Por Ley, cada secretario de ramo del gobierno del Estado, incluyendo al procurador de justicia, deberá ser citado para que comparezca ante el Congreso del Estado cada año de la administración Estatal. De las secretarías más importantes las exceptivas “fueron altas” según los mismos legisladores. Pero las cifras y los datos sobrestimados arrancaron reacciones de reclamo y rechazo al informe que guarda la administración de Francisco Vega de Lamadrid. PGJE: nadie preguntó por los muertos 
Un día antes de la glosa en el Congreso del Estado de Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia del Estado, la cifra de homicidios registrados en lo que va del año se cerró en 622. Esa cifra contempla del primero de enero del 2014 al jueves 16 de octubre. Y a pesar que al día siguiente, la funcionaria comparecería ante los diputados locales a presentar su informe y rendir cuentas, los datos no fueron ni mencionados. Menos cuestionados. ¿Cuántos son? ¿Quiénes? ¿Por qué los mataron? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos se resolvieron? ¿Qué avances hay?, son dudas que no se formularon por parte de los diputados a la fiscal. Cifras oficiales, también ubican al alza el secuestro, 58 por ciento más en relación al año pasado. En el Estado se tienen registrados 33 secuestros (denunciados) y 286 privaciones de la libertad, según datos obtenidos por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Sin embargo, estos y otros datos sobre los delitos en aumento que debería perseguir la Procuraduría General de Justicia del Estado no fueron incluidos en su glosa 2014, la cual por ley debe presentar ante los diputados. El viernes 17 de agosto, en el salón de sesiones del Congreso estatal, los legisladores fueron complacientes, tibios, evitaron cuestionar o pedir explicaciones a la encargada de procurar la justicia en Baja California. Cuauhtémoc Cardona Benavides, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) ese día resumió la actitud de la mayoría de sus compañeros legisladores presentes (4 al arrancar la glosa) hacia la funcionaria y sus colaboradores. Cardona lo dijo en el micrófono y dirigiéndose hacía a la procuradora: “regularmente cuando uno está en ese lugar (de quien comparece), lo que uno quiere es salir bien librado, preguntas repuestas y san se acabó, entonces no voy a hacer ni muchas preguntas, ni mucho menos cuestionamientos pesados. Nomás algunas consideraciones”. No cuadran finanzas Nereida Fuentes, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue una de las presentes en la glosa y quien pidió explicaciones sobre algunos movimientos financieros que suman varios millones de pesos. Mismos que la procuradora no pudo o no supo explicar. Posterior a la glosa, la diputada compartió sus datos con ZETA. La PGJE tiene presupuestado para el 2014 mil 301 millones de pesos, sin embargo, al 10 de octubre solo ha ejercido 521 millones 385 mil pesos, es decir, 927 millones de pesos sin ejercer y que tendrá que gastarlos a fin de año. Eso sin mencionar que la dependencia ha solicitado ampliaciones presupuestales por 148 millones de pesos. Fuentes nombró partidas millonarias presupuestadas en la PGJE y que no han sido utilizadas. Por ejemplo, la de “arrendamientos de vehículos”, que suman 16 millones 45 mil 500 pesos y que a la fecha no se ha ejercido. Es más, tal partida ni siquiera existía en el presupuesto de la dependencia en el 2013. “Qué disponibilidad le va a dar usted a esta partida que no ha sido ejercida”, cuestionó la priista. Ibarra Leyva respondió: “Lo que respecta al arrendamiento, es una partida que ya está comprometida”. Diputada, revira: “Pero ¿en qué lo utilizan?, porque si ya se compraron las unidades, en qué se va usar, en qué consiste o en qué sirve a la Procuraduría este equipo de transporte”. Sin respuesta, la procuradora contestó: “Esa cantidad ya está comprometida, y es dinero que se va a pagar”. Y Fuentes insiste: “¿Ya tienen arrendados esos vehículos?”. “Están en proceso, o sea ese dinero ya está comprometido para eso”, concluyó, sin saber explicar cuántos vehículos se arrendaron y cuál es su uso. Saludos y complacencias Otros diputados optaron mejor por las simpatías. A Francisco Barraza Chiquete del Partido Estatal de Baja California (PEBC), le preocuparon las chatarreras, pues en sus recorridos de distrito, la gente se queja. A Mónica Bedoya, diputada del PAN, le interesó saber cómo puede llevar el programa Ministerio Público a su distrito. Gustavo Sánchez, en su momento repartió culpas y responsabilidades. Pues dijo que (la seguridad o la procuración de justicia) era corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno, incluyendo al Congreso. Sánchez, también del PAN, preguntó a la funcionaria los resultados de narcomenudeo, pues dijo, “Seguimos viendo que sigue habiendo este lacerante delito”. Y de paso, el coordinador de los panistas en el Congreso, tocó ligeramente el delito del robo a comercio, que también se ha incrementado. La procuradora justificó que el narcomenudeo se empezó a atender a partir del 2012, pero sin ningún presupuesto para tal fin. Por ello, “trabajamos con los resultados de las policías municipales”, principalmente. Pero “lo más importante que ha habido”, continuó Perla del Socorro Ibarra, “es que hemos estado trabajando a través de cateos y en este año se lograron 59 con resultados muy positivos, con personas detenidas y droga asegurada. Créame que hemos fortalecido el área con la capacitación que requiere para atenderlo”. Luego, la procuradora racionó la responsabilidad: “yo siento que el problema de las adicciones se ha convertido más que en nada, en un problema de salud, y creo…que todos debemos unir esfuerzos”. Resultados “muy positivos” Pese a las cifras desalentadoras que la misma Procuraduría procesa en el tema de secuestros, la titular resaltó buenos “resultados”. Explicó que la unidad que combate el secuestro que pertenece a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, “es una unidad que tiene un reconocimiento a nivel nacional precisamente, lo integran personas muy profesionales, muy capacitadas”. Y presumió que en lo que va del año, “casi el 50 por ciento” de los secuestros se han resuelto: “hemos detenido 80 personas y consignadas a 59. Para nosotros los resultados han sido muy importantes”. La procuradora de justicia en su glosa resaltó que en su administración se han iniciado 70 mil actas de averiguaciones previas, y explicó que la PGJE heredó un rezago de 60 mil investigaciones y más de 10 mil pruebas periciales. En su ponencia de 30 minutos, Perla del Socorro, expuso que se detuvieron 144 personas en los 59 cateos y se desarticularon 15 bandas de narcomenudistas, asimismo, han logrado 9 mil condenas y se recuperaron 15 millones de pesos en reparación de daño en delitos como lesiones, amenazas y daño a propiedad ajena. Y así, citando al diputado del PAN, Cardona Benavides, en su primera glosa al frente de la Procuraduría de Justicia, salió “bien librada… (con el) sanseacabó”. SSPE: el juego de las cifras 
Para Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado, las comparecencias en el Congreso, los reclamos de la oposición y el protocolo de la glosa, no es nada nuevo. La del viernes 17 fue su séptimo año consecutivo rindiendo informe frente al Poder legislativo. Por cada cuestionamiento por parte de los diputados, De la Rosa buscó una salida. Si le reprocharon el número de víctimas en el Estado, el funcionario alegó que en Baja California se denuncia más; si se le señaló el incremento de delitos, el panista aseguró que es por la facilidad de denunciar. En fin, de uno y otro lado el juego de las cifras. El protocolo El mismo día que se realizó la glosa de la Procuraduría General de Justicia, solo por diferencia de horas, de la Rosa se apersonó al Congreso del Estado. Un mundo de colaboradores y asistentes llenaron gran parte de la sala de sesiones con sus computadoras portátiles que terminaron usando para chatear. El titular de la SSPE se acompañó de los subsecretarios y principales directores. En la misma mesa, Jesús Grijalva del Sistema Penitenciario, Nancy Medina del Centro del Control y Confianza y Carlos Besné Irigoyen, director de la Policía Estatal, entre otros. Mismos que colaboraron solo con la presencia. Además, asistieron en primera fila los diferentes encargados de la seguridad pública en cada municipio. Al respecto René Mendívil, diputado por el Partido Revolucionario Institucional, diría: “es una buena foto, esperemos que también sea un inicio de que estamos en coordinación plena”. El discurso oficial Según el acuerdo de la mesa directiva del Congreso Local, cada secretario de ramo o funcionario encargado de la glosa tendría hasta 30 minutos para exponer el estado que guarda la administración en el último año. Daniel de la Rosa utilizó su tiempo resaltando primeramente un “sistema transversal de derechos humanos” en sus policías. Dato por el que posteriormente sería confrontado. Antes de detenidos o cualquier otra información, el funcionario estatal mencionó además el “control policial” con el que actualmente cuenta y de la infraestructura tecnológica que posee el Estado, “de las más robustas del país”. En los datos operativos, De la Rosa resaltó los 3 mil 426 presuntos responsables que ha detenido la Policía Estatal en lo que va del 2014, 16 mil cartuchos decomisados, 421 armas, número similar al 80 por ciento de las armas que tienen las policías municipales de Tecate y Rosarito. Además 30 “operativos de enlace” con la detención de 108 prófugos extranjeros detenidos, mil 631 personas arrestadas por delitos contra la salud y 28 millones de dosis de diversas drogas, cantidad capaz –dijo– de abastecer a 76 mil “personas adictas por un año”. Otro dato relevante es que la PEP turnó en el 2013 ante la Procuraduría General de la República a 3 mil 53 presuntos delincuentes por delitos contra la salud (narcotráfico) es decir, el 6 por ciento del total de detenidos (47 mil 619) por este delito federal, en todo el país, lo aporta la PEP. Pero ni más cifras lograron convencer a algunos diputados. “Ofende a la inteligencia” Armando Reyes, diputado del Partido del Trabajo, en su turno, citó, reclamó, las quejas y los abusos policiacos y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad de la Ciudadanía, la cual expone que Baja California es uno de los Estados con mayor número de víctimas del delito por cada 100 mil habitantes. Reyes además citó a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio que dio a conocer la lista de las 10 ciudades con mayor incidencia de robo a comercio, situando a Tijuana en sexto lugar y a Mexicali en el noveno. Pero también hubo el recordatorio de que las extorsiones y los fraudes telefónicos se incrementaron. De la Rosa justificó que 98 por ciento de las extorsiones telefónicas provienen de penales de otros estados que no han establecido sistema de inhibición. De las cifras de abusos, justificó se han reducido en 46 por ciento a comparación del año anterior. Que incluso, uno de sus hechos es no generar la discrecionalidad de la actuación policial, sino establecer protocolos evaluables por los consejos ciudadanos y por los estándares internacionales de actuación policial. Por eso, el titular presumió su reconocimiento del tercer lugar en reinserción. Por cierto, en las penitenciarías del Estado hay 17 mil 348 internos, es la población per cápita más grande del país, solo por debajo de DF. Sobre el mayor número de denuncias de delitos, el secretario de Seguridad aseguró que se explica porque el Estado es de las entidades donde más fácil es levantar denuncias por la sistematización de los ministerios públicos, y donde menos cifra negra hay. Pero Reyes no se convenció y en su réplica manifestó: “la ciudadanía sigue reclamando seguridad, y reclama que se le hable con la verdad, las cifras que se maquillan ya no caben en la gente, ofenden la inteligencia de los ciudadanos”. El juego Y así se fueron más de dos horas de comparecencia. De un lado, cuestionamientos y dudas. Del otro, argumentos y justificaciones. Juan Manuel Molina, diputado del Movimiento Ciudadano remató: “El juego de las cifras siempre confunde a la ciudadanía, por eso es importante hablarle a la gente con la verdad”. Y en seguida preguntó sobre el delito de alto impacto. De la Rosa se limitó a decir: “No vamos a permitir (que regresen) los tiempos que se generaban los delitos de alto impacto”. Para David Ruvalcaba, diputado del PRI, la preocupación rodeó al nuevo sistema de justicia penal, por saber cómo había afectado la población penitenciaria. El funcionario explicó que como en el nuevo sistema la mayoría de los acusados libran el juicio en libertad se había reducido en Mexicali, de 4 mil 700 internos a 3 mil 426 desde la implementación. Y bueno, eso representa un “ahorro”, pues cada preso cuesta al Estado 136 pesos diarios, 21 pesos la comida. Las otras cifras Según los mismos datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública y la propia Procuraduría de Justicia, diversos delitos se han disparado en los últimos meses de la administración estatal, todos del fuero común. El secuestro se incrementó en un 58 por ciento, el de violaciones en 36.66 por ciento, homicidios en más del 20 por ciento, el robo en casi 7 por ciento, y “otros tipo de delitos” en 25.64 por ciento. René Mendívil en la glosa, explicó que el informe de Seguridad “era de altas exceptivas”: “No comparto las opiniones de algunos de mis compañeros…Lamento mucho que esto (la incidencia delictiva en alza) no haya venido integrado al informe que nos presentaron”. Y, bueno para no faltar a la rutina, De la Rosa dijo que existen “acontecimientos” ajenos a su gestión que terminan aumentando los números, por ejemplo, las deportaciones de connacionales y detenciones en otras entidades… la explicación, en todo caso –remató– “es multifactorial”. SEDESOE: esperan que sea un error También el viernes 17, y con horas de diferencia, Ricardo Magaña Mosqueda, secretario de Desarrollo Social del Estado compareció en el Congreso del Estado. El también ex diputado local por el PAN, ocupó la sala de sesiones con números grupos de empleados y varios beneficiados. Incluso llamó la atención de Carmen Frías del PRI, quien dijo irónicamente: “hay un público muy numeroso, desconozco por qué”. A diferencia de los demás secretarios, Magaña ni siquiera leyó, ni expuso su informe, esa tarea la dejó a un video proyectado de 26 minutos de duración, ilustrado con imágenes de beneficiados de los programas sociales, con música de fondo y video del gobernador y el secretario en colonias. De ahí se pudo saber que el secretario de Desarrollo Social, informó prácticamente todas las acciones con las que se aplicó el presupuesto asignado. Es decir, las tareas ordinarias para lo que se estableció el recurso. Una larga lista de montos y número de beneficiados. Por ejemplo, y el más representativo, el costo del programa “De la mano contigo”, al cual se destinaron 180 millones de pesos, beneficiando a 180 mil personas. Magaña -más bien el video- presumió los 39 mil kilos de frijol, lentejas y arroz que se vendieron a bajo costo a población en situación pobreza. O bien, los 2 mil 100 apoyos en viviendas por un monto de 4 millones de pesos. Obras comunitarias, “programas productivos”, cursos, atenciones psicológicas, diversos apoyos y recursos por 67 millones de pesos del Programa Hábitat (recursos federales) fue lo que escucharon durante media hora los diputados. En cuanto terminó la parte oficial los cuestionamientos hacia el titular se enfilaron por más de 4 horas. Carmen Frías del PRI preguntó sobre el descuido y la falta de control en las casas hogares por parte del DIF en el Estado, la falta de apoyo por parte del gobierno estatal pues incluso, a las instituciones se les suspende la energía y el agua por falta de recursos. En su momento, el director de DIF, Héctor Rivera, alegó que muchas organizaciones que atienden niños piden no se les apoye. ZETA documentó y publicó un reportaje extenso hace un par de meses (edición 2103, semana del 18 al 24 de julio de 2014) sobre la situación de los niños huérfanos y que están bajo la custodia del gobierno estatal. Se tituló “Maltrato Infantil y Negligencia; Estado abandona a sus hijos”. Luego de cuestionamientos por parte de los diputados y mencionando a la prensa como quienes han reportado los casos, el director del DIF dijo que no se le podía “tomar literalmente” al periódico sin referirse al reportaje de esta casa editorial. Magaña constantemente tuvo que ceder la palabra a Rivera para contestar recurrentemente la preocupación de los menores en situación de abandono o el caso de los niños remitidos al DIF por supuesta omisión de cuidado mediante denuncias anónimas. Nereida Fuentes en su momento, pidió una aclaración al funcionario panista pues en el informe se describía que Desarrollo Social está visto como las políticas públicas que resuelven las necesidades inmediatas del sector vulnerable. La legisladora expresó que desearía que fuera un error el que el Gobierno vea a la secretaría como quien va solucionar en la inmediatez las carencias, y no un brazo para erradicar la pobreza. En su respuesta, Magaña afirmó que no se trataba de un error y que tal como se describía en el informe así era visto por el gobierno del Estado. “Es una lástima”, contestaría la priista. Otro de los constantes cuestionamientos fueron los apoyos para las organizaciones de la Sociedad Civil. En el mismo sentido que hace un par de semanas, ZETA publicó (edición 2113, semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2014) que organizaron afines al PAN y al gobierno son las más beneficiadas. Entre ellas sobresale la Asociación para el Mejoramiento de Baja California que fundó María Yolanda Gaona, directora de Sociedad Solidaria, oficina de SEDESOE, encargada de gestionar y repartir los recursos económicos a las OSC. La asociación que fundó y presidió Gaona tuvo un solo apoyo por más de un millón de pesos de la Secretaría en la que ella trabaja. Muchas de las dudas de los diputados fueron dirigidas en ese sentido; que se aclarara la manera de la repartición de los montos. Magaña dijo que todo era transparente y se le proporciona a quien cumpla los requisitos. Desde las cinco de la tarde que inició la comparecencia, un grupo de padres de menores y adultos con discapacidad, se sentaron en la sala del Congreso para pedir una audiencia con el secretario de Desarrollo Social, quien –según explicaron– no los ha recibido con anterioridad. A mitad de la sesión, los padres, quienes representan diferentes asociaciones civiles, pidieron el uso de la voz para exponer su problemática. La presidenta de la comisión, la diputada Rosa Isela Peralta les pidió esperar al término de la comparecencia para hacer uso de la voz, pero cuando la reunión finalizó y pese a la insistencia de un grupo de madres de familia, la diputada dio por terminada la sesión y posó para fotografiarse junto a sus compañeros legisladores, mientras los padres se acercaban a la tribuna para pedir hablar con Magaña. “Qué lástima que no les interese el tema de discapacidad cuando destinaron todos sus recursos a un CRIT. Aquí están las mamás con sus niños con discapacidad”, rogaban las personas ser escuchadas. Rosa Isela gritó y alegó para defender a Magaña y disuadir la petición. “Para los organismos civiles no es fácil, ni para la ciudanía en general, llegar a los diputados. Después de dos años de solicitar al Congreso el presupuesto nos dicen que éste es el momento de solicitarlo y la vía es el secretario de Desarrollo Social, por eso estamos en su comparecencia”, insistían las personas. Parte del grupo a quien no se le dio la palabra expresó: “Le venimos a pedir que se solicite el presupuesto necesario y acorde a lo que tiene que ver con la discapacidad. Necesitamos que pida un presupuesto que cubra las necesidades en materia laboral, transporte, sobre todo que sea equitativo. BC es el estado con mayor índice de discapacidad en el país”. Los activistas y padres de niños discapacitados, algunos de ellos en sillas de ruedas durante las 4 horas de la comparecencia, expusieron: “Nos acaban dando las sobras y no tenemos tiempo, los papás no pueden con sus hijos, se hacen adultos mayores porque los hijos no se quedan como niños. Los recursos se van a ir a Teletón y a nosotros nos van a dejar sin esos recursos, necesitamos que nos apoyen, es responsabilidad del gobierno atender la discapacidad”. Por último, se refirieron a los apoyos que en lugar de ser destinados a organizaciones como las suyas, son entregados a equipos de básquetbol y béisbol en Mexicali: “sabemos que a pesar de que es una asociación civil, es una marca rentable apoyada por empresas y comercios porque no regalan ni un boleto ni una camiseta, yo les he ido a pedir para mi asociación y no nos dan nada”. Magaña respondió un tanto golpeado: “Cada centavo que te entrego es una contraprestación que le vas a hacer a la Secretaría. Es una polémica de una persona con una asociación a quien le quite 400 mil pesos… yo sé que es una grilla que trae esa persona”, dijo refiriéndose al contenido del reportaje de ZETA. Luego justificó los millones de pesos con que apoya a los Soles (el equipo de básquetbol) “nos dan boletos para la gente de alta marginación en las colonias que los niños también pueden ir a verlos, la contraprestación de Soles y Águilas es darme boletos para ir a las zonas más vulnerables y llevar a los niños a que conozcan el estadio”. Finanzas: pretextos de Valladolid En el turno de comparecencia frente a los diputados con motivo de la glosa del informe de gobierno, Antonio Valladolid Rodríguez, titular de la Secretaría de Presupuesto y Finanzas, justificó su año frente a la dependencia, pues se ha dedicado más a planear los años que vendrán. El martes 21 de noviembre, Valladolid declaró que el Estado tiene una deuda al 2014 de 16 mil 357 millones de pesos. Más de la mitad de este pasivo (9 mil 179 millones de pesos) lo concentra el gobierno estatal. De las cifras que el funcionario expuso, se puede establecer que del 2013 al 2014, es decir, en lo que lleva su administración, ha crecido la deuda pública en más de mil 700 millones de pesos, pues en 2013 se contaba con una deuda únicamente del Gobierno del Estado de 7 mil 417 millones de pesos. Valladolid se justificó alegando que el Estado tiene una alta calificación crediticia y como ente financiero era sujeto a créditos. Actualmente el 2.1 por ciento del presupuesto del Estado se destina en el costo del servicio de deuda. Valladolid compareció frente a 14 diputados, entre ellos los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Un grupo de inconformes interrumpieron a secretario en el salón de sesiones del Poder Legislativo cuando éste aseguró que no hay presupuesto para jubilar a los maestros ni cubrir los rezagos que tiene el Estado con el magisterio. Valladolid argumentó que “no hay dinero que alcance” para el sistema de jubilaciones y pensiones en el Issstecali y lo calificó de “insostenible”. Por ello, advirtió, el ejecutivo enviará al Congreso del Estado una propuesta para reformar la Ley de la Institución. En su momento, el diputado del Movimiento Ciudadano Juan Manuel Molina exigió a Valladolid que estableciera un calendario para poder jubilar a los más de 4 mil trabajadores que ya han alcanzado sus derechos a la jubilación. El funcionario no se comprometió y se declaró imposibilitado, incluso advirtió que en los próximos años la situación será peor. Juan Manuel Molina explicó que es preocupante la deuda de los ayuntamientos hacia el ISSSTECALI, ya que se le debe un monto de 2 mil 700 millones de pesos, sobre todo, de los pasados administraciones municipales que acrecentaron la deuda en mil 200 millones de pesos. “Yo cuestioné al secretario del por qué si se retuvo las cuotas a los trabajadores en los ayuntamientos y no se pagó a ISSSTECALI, no hay por su parte denuncias penales pertinentes por daño presupuestal…el secretario pudo asentar la razón”, declaró el diputado del Movimiento Ciudadano a ZETA. Para la diputada Nereida Fuentes, secretaria de la Comisión (Rosalba López Segura del PAN, quien es presidenta, no cuestionó), las noticias de Valladolid solo evidencia que las promesas del gobierno del Estado en dos temas, simplemente no se cumplieron. La legisladora del PRI, explicó que en el ejercicio de las fianzas estatales; nada de la “pregonada austeridad” y nada sobre “saneamiento financiero a las paraestatales” tal como se comprometió e incluso se presupuestó Rueda La última comparecencia ante el Congreso fue por parte de Francisco Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno. Prácticamente, el funcionario del Estado realizó una recapitulación de los temas más importantes de los secretarios del ramo. Rueda aprovechó para desmentir que el Nuevo Sistema de Justicia Penal sería cancelado por el gobierno del estado. Sin embargo, el diputado Molina, cuestionó lo lento que la sub secretaría de enlace, a cargo de Raúl Castañeda lleva los trabajos en la Comisión para concretar los proyectos del sistema.
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