Este domingo se cumple un año de la recaptura del que fue considerado como narcotraficante más poderoso de los últimos tiempos en América Latina, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin que nada haya cambiado en el mundo de las drogas, pues a pesar de que el capo se encuentra recluido en máxima seguridad aún goza de su incalculable fortuna y el Cártel de Sinaloa opera con igual o mayor fuerza que antaño. Con excepción de las residencias que conectaban con el drenaje de la ciudad de Culiacán, por donde escapó Guzmán Loera unos días antes de su detención y unos finos relojes que el personaje poseía el 22 de febrero de 2014 cuando fue arrestado en Mazatlán, no se tiene conocimiento de algún otro bien mueble o inmueble asegurados por parte de la Procuraduría General de la República. A los presuntos cómplices de “El Chapo”, atrapados en distintas acciones les incautaron vehículos, armas, cartuchos, explosivos, droga, dinero y alguna aeronave, pero a Joaquín Archivaldo no le han hallado ni cuentas bancarias, ni ranchos, ni indicios de esa fortuna que la revista Forbes le calculó en mil millones de dólares y le mantuvo cuatro años consecutivos en la lista de los multimillonarios mundiales. Expertos como el periodista José Reveles coinciden en que la aprehensión del ex líder del cártel sinaloense fue en realidad una entrega pactada del capo con el gobierno de los Estados Unidos, por lo que parte de esa riqueza intocada sería entregada a los norteamericanos cuando ocurra la extradición internacional del criminal y sea juzgado en ese país donde le esperan infinidad de cargos. La estancia del narcotraficante en la prisión de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a donde fue confinado, se reporta sin incidencias mayores. Sólo en una ocasión, a inicios de marzo, Guzmán interpuso un amparo quejándose de actos de tortura e incomunicación, pero se desistió del reclamo al día siguiente. 
A mediados del mes de julio pasado se vinculó al sinaloense con una huelga de hambre que duró cinco días en el penal federal y se resolvió con algunas mejoras en la alimentación, no así de la mala atención médica de la que aún se duelen los presos de alta peligrosidad. Los primeros doce meses tras las rejas del hombre originario de La Tuna, Sinaloa, se han enfocado a tres objetivos: combatir los más nueve procesos penales que enfrenta en Juzgados de Distrito del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas; promover hasta la fecha 10 amparos contra la posible orden de extradición a la unión americana; y compurgar las tres sentencias condenatorias que ya tenía antes de fugarse el 19 de enero de 2001 del Cefereso 2 de Puente Grande y que ya no son impugnables. Más información en la edición impresa del semanario ZETA en circulación
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