En una larguísima sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica, que preside estatalmente el empresario mexicalense Jonathan Díaz Castro, y donde participaron, además, los consejeros de las cinco municipios, fue encabezada por el gobernador Francisco Vega De Lamadrid. En su intervención, el presidente del Consejo mencionó la importancia de abordar el tema migratorio, al que caracterizó como un problema controversial “son connacionales deportados y que están buscando regresarse”, dijo Díaz Castro en alusión a que se trate de delincuentes. “Es un tema de percepción social”, añadió, refiriendo que se debe buscar cómo se atiende a ese sector. Por su parte, el gobernador dijo estar convencido que la participación ciudadana en conjunto con la autoridad estatal da buenos resultados. Díaz Castro abundó que el robo domiciliario es uno de los principales delitos que se cometen, igualmente mencionó el uso de armas de fuego y la violencia intrafamiliar como elementos recurrentes. Por eso, incluyó tres líneas de acción básicas, como el reducir el flujo de armas de fuego, el inhibir la violencia intrafamiliar y aminorar el consumo de drogas. Insistió en la necesidad de concretar el Consejo contra la violencia intrafamiliar y uso de drogas, y además de los llamados Tribunales de Drogas 
Díaz Castro presentó un informe financiero insistiendo en la dificultad que representa el trabajo sin muchos fondos. “La mejor manera de prevenir un delito de alto impacto como el secuestro es precisamente esto que se está haciendo, la vinculación de los tres órdenes de gobierno con la sociedad”, añadió el ex procurador capitalino y ahora titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia. Durante la sesión del Consejo Ciudadano irrumpieron maestros del Movimiento de Resistencia Magisterial para insistir en las críticas contra la reforma educativa y a su vez un grupo de ciudadanos –integrantes de los Consejos de Participación- se quejaron por no haber sido tomados en cuenta para plantear directamente su problemática. Finalmente, Rebeca Maltos, del grupo Gente Diversa, planteó la necesidad de concretar la vigencia de la Ley de Atención a Mujeres por una vida Libre de Violencia, reclamando la necesaria instalación y funcionamiento del Sistema Estatal por una Vida libre de Violencia –que debe convocar el Gobierno del Estado- a lo que el gobernador Kiko Vega se comprometió, a través de la Procuradora de Justicia del Estado, para convocar la necesaria sesión. 
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