El regreso de “Los Erres”

Desde noviembre de 2013, Javier (Pedro) Beltrán “El Javi” fue ubicado y expuesto por el Consejo Estatal de Seguridad como uno de los responsables de los cientos de asesinatos ocurridos en Baja California. Contrario a otras células del cártel sinaloense que se mueven mayormente en la zona costa de la entidad, este grupo tiene influencia en Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y el municipio de Mexicali, porque opera delictivamente para José Antonio Soto Gastélum “El Tigre”, quien tiene su centro de operaciones en la capital del estado, y fue precisamente desde ese municipio que, según reportes de las áreas de  inteligencia del Grupo Coordinación, pagó abogados y jueces para liberar a diez presuntos criminales que en 2010 estuvieron ligados al equipo criminal de Eduardo García Simental “El Teo”. Ahora refieren en el Consejo de Seguridad: los integró como matones al grupo de los hermanos Beltrán Cabrera, identificado por las autoridades como “Los Erres”. Estos hombres habrían sido liberados para que Soto Gastélum amplíe su zona de influencia en el narcomenudeo y para combatir a los grupos homicidas de Alfonso Lira Sotelo “El Atlante” con quien “El Tigre” y los hermanos Beltrán Cabrera, protagonizan una pugna a muerte. Para “Los Erres”, el pleito data de la noche del sábado 11 de mayo de 2013, cuando asesinaron a José Antonio Beltrán Cabrera “El R4”, secretario criminal y particular de José Soto, al entrar a una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Residencial Sevilla de Mexicali. A partir de entonces, su hermano Javier Adrián Beltrán Cabrera adoptó el alias “R4” y el puesto criminal del muerto; también lo identifican con la clave “Pedro” y, de acuerdo con las autoridades, está fortaleciendo su equipo de matones. Todo esto, para vencer a los grupos de Alfonso Lira, objetivo que comparten con las células criminales de Alfonso Arzate García “El Aquiles”.  Dato que detectaron la noche del domingo 10 de agosto de 2014, tras el intento de asesinato de un hombre en el interior de los mariscos Negro Durazo en la delegación Otay de Tijuana. La víctima resultó ser un presunto operador de “Los Aquiles”, y el hombre que encabeza la venta de “cristal” en los Módulos de esa zona para esta fracción del cártel sinaloense. El victimario admitió  servir a operadores de “El Atlante”.  “Los Erres” En el caso de los servidores delictivos de Javier Adrián Beltrán Cabrera, las autoridades reconocen que siguen muy activos en el tema de homicidios, a pesar de los constantes patrullajes de las policías preventivas y la orden de los cabecillas del Cártel de Sinaloa de no calentar la plaza. Conforme a los reportes de la áreas de inteligencia, “Los Erres” funcionaron hasta ahora encabezados por uno de los medios hermanos de Los Beltrán, Isaac Alhiu Chávez Cabrera “El Alio”, además, están integrados Salvador Eduardo Zavala Narváez “El Chava” (detenido el 5 de mayo de 2008 y liberado), Aldo Arellano Rodríguez “El Gerber” (detenido en agosto de 2013 y liberado) y Alexander Paúl Valdez Ortega (presuntamente involucrado en la balacera contra las instalaciones de la delegación de Policía en Centenario, en abril de 2008). De este último, las autoridades analizan información que indica que posiblemente haya cambiado de célula, pero como han sido mermados, Soto Gastélum decidió fortalecerlos con los diez secuestradores “Teos” liberados. Además de los asesinatos de narcomenudistas, a este grupo se le involucró en el asesinato del policía municipal Raúl Ruiz Martínez, ocurrido el 21 de agosto de 2013, y el secuestro de un comerciante en la unidad habitacional Infonavit Ejército Trigarante en Tijuana, el 17 de diciembre del mismo año. Respecto a los señalados como matones, retornados por el Consejo de Seguridad de Baja California, ZETA consultó los archivos judiciales y corroboró que estos hombres fueron dejados en libertad en julio de 2014 con sentencia absolutoria, quienes les dictaron libertad fueron: la Juez Primero der Distrito, María Elena Recio; Juez Primero de Amparo, Rosa Eugenia Gómez Tello; y Juez Octavo de lo Penal, Jaime Galindo Hernández.  Estaban acusados en el fuero común de secuestro y asociación delictuosa, y en el fuero federal, de portación de arma de fuego de uso exclusivo, y de violación a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Se trata de: José Ángel Lozoya Verdugo; Mario Alberto González González “El Chichi”; Daniel Iván Machado Gálvez “El Chico”; Arturo Odilón Juárez Ramírez “El Halcón”; Édgar Gabriel Miramontes Ordaz “El Flaco”; Juan César Ramírez “El Forrest”; Omar Martínez Salazar “El Omarcillo”; Sair (Said)  Aceves Lares “El Mojarra”; Armando Miramontes Ordaz “El Coco”; y Santos Chairez Velázquez “El Sonora”. Estos diez hombres fueron detenidos por elementos del Ejército, la noche del 24 de enero 2010 en una casa de la colonia Juárez de Tijuana, como resultado de una denuncia ciudadana. En el operativo rescataron a un hombre que se identificó como comerciante del sur de México, quien al día siguiente relató en conferencia de prensa el delito cometido en su contra por este puñado de criminales, quienes comentó, lo maltrataban y se drogaban en su presencia. En la casa donde los capturaron, los militares localizaron dos armas largas, cuatro pistolas, 264 cartuchos de diferentes calibres, once cargadores, nueve vehículos, 85 gramos de “cristal” y 20 gramos de cocaína. Además de un narcomensaje en el que se leía: “Si no quieren terminar como nosotros aliniense con la maña al 100% con El Teo. Esto me paso x ser albañil. Att, La Maña”. Eran tiempos de la escisión del Cártel Arellano Félix, cuando  Eduardo García Simental y Raydel López Uriarte “El Muletas” encabezaban una pugna de sangre contra los grupos de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”. En aquel momento, la Policía Municipal de Tijuana informó que los recién apresados habían sido detenidos en ocasiones previas, por robo de auto y en posesión de droga y armas en la Zona Norte. Habían salido libres bajo fianza de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, informaron que habían participado en el intento de homicidio de un policía municipal el 10 de septiembre de 2008, específicamente señalaron a Arturo Odilón Juárez Ramírez “El Halcón” y Édgar Gabriel Miramontes Ordaz “El Flaco”. Ante sus captores, Armando Miramontes Ordaz “El Coco” manifestó que delinquían para “El Junior”, cabecilla criminal en la Zona Norte de Tijuana, bajo las órdenes de Raydel López. Tenían cómplices en las policías Municipal y Ministerial. Este grupo se había formado en abril de 2008 bajo las órdenes de otro líder del CAF, Saúl Montes de Oca Morlett “El Ciego”, pero su participación en homicidios se detectó con apodos en los expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), en el primer trimestre de 2009. Después, ante Ministerio Público y juez, cambió su versión, y las autoridades que tenían elementos en su contra, tampoco se esforzaron por fincar más cargos o fortalecer los existentes. Desde julio de 2014 están de regreso en las calles, y según elementos del Consejo Estatal de Seguridad, siguen dedicados al secuestro, homicidios y tráfico de droga. Actualmente, Javier Hernández Beltrán controla parte de la actividad criminal de su grupo en Tijuana desde San Diego, California, y de los operativos delictivos organizados por su medio hermano, Isaac Alhiu Chávez Cabrera “El Alio” o “El Puma” -porque sirve directamente a “El Tigre”-. Según informes, los organiza desde Mexicali. “Aquiles” vs. “Atlante” En esta lucha criminal por controlar la lucrativa venta de droga en la calles de Tijuana, los Beltrán no son los únicos enemigos que ve Alfonso Lira “El Atlante”, quien de acuerdo a hechos recientes, se ha rebelado al liderazgo criminal de los hermanos Arzate -Alfonso y René-, ante quienes presuntamente estaba “alineado”, coordinado y cooperando. La noche del domingo 10 de agosto de 2014, el joven Joaquín Francisco Mendoza Montero se comunicó con unas amigas, entre ellas, Carey Valenzuela, quien cuenta con una averiguación previa por delitos federales. Según lo que declararon las mujeres, no estaba en sus planes pero decidieron reunirse por la noche en el restaurante Negro Durazo. Sin embargo, Armenta Valenzuela, detenido como uno de los autores del atentado en contra de Mendoza, manifestó que a él le avisaron y le ordenaron  temprano trasladarse a las inmediaciones del restaurante. Conforme a las declaraciones de los testigos, Mendoza departía con dos mujeres -una más estaba afuera fumando- cuando llegó un auto del que bajó un hombre, entró muy de cerca, le disparó a la cabeza y tuvo problemas con el arma. En huida se subió al carro que, según declaró Armenta Valenzuela, él iba manejando y se fueron. Como le ordenaron, bajó al autor material del intento de homicidio, quien subió en otro vehículo y, cuadras adelante, abandonó el usado en el crimen y al correr, aventó el arma. Para entonces la Policía Municipal de Tijuana ya lo había ubicado, lo capturaron y decomisaron la pistola. El baleado aún está vivo, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Del Prado. De entrada, Uriel Armenta aseguró desconocer la identidad de su compañero que disparó, que por instrucciones lo había levantado en un estacionamiento, dijo que antes se dedicaba a vender droga, pero como no servía, lo cambiaron a cobrador; le tocaba golpear y amenazar. En sus primeros dichos, comentó que él delinquía para “El Güero”, éste para “El Oso” y, por encima de ellos, estaba “El Atlante”. De acuerdo a las declaraciones de las amigas de la víctima, el sujeto, con quien comparten amistad desde hace ocho años, es originario de Guadalajara, Jalisco, y se traslada a Tijuana ocasionalmente. De acuerdo a la información de las áreas de inteligencia, tiene su residencia en la calle Sociólogos del fraccionamiento Indeco Universidad en Tijuana, le dicen “El Memín” y es el encargado de distribuir “cristal” en la zona de los Módulos de Otay para el grupo de los Arzate. Tiene averiguaciones previas abiertas en contra por delitos contra la salud. Según Armenta, no sabe por qué ordenaron la muerte de Mendoza y, aseguró, no conoce a la víctima, de quien solo le dijeron que traía una camiseta azul con rayas blancas, y que le iban a pagar 2 mil pesos. Los estudios balísticos confirmaron que el arma Pietro Beretta decomisada fue la que usaron para el ataque,  mientras Uriel Armenta fue presentado por la PGJE ante el Juez Séptimo de lo Penal, con el expediente 535/14, bajo el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa. El juzgador tiene hasta el lunes 18 de agosto para determinar. También desglosaron a la PGR por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Dijo este detenido: su grupo cuenta con apoyo de la Policía Municipal -la misma que lo detuvo- y tienen poco más de un mes recibiendo órdenes de atacar a los operadores contrarios, en este caso de “El Aquiles”, pero la instrucción es hacerlo “discretamente”, porque entre las cúpulas criminales existen consignas de “no pelear”. Homicidios dolosos en Baja California Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 1 al 12 de agosto Total Tijuana 47 49 41 37 31 44 39 11 299 Mexicali 14 11 12 10 12 19 9 5 92 Rosarito 8 7 6 6 6 9 3 1 46 Tecate 6 5 1 2 0 3 5 0 22 Ensenada 5 4 5 6 2 3 0 0 25 TOTAL 80 76 65 61 51 78 56 17 484 Muertos en cajuela Durante una hora, Tarcisio Casas Blanco y José Aurelio Quiroz Casas permanecieron ocultos en la cajuela de un vehículo Dodge Challenger, en espera de cruzar la garita de Tijuana a San Ysidro. En ella murieron, la tarde del 12 de agosto de 2014. El ciudadano estadounidense Nicholas George Zakov, de 41 años, quien conducía el vehículo que los transportaba, es uno de los 800 consignados por la Fiscalía del Distrito Sur de California, por el delito de tráfico de personas, de enero al 14 de agosto de 2014. De acuerdo a datos de la dependencia federal, los migrantes pagan entre 6 mil y 8 mil dólares para cruzar a bordo de vehículos o con documentos falsos, mientras que aquellos que optan por cruzar la barda que separa a los dos países, desembolsan entre 3 mil y 4 mil dólares. El asistente de la Fiscalía, Michael Wheat, en entrevista con ZETA, informó que aunque al detenido se le consignó por el delito de introducción de extranjeros indocumentados a Estados Unidos, un Gran Jurado podría agregar el cargo de muerte imprudencial a causa del tráfico de personas. Si bien, la pena máxima que podría alcanzar por el primer delito es de 20 años de cárcel, en California, el segundo crimen se castiga hasta con cadena perpetua o la pena de muerte. Según declaraciones rendidas a la autoridad estadounidense, Nicholas George Zakov vivía en Los Ángeles, California y en Tijuana fue reclutado por tres hombres, presuntamente integrantes de un grupo de traficantes de personas, quienes le ofrecieron 3 mil 500 dólares a cambio de cruzar a dos hombres de 20 y 28 años, originarios de Guanajuato. Una vez que cruzara la frontera, Zakov llegaría al restaurante Deny’s de Chula Vista para esperar más instrucciones. Ahí recibiría también el dinero. La investigación continúa para localizar a los tres individuos que contactaron al norteamericano en Tijuana, indicó el asistente de la Fiscalía. Aunque es la primera vez que se le formulan cargos por este delito, autoridades no descartan la posibilidad de que Zakov hubiese transportado a indocumentados antes por la garita. Por su parte, Alfredo Arenas Moreno, coordinador de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva (PEP), indicó que de acuerdo a información compartida por las autoridades de la Unión Americana, ciudadanos estadounidenses de clase media y en busca de “hacer dinero rápido” llegan a la frontera para aceptar trabajos como cruzar personas indocumentadas o droga hacia el país del norte. Los migrantes fueron descubiertos en el área de inspección secundaria, cuando el automóvil de color naranja, fue escaneado con una máquina de rayos X. Ambos estaban en estado inconsciente y aunque fueron trasladados a hospitales locales, perdieron la vida. Dos cadáveres en alcantarillas En Tijuana, dos personas muertas fueron encontradas en el interior de alcantarillas, el lunes 12 y el martes 13 de agosto de 2014. Las primeras horas del lunes 12 de agosto, Yisell Carolina Ordaz Escamilla, de 19 años de edad, fue encontrada sin vida en una alcantarilla sobre el Parque Industrial Pacífico. La joven estudiante universitaria tenía manchas de sangre en su cuerpo y un golpe en la cabeza. Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada (SCDO) en Tijuana, indicó que también le fue encontrada una carta en el bolsillo  trasero del pantalón, en la cual pedía que “nadie se culpara por su muerte”. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mantiene dos líneas de investigación por suicidio y por homicidio, ya que aparentemente, murió por traumatismo cráneo encefálico. La joven tijuanense fue reportada como desaparecida por sus familiares desde la noche del domingo 10 de agosto, en la PGJE. Sin identificar, continúa el cuerpo de un hombre localizado en una alcantarilla de la Vía Rápida Oriente, la tarde del martes 12 de agosto. El cadáver, descrito como una “osamenta” por el cuerpo de rescate de Bomberos, se encontraba sin cabeza, presuntamente por el avanzado estado de putrefacción, que provocó el desprendimiento. Además de una fuerte lesión en el tobillo, el cuerpo no presentaba dientes en la parte inferior de la boca. La autoridad indicó que la alcantarilla se encontraba abierta al momento del descubrimiento, por lo que se presume que pudo haber caído a ella, por accidente.