Repudio por fallo en caso de Ayotzinapa

Ciudad de México.- Para la Procuraduría General de la República (PGR), los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, fueron privados de la vida, incinerados y arrojados a un río. La conclusión se basa en la declaración ministerial de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, miembro de “Guerreros Unidos”, quien dijo haber ordenado el asesinato de un grupo de jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014. Que el detenido no haya estado presente durante la supuesta incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula, no haya identificado a los jóvenes como normalistas y por el contrario, los vincule con el grupo delincuencial rival “Los Rojos”, no impidió que la PGR tomara como verdadero su testimonio. “El gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad. Primero nos dijeron que nuestros hijos estaban en las fosas, luego que en Cocula en el basurero. No podemos aceptar nada porque no tenemos suficientes pruebas”, expuso Epifanio Álvarez, padre del estudiante desaparecido Jorge Álvarez Nava. EL 27 de enero, cuatro meses y un día después de la desaparición de los normalistas, la PGR informó en conferencia de prensa que los jóvenes habían sido asesinados, reducidos a casi cenizas – imposibles de identificar por medio de ADN – y arrojados a un río en ocho bolsas de basuras. La versión, la misma que la informada desde noviembre. El video, una edición actualizada del mostrado aquel día. La Procuraduría sostuvo que los 43 estudiantes normalistas fueron víctimas de “secuestro, homicidio y desaparición”. Hasta ahí la investigación. Capturado el 15 de enero en su declaración, Rodríguez Salgado “El Cepillo” no pudo siquiera brindar el número exacto de jóvenes secuestrados. “…probablemente eran entre 38 y 41…algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos venían golpeados, ya ensangrentados”. De acuerdo a Tomás Lucio de Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, las narraciones de “El Cepillo”, Patricio Reyes Landa “El Pato”, Jonathan Osorio Cortez “El Jona” y Agustín García Reyes “El Chereje”, indican “los estudiantes fueron señalados de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; ésa fue la razón por la que los privaron de la libertad y de la vida”. “Se trató de un crimen atípico”, aseguró, pero los padres de los normalistas lo desmienten. “En nuestro andar estos cuatro meses, hemos constatado que la desaparición forzada es hoy en México, una realidad generalizada a lo largo y ancho del país”, declararon por medio de un comunicado como respuesta a la conferencia de prensa de la PGR. Sin pruebas, pero muertos El principal reclamo de los familiares de los 43 desaparecidos es la falta de pruebas para declararlos sin vida. “Desde principio, empezaron a mentir. No puede tener más valor la palabra de un delincuente que la de cualquiera de nosotros”, consideró Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Los padres ven a un gobierno federal con prisa por cerrar el caso Ayotzinapa “porque le urgen las elecciones”, por eso dudan de autoridades que “han fabricado expedientes para salir de crisis que muestran su ineficacia”. En conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam afirmó: “La dimensión y la profundidad de la investigación, nos dan la certeza legal de que los normalistas fueron muertos”. Sin embargo, los familiares de los jóvenes formularon diez inconsistencias en la investigación. Por ejemplo, “El Cepillo” declaró que los involucrados destruyeron hasta los teléfonos celulares de los jóvenes. Sin embargo, uno de los padres marcó el número de su hijo dos semanas después del 26 de septiembre. “Dos veces timbró, pero nadie contestaba”, explicó. También argumentan los reportes de la posible tortura de algunos inculpados, por lo cual pueden verse “orientadas” sus declaraciones ministeriales. Además de la falta de aprehensión de personajes claves –de acuerdo a las declaraciones de los detenidos– como el director de la policía de Iguala, Felipe Flores Vázquez y el subdirector, Francisco Salgado Valladare o Gildardo Astudillo “El Cabo Gil” e incluso, el propio líder de “Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado. En términos jurídicos, la inconformidad porque no se ha iniciado un solo juicio penal por el delito de desaparición forzada de personas y porque algunas de las declaraciones de los detenidos, detallan contradicciones entre quienes confesaron haber atentado contra los jóvenes no en Cocula, sino en Pueblo Viejo y Carro la Parota. “Ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudiremos a las instancias internacionales”, informaron. En febrero una delegación acudirá al Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, la cual –por primera ocasión– solicitó un informe de los hechos al gobierno mexicano. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviará a un grupo de expertos a México para verificar la investigación realizada por la PGR. Sobrevivientes reciben amenazas El 26 de enero, el día en que se cumplieron cuatro meses de la desaparición de los normalistas, 15 mil personas marcharon desde el norte, sur, oriente y poniente de la Ciudad de México para exigir la aparición de los estudiantes. La Octava Jornada Global por Ayotzinapa concluyó en el Zócalo capitalino. Organizaciones civiles, universidades, sindicatos y grupos religiosos, se unieron al reclamo de familiares y compañeros de los estudiantes, quienes encabezaron los cuatro contingentes que se reunieron en el Zócalo capitalino. Al concluir el mitin, ZETA habló con algunos de los normalistas sobrevivientes del ataque de Iguala. Uriel Alonso Solís es estudiante de segundo año en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Conserva la imagen más fuerte de esa noche, “el balazo que le dieron al compañero Aldo en la cabeza”. El proyectil que entró al cráneo de Aldo Gutiérrez Solano, lo ha mantenido en coma desde hace más de 100 días. Luego recuerda a Julio César Mondragón, quien al día siguiente de la balacera fue encontrado desollado, “era algo que no nos creíamos”. Tampoco olvida la forma en que los policías capturaron a sus compañeros; “¿Cómo es posible que a los estudiantes nos hagan esto?”, se pregunta todavía. Uriel salió ileso de la balacera con la cual iniciaron los hechos del 26 de septiembre. “Es otra nueva vida haber sobrevivido, pero no estar con los compañeros…”, el joven clava la mirada en el templete donde los padres de sus 43 compañeros desaparecidos hablan frente a 15 mil personas “…desde que uno llega al rancho, está impuesto a ver ese tipo de ataques, balaceras, quedamos enfermos psicológicamente”. Desde aquel día, los normalistas han recibido llamadas de intimidación a sus celulares. “Que nos tienen ubicados, que si seguimos hablando y decimos cosas en contra del gobierno, nos van a desaparecer”, comparte Uriel Alonso y responsabiliza al gobierno. Aunque la autoridad les ha asegurado “no nos pueden tocar”, Uriel y sus compañeros consideran esos actos, un intento por alejarlos del movimiento. Si bien, Uriel comparte se sienten “desesperados de no saber nada de los compañeros”, constatar el apoyo de la gente por medio de marchas como la de ese día, le brinda confianza. “Vamos a seguir en esto hasta que los compañeros aparezcan”. Omar García se ha convertido en uno de los principales rostros de Ayotzinapa. Esa noche, en medio de los padres de sus compañeros desaparecidos, tomó el micrófono para rechazar la actuación del gobierno federal en la investigación y para anunciar que el movimiento adoptaría medidas más allá de las marchas. Al bajar del templete, ZETA pudo conversar con el normalista. “Van a seguir ellos (el gobierno) con sus mentiras, van a tratar de darle fundamento a esas personas (los inculpados). Que sigan con su cuento, nosotros mientras vamos a estar transformando el país a través de la gente, de la organización social, de la asamblea”. Ni México ni el mundo, creen en versión oficial El malogrado intento de la PGR por convencer de la muerte de los 43 normalistas, fue condenado por organizaciones internacionales e incluso, por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo a la Procuraduría, el estudiante Bernardo Flores Alcaraz “El Cochiloco” fue identificado por los sicarios de “Guerreros Unidos” como el lazo entre los normalistas y “Los Rojos”. Este hecho fue el móvil del ataque.