Los daños estructurales detectados en el estacionamiento público subterráneo de Palacio Municipal de Tijuana, podrían llevar a su clausura y hasta la revocación de la concesión entregada a 30 años a la empresa MAKRO, por incumplir con las especificaciones del contrato. Tanto la Sindicatura Procuradora como la Consejería Jurídica del XXI Ayuntamiento, analizan tanto la obra física del edificio subterráneo de dos niveles, como los términos de la concesión efectuada hace cinco años. La investigación se centra en hacer valer las especificaciones técnicas y legales puntualizadas en el contrato. Es así como la autoridad municipal encabezará peritajes técnicos para determinar la calidad del inmueble, el cual, sin estar concluida su edificación opera desde diciembre de 2011. A la par, el área jurídica, a cargo de Gerardo Herrera, revisa las fianzas, si las hubo, así como las condiciones y el cumplimiento del convenio de concesión. La concesión de la obra se entregó en 2009 y fue muy cuestionada, sobre todo por los antecedentes de incumplimiento de contratos por parte de la empresa. Los vicios ocultos de la obra saltan a la vista y son múltiples, por lo que se considera una edificación insegura. De ahí que el gobierno de Jorge Astiazarán haya optado por no realizar eventos masivos en la plancha superior del estacionamiento, la cual está destinada a ser plaza pública. El estado actual del inmueble supone un riesgo a la seguridad de los usuarios del estacionamiento por lo que, de ser necesario, se procederá a suspender su operación, advirtió el director de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora, Omar Durán. La mala calidad del lugar se hace evidente en el mal sellado e inadecuada impermeabilización. La humedad ya terminó por corroer el acero, hay fisuras en los trabes, hundimientos y separación de bloques en diversos puntos, aspectos que debilitan la estructura del inmueble. La obra se sostiene con soportes metálicos provisionales en puntos clave de sus dos niveles, esto obstaculiza un sentido del tránsito vehicular, por lo que usuarios utilizan un mismo carril para subir y bajar en zona de curva, con el riesgo que ello implica. Una columna circular en medio de rampa obstruye también el flujo vehicular, otra muestra de la improvisación del diseño de construcción del edificio. Del estudio, también se observó cambio de niveles en losa de explanada y la elaboración de zapata en sótano, cuya causa podría ser hundimiento del edificio o excesiva carga. Un estudio de mecánica de suelo, determinará si el terreno fue bien compactado y contó con el correcto grado de humedad para asentar ahí un estacionamiento de dos niveles, con una capacidad para albergar 742 vehículos. Por si fuera poco, la rampa externa para el tránsito de personas con discapacidad, está separada por 30 centímetros de la plancha superior del estacionamiento. Todo ello se constató en un recorrido el 24 de septiembre de 2014, encabezado por Omar Durán y personal de obras públicas de la Sindicatura Procuradora, derivado de una denuncia ciudadana. Pero también, la mala calidad del estacionamiento subterráneo ubicado a un costado de Palacio Municipal, afectará el proyecto del Zócalo 11 de Julio, anotó Enrique Mier y Terán, tesorero del patronato. Por ello conminó a las autoridades municipales se obligue a la empresa Administradora de Obras y Concesiones, Sociedad Anónima de Capital Variable (AOCSA), mejor conocida como MAKRO, a cumplir con las especificaciones técnicas en la construcción del edificio. Una de las condiciones del contrato que el XIX Ayuntamiento concesionó a MAKRO, precisó, fue que se apegara al proyecto ejecutivo del Zócalo 11 de julio, aspectos técnicos que no se llevaron a cabo. Otro de los incumplimientos de la empresa es que desde inició operaciones, hasta la fecha, no ha otorgado el 5 por ciento de sus ingresos al patronato, otra de las especificaciones de su contrato.
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