Cuando el Presidente Municipal de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, decidió pedirle la renuncia al Capitán Eduardo Montero, fue una decisión que no consensuó al interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Tampoco les pidió opinión, ni al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, ni al Comandante de la II Región Militar, General Augusto Moisés García Ochoa, mucho menos al Comandante de la II Zona, General Gabriel García Rincón. A diferencia de cómo se hacía en el pasado, cuando existía una real coordinación y los mandos eran confirmados por el Consejo, Silvano Abarca se fue por la libre. Pero con una clara intención de manipular a la opinión sobre lo contrario, cuando desde el Ayuntamiento de Rosarito dieron cuenta del nombramiento de Joaquín Antonio Olea López como nuevo director de Seguridad Pública Municipal, en nombre del alcalde explicaron que tal nombramiento había sido consensuado con la II Región Militar, lo cual, aseguran en los círculos militares, es falso. Además, ha sido el hecho que formó un halo de desconfianza hacia el quinto municipio en términos de combate a la inseguridad, pues, se recordará, ahí ha sido semillero de policías corruptos, los cuales incluso, intentaron en diciembre de 2007 acabar con su vida. Y mientras Silvano Abarca lo renunció, observan en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que la depuración no ha llegado a la corporación rosaritense. Tampoco la disminución de la comisión de delitos en aquella localidad.
Publicidad
