para atender a las familias, entre el viernes 22 y sábado 23, se atendieron 13 casos y se recabaron 27 muestras de ADN. A través de un comunicado,el gobierno federal indicó que los equipos desplegados por la Procuraduría General de la República se han acercado a mayores evidencias dentro de las 11 líneas de investigación “que implican diligencias en diferentes lugares por las características propias de cada caso”. El Ministerio Público ha recabado declaraciones de testigos que estuvieron presentes en los hechos e integrado nuevos testimonios y elementos de prueba para encontrar a los desparecidos. (Con información de Proceso y La Jornada)
Publicidad
