Comentado el enfrentamiento entre funcionarios municipales de Tijuana, al hacer referencia a la frase de político delincuente, no faltó el tijuanense indignado que pidió moción de orden para anotar: “Eso es un pleonasmo”. En términos estrictos, son palabras con diferente significado que infortunadamente, un número considerable de nuestros voraces, gulosos, insaciables y faltos de ética que suelen ser algunos funcionarios públicos, electos y designados, se han empeñado con acciones viles, en hacer lucir redundantes. “Las historias” de cobros indebidos de parte del ayuntamiento, que según el alcalde solo conoce por versiones extraoficiales de anteriores gobiernos, y a través de la extorsión que pretendieron hacerle los hermanos Miguel y Arturo Ledesma Romo (este último síndico municipal) durante los primeros meses de su gobierno, es vieja. De hecho este delito está consignado en el Capítulo X del Código Penal de Baja California, Capítulo 305, y se llama “Negociaciones Ilícitas”, con la condescendiente penalidad de seis meses a cinco años de prisión, y multa de 50 a 250 días de salario. Además, sí existen antecedentes oficiales de las mencionadas irregularidades, aunque son pocas: 9 de abril de 1991, renuncia el entonces secretario general del ayuntamiento de Tijuana, Carlos Martín Gutiérrez Ruiz, la Contraloría lo investigaba. Comerciantes lo habían denunciado por una extorsión de 10 mil dólares a cambio de anuencias. Mientras que el 29 de agosto de 2013, un tramitador de permisos denunció por “extorsión en grado de tentativa”, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, al secretario general del ayuntamiento de Tijuana, Obed Silva, y a Daniel Arturo León Ramos, director de gobierno, ex jefe de Reglamentos; al regidor Eduardo Enrique Parra Romero, a Fernando Adolfo Bejarano Pesqueira, director de Bebidas Alcohólicas, y a cuatro inspectores. Se abrió la averiguación previa 7984/13/21/AP. En ninguno de los casos hubo un seguimiento real, ni sanciones. Durante diciembre de 2013, integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) hicieron lo propio, pero sin cumplir con su obligación cívica de llevar la denuncia a las autoridades ministeriales, y en reunión pública, manifestaron su queja ante el síndico social Bernabé Esquer, ya que anteriores administraciones les cobraban “comisiones” para dejarlos entrar en licitaciones y concesiones de obra pública. Apenas el miércoles 5 de marzo, jefes de Policía y Tránsito fueron despedidos por cobrar cuotas a transportistas para no consignar a los choferes involucrados en choques y atropellamientos. Versiones públicas y privadas indican que esos cobros fuera de caja se hacen usualmente a través de la Policía, y principalmente, de la Dirección de Gobierno y la de Reglamentos, dependientes de la Secretaría General. A quienes las ejecutan, los apodan “fontaneros”, y en tiempos de la administración hankista (2004-2007), Roberto Carrillo y Ariel Lizárraga fueron constante y anónimamente señalados por estos “cobros de piso”, incluso salieron a relucir nombres de algunos reporteros de diarios locales como cobradores. En cuanto al importe de las ganancias por estas “negociaciones ilícitas” realizadas por funcionarios, que los Ledesma presuntamente tasaron en 80 millones de dólares, y de las cuales querían el 50 por ciento, según informó el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, de eso sí que no había antecedentes públicos. Nadie ha dicho cómo sacaron las cuentas. Dados los antecedentes y pasado el circo, los tijuanenses y los bajacalifornianos en general merecen mucho más que los dimes y diretes mediáticos, los diálogos privados posteriores, el amparo otorgado al secretario general de Tijuana suspendido, el anuncio de que la Sindicatura deja sin efecto las suspensiones de otros funcionarios, o el llamado del síndico al alcalde para que reconsiderara su actitud, si no tiene elementos para probar la extorsión. Un presidente municipal que no se retracta y advierte que dará con la corrupción, si es que la hay, y una Procuraduría que interpreta la Ley para evadirse de intervenir por oficio. Estamos frente a un secretario de gobierno que el año pasado indemnizó a sus empleados con recursos etiquetados para otros rubros. Entre los delitos cometidos por servidores públicos, esto puede ser calificado como abuso de autoridad y/o peculado, al distraer dinero y darle una aplicación publica distinta. Existió también coalición con una Junta de Gobierno de la Dirección de Desarrollo Municipal y el Cabildo del XX Ayuntamiento de Tijuana, que permitieron este movimiento y comparten responsabilidad. Están los dos funcionarios de Obras Públicas que otorgaron contratos de obra a empresas que no cumplieron los requisitos, e incluso, falsificaron documentos. Y los tres empleados de segundo nivel de Sindicatura que presuntamente solicitaron millones de dólares y dádivas del alcalde, conformando el delito de cohecho, el cual abarca -según las declaraciones de Astiazarán- al síndico y a su hermano, quienes también le pidieron dinero. Todas las conductas anteriores obligan a visualizar este gobierno municipal como una entidad desprotegida en poder de “presuntos delincuentes” que mínimamente, deben ser investigados. “Creo en la palabra en la honestidad y el diálogo, pero también creo que las cosas se tienen que decir como van; los señalamientos, aunque incomoden, hay que hacerlos”, fue la declaración del alcalde tijuanense el martes 4 de marzo, fecha en que inició su campaña de fomento a los valores. Y le llegó el momento de ser congruente. Como ciudadano y autoridad, el presidente municipal está facultado por Ley a denunciar los delitos que atestigüe ante la entidad pertinente y no esperar que investiguen de oficio. La omisión viniendo de un hombre con su poder, también puede encontrar una calificación como delito. Jorge Astiazarán está forzado a responsabilizarse personalmente de que cada una de las irregularidades denunciadas en las dos últimas semanas, sean investigadas a profundidad, y se penalice a los responsables -incluidos el síndico y el secretario, si lo son- sin distinciones ni preferencias. De igual manera, está obligado a indagar sobre la red de corrupción que, aseguran, genera los 80 millones de dólares de la extorsión. En este punto, los acuerdos “políticos” no son permitidos, existe evidencia de delitos, y Tijuana exige más que palabras de su actual alcalde.
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