En medio de la insalubridad, la destrucción, la desesperación y la inseguridad que imperan en Baja California Sur, el súper Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong habló por teléfono con Joaquín López Dóriga en televisión nacional la noche del miércoles 17 de septiembre para asegurar que ya iniciaron las labores de reconstrucción, y que todo está bien en el extremo sur de una península devastada por el huracán Odile. Otra vez el gobierno federal pretende resolver con discursos huecos otro desastre nacional, como ha pasado con el desbarranco del poder adquisitivo, el narcotráfico que sigue su sangrienta expansión en México, o, para poner un ejemplo muy similar, los estragos provocados por los huracanes Manuel e Ingrid en Acapulco el año pasado, de los que aún los pobladores afectados no se han recuperado. Según los dichos de Osorio, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto aprendió de los errores en Guerrero 2013 y ahora actuó con mayor prontitud. Como ejemplo el señor secretario se remitió a los números. Dijo que en cuanto a los turistas, mientras el año pasado en las primeras 48 solo se rescató a 500 de la zona siniestrada, esta vez pusieron a salvo a más de 5 mil viajeros en el mismo espacio de tiempo. Sin embargo, el secretario está faltando a la verdad, o por lo menos está evadiendo ser preciso, porque la realidad es que las autoridades pudieron haber hecho más y han sido esos mismos paseantes convertidos en damnificados temporales quienes han hecho los justos reclamos ante la incapacidad federal. Con sus testimonios, muchos turistas, al arribar a Baja California, aseguraron haber pedido información para abandonar el estado el domingo 15 de septiembre, cuando las autoridades ya sabían que el fenómeno meteorológico tocaría tierra en la noche. La respuesta oficial fue que todo estaría bien. A la par meteorólogos locales empezaron a informar en las redes sociales la gravedad del desastre que se avecinaba entre las 11 de la noche del sábado 13 y la una de la mañana del 15 de septiembre, anuncio que la Conagua hizo oficial hasta el domingo cerca del mediodía. El asunto es que mientras la compañía de teléfonos enviaba a sus técnicos previendo la caída de los sistemas, en tanto, los gobiernos locales evacuaban zonas de riesgo, suspendían clases y la ceremonia del grito. Esto significa que el gobierno federal supo durante más de 24 horas de la catástrofe que se aproximaba y no tomó las debidas precauciones, mandando personal para anticipar los estragos del fenómeno. No envió con tiempo soldados y marinos para prevenir la violencia y ayudar a los damnificados, tampoco a gente de Pemex o de la Comisión de Electricidad para que agilizara la reinstalación de los servicios, o personal que pudiera apoyar en la restitución de los servicios de agua. Como en 2013, mientras Acapulco era abatido por el diluvio, a un año de esa tragedia y en la antesala de Odile el Presidente mexicano decidió el domingo protagonizar la ceremonia del grito, el lunes estuvo en el desfile, y al día siguiente pidió permiso al Senado de la República para salir del país del 19 al 25 de septiembre al debate general del 69 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos. Así de preocupado está por los sudcalifornianos. Cierto, con el súper Secretario plenipotenciario Osorio Chong pareciera –conste, pareciera– que poco o nada es lo que hace el licenciado Enrique Peña para gobernar el país. También es verdad que el gabinete realiza un esfuerzo titánico por separar la imagen de titular del poder ejecutivo de las noticias desagradables que ya son cotidianas en México, entre las cuales está el basurero en que quedaron convertidos los municipios sudcalifornianos a principios de esta semana. Los sudcalifornianos –no solo los turistas– enfrentan el peor desastre de su vida, y requieren acciones, soluciones, no verborrea presidencial. O como dijo el gobernador Marcos Covarrubias, “Baja California Sur merece el respeto y el esfuerzo de todas las instituciones de gobierno para enfrentar la situación de emergencia que vive en estos momentos”. Al momento los comercios de La Paz y Los Cabos ya fueron saqueados por una turba al parecer incontrolable, aunque finalmente la federación anunció que enviaría elementos de las fuerzas armadas; y justo cuando líderes gasolineros afirman que solo queda combustible en 7 establecimientos, Pemex boletinó que el abasto está asegurado, y mientras los empresarios no empiezan a contabilizar siquiera los daños, la secretaria de economía y Hacienda ya anunció –otra vez palabra– que se otorgarán créditos y facilidades, aunque se ahorran el cómo, el cuándo y el cuánto. De la luz y el agua aún no se ve claro, ni siquiera hay compromisos específicos del gobierno en cuanto a tiempos, además, sin haber terminado de revisar las zonas siniestradas –porque el Gobernador ya reconoció que hay puntos a donde no han llegado– el Presidente se adelantó a decir que hay saldo blanco, sin haber, siquiera, explorado la vasta zona rural que ante la estrecha mirada del gobierno federal parece no existir en Baja California Sur. Ahora, lo que resta es esperar para ver si las promesas de apoyar económicamente la reconstrucción se concretan, o si termina sucediendo lo mismo que pasa cada año con los recursos federales: el dinero prometido y comprometido en diciembre, llega a los estados hasta octubre del año siguiente. Para entonces Baja California Sur ya estaría enfrentando el cierre de la temporada de huracanes 2015, quizás sin haberse recuperado del todo de un Odile muy anunciado.
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