En la primera semana de febrero de 2014, la petición de las empresas de transporte público en Ensenada para incrementar las tarifas a los usuarios de 10 a 13.50 pesos, fue entregada en las oficinas de la Secretaría General del Ayuntamiento. Los firmantes de la petición eran los representantes de cada una de las empresas concesionarias, entre ellos, Columba Domínguez Delgadillo, de la Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos Microbuses de Primera Clase de Ensenada, S.C.L de C.V., mejor conocidos como microbuses amarillo-blanco. En el espacio de Domínguez Delgadillo, otra persona había signado por ella, una rúbrica Por Ausencia o P.A. No obstante su nombre aparecía ahí, respaldando la petición del incremento a las tarifas. Los otros firmantes eran representantes de las empresas Transportes El Vigía S.A. de C.V.; Sociedad Cooperativa de Transportes de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V.; y Transportes Brisa, S.A. de C.V. Además de pertenecer a la cooperativa de microbuses amarillo-blanco, Domínguez funge como regidora en el XXI Ayuntamiento de Ensenada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde el inicio de la administración, diciembre de 2013, en el jaloneo por la designación de los coordinadores de las distintas comisiones del Cabildo, Columba logró obtener la coordinación en la Comisión de Salud y Asistencia Social, así como la de Seguridad, Tránsito y Transporte. Esta última comisión se encarga de analizar las solicitudes de las empresas del sector transportista en el tema de las tarifas para la ciudadanía y, en el caso particular de la solicitud enviada en febrero de este año por parte de los transportistas, pidiendo a las autoridades municipales incrementar en un 35 por ciento las tarifas actuales, la regidora Columba se convirtió en juez y parte del proceso. En un inicio, regidores que participan en las reuniones de dicha comisión, aseguraron a ZETA que Domínguez Delgadillo se había involucrado en el tema del incremento a las tarifas, al grado de que no sabían si hablaba en nombre de su empresa, o en su carácter de regidora. Sin embargo, luego de hacerse pública la solicitud enviada por el sector transportista al Ayuntamiento, se apartó del proceso. Actualmente, al interior de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, es el regidor Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos, del Partido Encuentro Social, quien como secretario de dicha comisión, encabeza la revisión de la solicitud de incremento a las tarifas. Esto no elimina la votación de su compañera en la aprobación o rechazo a las tarifas del transporte. La funcionaria simplemente votará, y así lo dijo, en abstención. En el resto de temas vinculados al transporte público, Domínguez sigue siendo coordinadora de la comisión, aun cuando pertenece al sector transportista, a pesar de las recomendaciones del síndico social Félix Ojeda y del síndico procurador Iván Barbosa, de que para evitar especulaciones, debería ceder la coordinación a otra persona. Cuestionada directamente por ZETA, la regidora no dio señales de dejar la comisión, y confirmó que el único facultado para removerla es el alcalde Gilberto Hirata, quien no ha solicitado su salida. Mientras el incremento a las tarifas es revisado al interior del Cabildo, otros dos temas relacionados con el transporte han derivado en problemas en la actual administración de Hirata, uno de ellos incluso paralizó por completo, durante más de una hora, el funcionamiento del gobierno municipal. La manifestación de decenas de transportistas, encabezados por el líder estatal del gremio, Raúl Carrillo Espinoza -de la Unión de Transportistas del Estado de Baja California o UTEBC- y el cierre de calles con camiones de pasajeros alrededor de las instalaciones de la delegación de Maneadero, donde estaba programada una sesión de Cabildo el 16 de julio, pusieron en evidencia la falta de diálogo entre los transportistas y el gobierno local. El motivo de la inconformidad, explicó Carrillo, era un punto de acuerdo que pretendía subir la regidora Columba, donde favorecían la concesión a una empresa de transporte en la región de San Quintín, sin que se hubieran cumplido los procedimientos que por Ley deben seguirse antes de la entrega de una concesión. Columba negó que el asunto se subiría, pues no estaba incluido en el orden del día. Días después de la sesión de Maneadero, donde la concesión a la empresa Transportes Núñez de San Quintín, S. de R.L. de C.V. no se concretó, ZETA obtuvo documentos de la comisión encabezada por la regidora, los cuales exhiben que sí tenían analizado y aprobado el tema de la concesión a esta empresa, en una ruta que sería denominada Corredor El Sauzal-El Rosario. El asunto quedó paralizado y, a decir por Domínguez Delgadillo, continúan analizándolo. Una papa caliente que ahora tiene inconformes no solo a los integrantes de la UTEBC, sino a los propios empresarios de Transportes Núñez. Esta semana, otro problema vinculado al transporte salió a la luz, con los tours para los visitantes de cruceros. Al igual que en el caso de Núñez, la falta de diálogo del Ayuntamiento, la presión del sector transportista local admitida por Hirata y el rechazo al arribo de nuevas empresas interesadas, provocó un enfrentamiento con la empresa naviera Carnival Cruise Lines. Ante las negativas del Ayuntamiento, Carlos Torres de Navarra, vicepresidente de Operaciones Comerciales Portuarias de Carnival, envió una carta a Claudia Ruiz Massieu, secretaria federal de Turismo, expresando su inconformidad y solicitando su intervención. En su mensaje, Torres refiere: “… uno de nuestros operadores de tours reunió todos los requisitos legales para poder prestar una nueva experiencia a nuestros pasajeros, encontrándose con una negativa para obtener los permisos y licencias necesarias para su prestación. De la misma manera nuestro consultor para México tuvo diversas entrevistas con las autoridades municipales, obteniendo la misma respuesta: ‘no permitiremos nuevos tours prestados por empresas que no sean locales’”. Cuestionado al respecto el miércoles 6 de agosto, el alcalde de Ensenada aseguró que los permisos que requieren estas empresas son del orden federal, sin embargo, admitió presiones del gremio transportista de Ensenada, para evitar que se les otorgaran los permisos. Los conflictos del transporte que se han manifestado en los primeros nueve meses de gobierno de Gilberto Hirata Chico impactan a la economía local. Aunque las tarifas al transporte siempre van en aumento, el sector transportista no ha cumplido sus compromisos. El retraso en la entrada de nuevos camiones en la región de San Quintín, han frenado la libre competencia, y la negativa del arribo de otras rutas de transporte y tours ofertados al turismo, han puesto en jaque las relaciones entre el gobierno local y la empresa Carnival, que en octubre próximo tiene previsto renegociar con las autoridades locales sus arribos para 2015. “Esto es una señal sumamente negativa para nuestra decisión de duplicar la capacidad de arribos para Ensenada, dicha señal no solamente se circunscribe a la falta de un Estado de Derecho (indispensable para poder continuar efectuando inversiones en México), sino que también denota una falta total de interés por parte de todas las autoridades que convergen en Ensenada (unas por acción y otras por omisión)”, informó Carnival a la Secretaría de Turismo.
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