A pesar de haberse inscrito en las nóminas gubernamentales desde los 21 años, Antonio Valladolid Rodríguez -actualmente de 41 años- no termina de entender que la única razón por la que sus acciones interesan a la opinión ciudadana, y por lo tanto a Semanario ZETA, es porque desde sus cargos ha dispuesto y dispone, de recursos públicos. Dineros o empleados que se pagan con los impuestos que cuestan a los contribuyentes sudor y sangre, recursos que sin el menor decoro, más de un funcionario malgasta, o utiliza para obtener beneficios personales. Como actual secretario de Finanzas de Baja California, Valladolid es el principal responsable de vigilar el correcto manejo de los millones de pesos del Estado. Y en tan delicada función, se ha convertido durante 2014, en el primero del gabinete de Francisco Vega de Lamadrid, en ser acusado ante un tribunal. La empresa Troquelados e Impresos, S.A. de C.V. se amparó (507/2014), acusándolo de haber asignado irregularmente un contrato por 16.4 millones de pesos -para hacer las láminas de identificación para autos-. Cancelaron la licitación porque no tenían dinero y, un mes después, el gobierno entregó el contrato directamente a otra empresa que ni siquiera había participado en el primer concurso. Como obliga el trabajo periodístico, ZETA atendió a quienes se dijeron agraviados, dio a conocer la denuncia, publicó los documentos que la respaldaban y buscó a los funcionarios señalados para tener su versión. Este Semanario no señaló al licenciado Valladolid. Lo acusaron los representantes de las empresas que se consideraron afectados. En el caso del contrato para “Suministro de Licencias de Conducir para el Estado de Baja California, a través de la Implementación del Nuevo Sistema Biométrico Multimodal” (consta del almacenaje de la fotografía, registro del iris en ambos ojos, huellas digitales. geometría de dedos, patrones de voz, rasgos faciales y otros), la empresa ImageWare Systems, Inc. emitió un boletín que replicó la prensa de Estados Unidos, en el cual informó que haría las licencias de Baja California cobrando un millón de dólares (con lo cual ya obtiene ganancia). Para el contrato se había asociado con Funciones Ocupacionales Insha, S.A de C.V., la cual cobraría 10 millones de dólares al gobierno estatal. Como parte de la responsabilidad informativa de este Semanario, cuatro temas no se pudieron obviar: actualmente las empresas estadounidenses no pueden concursar en estas licitaciones del Estado de Baja California; la compañía “ganadora” estará triangulando porque no tiene la capacidad para dar el servicio; Insha venderá a 10 dólares licencias que se producen con un dólar; y la licitación de las licencias se promovió desde la secretaría que encabeza el licenciado Valladolid. Así que Finanzas tuvo por lo menos tres votos dentro del comité valuador. De nuevo, no se trató de reporteros interesados en la vida del secretario de Finanzas, sino de una empresa estadounidense haciendo públicos datos que exponían información que evidencian un presunto abuso del erario que debía ser investigado y publicado. Tan existe la turbiedad que para aclarar, los diputados del Congreso del Estado acordaron citar a comparecer a los encargados de las dos entidades que participan permanentemente en el comité responsable de las licitaciones, el licenciado Antonio Valladolid y la oficial mayor, Loreto Quintero. Pese a lo anterior, cuestionado por el periódico Frontera en Tijuana, el licenciado Valladolid tuvo la puntada de negar las inconsistencias en el proceso de licitación y trató de justificarse al responsabilizar a ZETA, de tener la “intención dolosa de perjudicar” su imagen, como si lo importante fuera él, y no los 123 millones de pesos del pueblo que podrían malgastarse. Fue más lejos y decidió revolver la gimnasia con la magnesia, y remitirse a un tema diferente, al referir que el 26 de junio de 2012 había presentado contra este periódico, la denuncia 81/12/204/AP por difamación y calumnia, datos que seguramente traía preparados para presentar en su defensa, eso, o no puede sacar el asunto de su cabeza. De esto último vale recordarle al secretario, que también en aquel 2012, no fue ZETA, sino los señores Gustavo Gómez Rojas y Filemón Bustos quienes lo acusaron por supuestas amenazas de muerte, tráfico de influencias (ante PGR) y el uso de su jefe de escoltas y elementos de la PEP para tratar de amedrentarlos, en medio del pleito legal que el funcionario y unos primos llevan con los quejosos por 100 hectáreas en la zona de la Presa en Tijuana. También es necesario rememorar que en esa ocasión, no denunció a ZETA. Tuvo la ocurrencia de pagar en el mismo periódico Frontera y además en El Mexicano, dos desplegados para acusar la supuesta animadversión de la codirectora de este Semanario, y presentó denuncia pero contra la reportera que redactó la nota, para lo cual usó sus influencias y logró que fuera citada por la PGJE con inusitada rapidez, 24 horas después. Lo que olvidó mencionar el funcionario fue que después se desistió de la denuncia contra la periodista y acordó con sus únicos acusadores -los señores Gómez y Bustos- que no habría más acciones hasta que un juez determinara la propiedad del terreno que originó el conflicto del empleado de gobierno. Entonces, secretario Valladolid, como un medio de comunicación serio con una historia de 34 años de compromiso con una sociedad informada, acostumbrada a denunciar, le reiteramos que nosotros no desistiremos. Cumpliremos con nuestra función de mantenernos abiertos a los ciudadanos sometidos a situaciones de injusticia, de evidenciar irregularidades, en el ejercicio de nuestro legítimo derecho a la libre expresión. No estaría de más que Usted hiciera lo mismo, en lugar de tratar de justificar las inconsistencias de algunas acciones de gobierno, denostando a un medio de comunicación que funciona como mensajero de una sociedad que justificadamente, exige funcionarios que sirvan al pueblo, no que se sirvan de ellos.
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