Andrew Paul Tahmooressi no se equivocó al entrar a Tijuana. Así quedó registrado en un video que capta el momento de su ingreso a la Garita “El Chaparral”, en el parte informativo entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) y en indagaciones que se realizan en ambos lados de la frontera. Lo hizo además con sus pertenencias, incluidas sus armas personales. Entre ellas, el rifle de asalto Spartan Aplha M6, calibre .223, similar al utilizado en la guerra en Afganistán, donde prestó servicio. En una de estas investigaciones a raíz de la detención del joven veterano por la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, se detalla que el norteamericano cruzó hacia Tijuana en ocasiones anteriores debido a un “interés personal”. Sabía el camino. Andrew ingresó a territorio mexicano a las 10:25 pm del 31 de marzo de 2014. Su camioneta Ford F150 iba cargada con sus pertenencias. Desde la caja del pick-up se veía una escalera, unas colchonetas y otros artículos de gran tamaño. Esto llamó la atención de los oficiales aduanales de la garita, quienes indicaron al ciudadano estadounidense pasara al área de inspección, aunque momentos antes, el semáforo de entrada le permitió el libre paso mediante la luz verde. El vehículo, modelo 2003, que contaba solamente con la placa trasera, perteneciente al Estado de Florida, “se veía muy cargado y el conductor tenía una actitud sospechosa, de nerviosismo”, contaría un empleado de Aduana. El joven de 25 años, descendió del vehículo mientras dos oficiales aduanales inspeccionaban el interior del auto. A simple vista, cuatro cargadores en la canastilla de la puerta del lado del conductor, dos para una pistola calibre .45, uno de ellos vacío y dos para un rifle de asalto calibre .223, uno abastecido con 23 cartuchos y el otro con 30. Posteriormente, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) encontró dentro del vehículo, una pistola calibre .45 abastecida con 10 cartuchos útiles y escondida debajo de una sudadera azul; una escopeta Benelli calibre 12 con cuatro cartuchos útiles, y un rifle de asalto M6 de calibre .223 con un cargador con 30 cartuchos útiles. Listas para ser disparadas. En total, tres cargadores calibre .45 y tres más calibre .223, 17 cartuchos calibre .45 -para la pistola-, 42 cartuchos calibre .12 -para la escopeta- y 398 cartuchos calibre .223 para el rifle de asalto que dispara a modo de ráfaga. Todos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, de acuerdo a la Ley de Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y con un valor de 34 mil 335 pesos. Dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Mesa en Tijuana, adonde Tahmooressi fue remitido por los delitos de portación de armas, ha repetido su versión de los hechos, la cual quedó asentada en su declaración ministerial ante la PGR, donde fue puesto a disposición. Según Andrew, esa noche se vería con un grupo de amigos en San Ysidro, pero al circular por el Freeway 5, con dirección al Sur, se percató que la autopista había concluido y, al llegar a territorio mexicano, no pudo regresar a los Estados Unidos. En el parte oficial remitido a la PGR, nada de lo anterior quedó asentado. Solamente su lugar de nacimiento, Florida, avalado por su licencia de conducir y pasaporte americano, así como su condición de desempleo. Armado y con parque entra a Tijuana En un video captado de los hechos, al cual ZETA tuvo acceso, durante la primera inspección, Andrew abre la puerta del conductor y pasajero de su camioneta y permite que los oficiales continúen el registro. La interacción entre el joven y las autoridades aduanales es poca. Transcurren poco más de treinta minutos y el joven de cabello rubio y camiseta azul es llevado a una segunda área de inspección junto al vehículo. Sin oponer resistencia, Andrew permite que soldados mexicanos participen en la inspección y, poco a poco, surgen las armas y el parque. De la parte inferior del asiento trasero del vehículo, los soldados sustraen un estuche negro que contiene la escopeta -utilizada principalmente para cacería- abastecida con cuatro cartuchos útiles, un rifle con 30 cartuchos útiles, así como dos cajas con 27 y 22 cartuchos. A un costado del estuche negro, una caja de metal verde -cual cofre de municiones- con 315 cartuchos útiles calibre .223. Al filo de la medianoche, Andrew se lleva las manos a la cabeza y comienza a dar vueltas en un pequeño espacio, a un costado del vehículo. Personal de Aduana le ofrece una chamarra negra con la cual se cubre del frío. La minuciosa inspección continúa por todo el vehículo. Finalmente, le es entregado un documento que firma -sin presión visible- y entrega de vuelta. Entonces, elementos castrenses lo escoltan hacia la salida de “El Chaparral” hacia la PGR. Ya en la Procuraduría, declaró no estar de acuerdo con lo contenido en el parte informativo llenado por Aduana y SEDENA. Según su explicación, él no negó la portación de las armas y pidió ser retornado a su país, una vez en territorio mexicano. Por parte de las autoridades nacionales, quedó asentado que el norteamericano no presentó documentación que comprobó la legal instancia de la mercancía. Además, el vehículo estaba a nombre de Jill Tahmooressi, su madre. Según testimonios de quienes estuvieron en el momento de la detención, Andrew no pidió regresar a Estados Unidos ni manifestó que su ingreso a México fuese una equivocación -como lo sostuvo ante la PGR – y solamente mencionó que se reuniría con un grupo de amigos. Y es que Ley General de Exportación e Importación establece que se requiere un permiso para cualquier arma de fuego o explosivo. Caso contrario, se viola el Artículo 176 y 177 de la Ley Aduanera. Al ingresar indebidamente a México con mercancía ilegal -armas, cargadores y cartuchos-, autoridades de este lado de la frontera no pueden permitir el retorno al extranjero de quien introduce armas a territorio nacional -por cuestiones de seguridad- y, en el caso de armas de uso exclusivo del Ejército, corresponde a un delito federal. La defensa En entrevista con ZETA, Alejandro Estrada, quien junto a Alejandro Osuna representa a Andrew Tahmooressi en los Juzgados federales, comparte la estrategia de la defensa, la cual consiste en demostrar que el ex militar no tenía la intención de portar armas en México, por lo tanto, su acto no puede ser considerado un delito eminentemente doloso. El abogado explica que su cliente ingresó a la PGR a las 6:20 horas del 1 de abril. A su vez, el Ministerio Público Federal dio aviso inmediato al Consulado de Estados Unidos a Tijuana, y un representante llegó pasadas las 10:00 horas. Después de tomar la declaración del presentado, un juez federal dictó auto de formal prisión por portación de dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerzas Armadas y Marina (el rifle de asalto y la pistola calibre .45), así como posesión de cartuchos de uso exclusivo y portación de armas de fuego sin licencia. Como especialista en Derecho Penal, Estrada expone que a Andrew se le acusó de portación y no de introducción, porque este segundo delito implicaría que introdujo las armas y cartuchos de manera clandestina, por ejemplo, escondidos en un compartimento hechizo dentro del vehículo. De ser encontrado culpable de violar las fracciones de los artículos 81, 83 y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, correspondientes a los tipos de armas y municiones que introdujo a México, Andrew Tahmooressi podría recibir una pena mínima de seis años de prisión. Lo anterior gracias a la tesis ejecutoria avalada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a la Nación (SCJN), referente al Concurso Ideal de Delitos, según la cual “se actualiza cuando se cometen simultáneamente los ilícitos de portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea”. De acuerdo a Alejandro Estrada, esto implicaría considerar la pena menor de la condena más severa. En este caso, sería por la portación del rifle de asalto M6 de calibre .223 -un solo disparo puede atravesar piel, órganos y hueso-, que corresponde a una pena de cuatro a 15 años. A esta pena menor, es decir, cuatro años, “se le suma hasta una mitad de la misma”, que sería dos años y alcanzaría los seis años. Si no fuese por la tesis de la SCJN, publicada el 25 de abril de 2014 -seis días antes de la detención del acusado-, la pena mínima resultaría en 12 años. El proceso judicial se encuentra en el periodo probatorio o de instrucción, consistente en el ofrecimiento de pruebas y desahogo. De acuerdo a su abogado defensor, el norteamericano ya acudió a ratificar su declaración y se encuentra en la espera de que sus aprehensores acudan como testigos. Por lo que los dos oficiales de Comercio Exterior, así como un sargento segundo y un soldado de Infantería, deberán acudir a comparecer a los Juzgados federales. Una vez que cierre el periodo de instrucción, seguirá el periodo de conclusiones, y entonces, la sentencia. También fungirán como testigos, un grupo de amigos del acusado, con quienes refirió se encontraría la noche de su arresto. En condiciones óptimas, el juicio podría resolverse en cuatro meses como mínimos, según el abogado defensor. Por su parte, la defensa pidió una inspección judicial en la Aduana para dar fe de las instalaciones y poder ilustrar al juez federal, el momento de la detención. De forma adicional, los dos abogados están a la espera de que se realice un dictamen pericial en Psiquiatría y Psicología, puesto que el ex militar podría sufrir del Síndrome de Estrés Postraumático, un padecimiento psicológico común entre los veteranos de guerra. Pese a que el abogado dijo desconocer si se le ha diagnosticado con esta enfermedad, explicó que según sus propios dichos, Andrew Tahmooressi se trasladó manejando desde Florida hasta California para recibir tratamiento médico. Acerca de su cliente, el entrevistado refirió desconocer si éste ingresó a México antes de su detención, solamente declaró que nunca había cruzado hacia México a bordo de un vehículo. Tampoco conoce cuánto tiempo permaneció Andrew en California, “nos dijo que unos pocos días”. Sin embargo, confía en que las pruebas presentadas ante el juez podrán demostrar la inocencia de su cliente, a quien no considera un traficante. “Las armas están registradas a su nombre, el Ministerio Público cuenta con su permiso de portación, por lo que no es creíble que haya cruzado para vender armas que serían rastreables hasta él”. En su calidad de abogado defensor, Alejandro Estrada enfatizó que junto a su compañero, Alejandro Osuna, “respetamos la jurisdicción del juez para resolver el caso y las facultades que se le confieren, nosotros solamente manejamos puntos de vista y nuestra apreciación del caso”. El Consulado en Tijuana no brindó versión de los hechos, mientras que la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estados Unidos explicó que aunque una de las funciones principales de las embajadas y consulados estadounidenses, es proteger y asistir a sus ciudadanos en el extranjero, no pueden compartir información del arresto de uno de ellos sin su autorización por escrito. El terror a la cárcel mexicana Andrew lleva un tatuaje de Jesucristo en el pecho y más de un mes preso en la penitenciaría de Tijuana, junto a 149 de sus connacionales encarcelados por delinquir en esta ciudad fronteriza. En su corta estancia, ha recibido la visita de su madre, de autoridades consulares y de un pastor cristiano, según declaró el subdirector del Sistema Estatal Penitenciario, Héctor Grijalva Tapia. El funcionario reconoció que al momento de su ingreso, el ex militar registró problemas de conducta y disciplina “por su aparente trastorno posguerra”. A los dos días de haber ser remitido al CERESO, saltó una de las bardas internas y se lesionó con el alambre de púas. Posteriormente, quebró uno de los focos de la celda donde se encontraba y se lesionó el cuello. Le herida requirió que fuera trasladado al Hospital General de Tijuana, donde recibió las suturas correspondientes. Desde entonces, se encuentra en una de las celdas de observación de la Unidad Médica, de manera aislada para evitar se dañe o a sus compañeros de prisión. Aunque las autoridades penitenciarias refieren que el preso se encuentra “estable, coherente y consciente del lugar donde se encuentra y de lo que se le imputa”, su madre, Jill Tahmooressi, ha encabezado una campaña para su liberación que ha sido respaldada por más de 20 congresistas norteamericanos. Tanto su madre como el ex soldado de la guerra de Afganistán, temían las condiciones de la cárcel de Tijuana. La misma por donde han entrado autoridades consulares, Jill, líderes religiosos y hasta funcionarios estatales a visitarlo. Para Vicente Sánchez Munguía, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), las presiones de políticos estadounidenses “manifiestan la visión de ciertos sectores de Estados Unidos de vernos no como países iguales”. Según el académico, especialista en Seguridad y Administración Pública, el actuar de congresista pone en riesgo la relación binacional entre México y Estados Unidos. “Es una manera de politizar una relación por un asunto de carácter criminal o judicial”, manifestó. El Congreso de Estados Unidos será renovado en noviembre de 2014, por lo que el investigador considera que en un ambiente preelectoral, a los congresistas les interesa renovar escaños en sus respectivos distritos, “entonces este tipo de incidentes les sirven para posicionarse”. Incluso, la defensa de Andrew Paul Tahmooressi tampoco opina que este tipo de presiones políticas funcionen en el proceso judicial que enfrenta su cliente, al contrario, consideran que la publicidad y atención mediática que desencadenan las declaraciones de congresistas, incomodan el debido proceso. Aunque el tiempo mínimo para que concluya el juicio es de cuatro meses, podría alargarse hasta un año, tiempo que el ex militar deberá esperar para saber si es encontrado culpable o inocente. Desaduanamiento libre En la Garita de “El Chaparral” operan 22 carriles vehiculares, cada uno con un semáforo aleatorio que permite el paso libre mediante la luz verde, o bien, la inspección aduanera con la señal roja. En el mecanismo de selección automatizado, la luz verde significa desaduanamiento libre, es decir, que la mercancía puede seguir su camino sin que proceda a revisión. Sin embargo, de acuerdo al Artículo 10 fracción I, en relación con el diverso 9 fracción VII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los oficiales de Comercio Exterior están facultados para someter a vehículos y mercancías a un segundo reconocimiento, con base a criterios como actitud sospechosa del conductor o la visibilidad de carga pesada en el vehículo. Por lo tanto, el oficial puede indicar el alto después del cruce internacional fuera del recinto fiscal. En esta garita, el 80 por ciento de los decomisos se realizan después de que se giró un desaduanamiento libre, pero a decisión del oficial de Aduana, los vehículos y mercancías son remitidos al segundo reconocimiento.
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