“Así como hay periodistas intachables hay periodistas corruptos, también hay policías intachables y policías corruptos, aquí es muy importante que los medios de comunicación se acerquen y den los nombres de los policías, o que los ciudadanos denuncien y vayan a las agencias del ministerio público, o a sindicatura procuradora, lo cual no han estado haciendo”, reclamó airado y a la defensiva el alcalde tijuanenses Jorge Astiazaran Orcí el 11 de noviembre, cuando fue cuestionado por reporteros respecto de la corrupción en la corporación que encabeza. La frase indica que el munícipe pareció olvidar momentáneamente, que la responsabilidad legal, constitucional de dar seguridad a la ciudadanía, de vigilar que sus agentes no se corrompan, que actúen con legalidad y depurarlos, es de los titulares del poder ejecutivo como él, como los otros Alcaldes y Gobernadores y el Presidente de la Nación, y no la están cumpliendo. Ahí están los policías que extorsionan a turistas, los que secuestran o facilitan los secuestros –apenas el mes pasado detuvieron parte de una célula que ya fue liberada– los que cobran cuota en las tienditas, donde venden droga al menudeo, los que reciben dinero por liberar a delincuentes, los que se “abren” cuando va haber homicidios, muchos de ellos denunciados internamente por sus compañeros. Si no estuvieran coludidos, la droga a pequeña y grande escala no podría circular como lo hace, y no hubiera más de 600 asesinatos, la mayoría impunes. Pero esto sucede en los cinco municipios. Si los titulares de los poderes ejecutivos van a compartir la responsabilidad, que sea con sus secretarios de seguridad pública, directores de policía y procuradores. Quienes por cierto también serían los encargados de investigar, detener, consignar y condenar a los periodistas corruptos, de esos que habló el doctor Astiazarán. El resto de los mexicanos comunes, funcionan como meros colaboradores, y en eso vale decir que los empresarios y profesionales organizados, así como el resto de la sociedad en los cinco municipios de Baja California son excepcionalmente participativos. Daniel de la Rosa, Secretario de Seguridad estatal, ha mencionado en repetidas ocasiones que los bajacalifornianos están en los primeros lugares tratándose de denuncia, a los números de emergencia y ante la procuraduría. De hecho, ésa ha sido la excusa de la autoridad cuando se menciona que el estado registra una alta incidencia delictiva, aseguran que es porque aquí se denuncia más que en otras entidades. En cuanto a los periodistas funcionan como intermediarios, receptores de las denuncias de ciudadanos que temen precisamente a esas autoridades corruptas, y en el mejor de los casos tienen la oportunidad corroborar y publicar la información, lo que ya ha generado amenazas y ataques armados. Pero no se puede olvidar que los periodistas no son ni policías, ni ministeriales investigadores, ni ministerios públicos, eso es trabajo de los gobiernos, y nada más falta que ahora quieran que la comunidad les haga la chamba. Según cifras se la secretaría de seguridad, en el primer año de gobierno –del estatal y los municipales– la incidencia delictiva general ha crecido un 4 por ciento, comparado con el años pasado, y no ha presentado grandes mejorías. Pero las estadísticas demuestran que en todo el estado ha incrementado por ejemplo el robo con violencia. Lo que significa que son más los ladrones que amenazan o hieren con armas a las víctimas, como esta semana, que una señora de 57 años fue asaltada el 7 de noviembre y lesionada con un tiro en la colonia Lomas de Agua Caliente en Tijuana, otra mujer fue despojada de 60 mil pesos en una gasolinera en Mexicali, y a otra fémina un asaltante armado se le subió al auto mientras hacía un alto en Popotla, Rosarito. De los homicidios, aunque oficialmente la SSPE refiere una diminución al comparar 577 asesinatos ocurridos en los primeros 9 meses de 2013 contra 553 cometidos en el mismo período en 2014, la realidad es que la Procuraduría del Estado que investiga estas muertes, registró 585 asesinatos de enero a septiembre de 2014, entonces, la mencionada mejoría no existe. Hasta el 12 de noviembre se habían sumado 659 homicidios, 63 de octubre y 11 en noviembre. Además están las lesiones dolosas, delitos en los que el victimario intentó lesionar con dolo o matar a su víctima pero falló, en lo que va del presente año se han cometido 5 mil 561, 428 más que el año pasado. Además, oficialmente de enero a septiembre, los secuestros crecieron de 21 a 33 comparado con el año pasado. Pero este 2014, conjuntamente han abierto también 319 expedientes por privaciones de la libertad, que la procuraduría decidió no clasificar como secuestro. Gobernador, alcaldes, las evidencias muestran grupos criminales menores fortalecidos, cuya impunidad solo puede ser cobijada por la omisión, corrupta o incapaz de las autoridades. Entonces el reclamo de una mayor depuración es legítimo, nadie pide cacería de brujas, pero la defensa ciega y cómplice de las corporaciones tampoco es opción. La inseguridad no está cediendo, las evidencias y denuncias de infiltraciones son cada vez más comunes, los exámenes de control y confianza han demostrado su insuficiencia, los reclamos de la sociedad crecen y ustedes están obligados a actuar.
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