Apenas el 7 de mayo, los funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), habían sido acusados por el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Roberto Dávalos Flores, de desfalcar a la paraestatal, provocándole un daño patrimonial que supera los 300 millones de pesos. Cuando al día siguiente, el jueves 8, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, anunció que no fueron aprobadas sus cuentas públicas durante el ejercicio fiscal del año 2012, derivado de irregularidades y del incumplimiento en el pago de deudas al ISSSTECALI, y a empresas privadas. Estos problemas económicos, anunciados por los diputados, se suman a la peor crisis en décadas, en el servicio que brinda la CESPE a la ciudad de Ensenada. Provocado por retrasos de los mismos funcionarios en la ejecución de los proyectos, y una mala administración del recurso agua, que ha sido denunciada en múltiples ocasiones durante al menos los últimos 6 años, por integrantes de diversos grupos organizados en la entidad, entre los que destacan el Grupo Madrugadores, CANACINTRA, el CCEE y algunos miembros de la comunidad de investigadores de la UABC. De entrada, el miércoles 7 de mayo, Dávalos explicaba, a través de un comunicado de prensa, que la Comisión de Fiscalización del Congreso, había resuelto que se ejercieran acciones legales por daño patrimonial, causado por los funcionarios al frente de la CESPE, que según sus cálculos, supera los 300 millones de pesos. Una resolución que fue turnada a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Ejecutivo Estatal, con un plazo de 60 días para que apliquen las medidas correctivas necesarias. Respecto a este asunto anunciado por Dávalos, el gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, refirió el jueves 8 de mayo, tener conocimiento del hecho mas no detalles, y mencionó que “con mucho gusto” iban a revisar el caso. “Es un daño en lo patrimonial. Claro que lo revisamos puntualmente”, dijo Kiko Vega. La lista de problemas denunciados por el diputado perredista incluía el incumplimiento de una licitación por parte de la CESPE, luego de un convenio generado en el año 2007 con la empresa Tecnología y Control de Desperdicios, S.A. de C.V.; cuentas por pagar por cuotas y aportaciones al ISSSTECALI por 36 millones 911 mil 94 pesos (35 millones 818 mil 268 en el año 2012, y 1 millón 95 mil 826 pesos en 2011); una deuda con el INDIVI por 54 mil 680 pesos al no pagar un contrato de arrendamiento; la no instalación de un sistema de deshidratado de lodos, para la planta de tratamiento de aguas residuales “El Naranjo”, que tuvo un costo de 4 millones 24 mil 428 pesos; la contratación de 2 créditos (el 14 y 20 de septiembre del 2012) que presentaba saldos por pagar hasta por 8 millones 19 mil 19 pesos; excesos en los topes de créditos por más de 23 millones de pesos para renovar líneas de créditos; incumplimiento de convenios de prórrogas de financiamientos temporales, por más de 70 millones de pesos, entre otras cosas. Estos problemas llevaron a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que encabeza el diputado del Partido Encuentro Social, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, a no autorizar las cuentas públicas de la paraestatal en 2012, que a su vez fueron rechazadas, por unanimidad, en el Pleno del Congreso del Estado, hoy jueves 8 de mayo. A través de un comunicado de prensa, el Legislativo Estatal refiere que la CESPE tiene en sus registros contables, al 31 de diciembre del 2012, en la cuenta Deudores por Servicios de Agua, subcuenta “Rezagos”, que provienen de los ejercicios de 1992 a 2011, y saldos vencidos por el periodo de enero a noviembre de 2012, un importe de 243 millones 226 mil pesos. De estos, 34 millones 609 mil pesos corresponden al Gobierno del Estado; 8 millones 218 mil al Gobierno Federal; 35 millones 727 mil al Gobierno Municipal de Ensenada; 130 millones 530 mil por servicio doméstico medido; 29 millones 460 mil por servicio comercial medido; y 4 millones 679 mil de servicio industria. Además, al cierre del 2012, la CESPE tiene saldos con “rezagos” en la cuenta deudores por obra, tomas, descargas y medidores, que ascienden a la cantidad de 64 millones de pesos. Aunado a ello, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) reportó a los diputados un incumplimiento al convenio celebrado con el ISSSTECALI por parte de la CESPE, de fecha 20 de octubre de 2011, por el período comprendido de la segunda catorcena de abril de 2011 a la segunda catorcena de septiembre del mismo año 2011, por un importe de 17 millones 247 mil pesos. Y la CEPSE también, había incumplido con el pago a las empresas Valencia y Valencia Abogados y Laval Tijuana, “además de otras muchas irregularidades”, refiere el Congreso del Estado. De ahí que turnaran el expediente a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado, para que “apliquen las medidas correctivas que correspondan y se ejerciten las acciones legales a que haya lugar, y las procedentes para el resarcimiento del daño patrimonial que en su caso se hubiese ocasionado”. Ahora sí que la CESPE “con el agua hasta el cuello”, pero de problemas.
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