No hubo un solo candidato en las elecciones bajacalifornianas de 2013 que no ofreciera transparencia y prometiera luchar contra la corrupción para vender su imagen. Como si dar cuenta a detalle en qué se gastan los dineros del pueblo, y evitar robar, no fuera una obligación implícita en el cargo público, lo ofrecen como bono, como si no hubiera leyes y reglamentos que los obligan específicamente a ello. Tal cual, los impuestos de los bajacalifornianos no estuvieran pagando el funcionamiento de un puñado de unidades de transparencia con su respectivo Instituto, dirigido por consejeros supuestamente ciudadanos, pero que contradictoriamente, cobran de la nómina estatal que deben vigilar. Solo en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son dos hombres y una mujer que cobran, mensualmente cada uno, 72 mil pesos del presupuesto del Estado. Los puros sueldos del personal del ITAIPBC se llevan el 76 por ciento de los 10 millones 600 mil pesos que tienen asignados. Este año serán 7 millones 987 mil pesos con una plantilla de 21 empleados, incluidos los consejeros, y descontando al consejero suplente, que no cobra. Esos 72 mil pesos al mes de los consejeros, son mucho más que los 62.4 mil pesos que se le pagan al alcalde de Rosarito, o los 55.4 mil pesos que se erogan en su síndico, ganan casi lo doble de los 46 mil pesos mensuales que reciben los regidores de esa municipalidad. Apenas 4 mil pesos menos que los regidores de Tijuana con sus 76 mil pesos; incluso cuestan más que los caros regidores de Tecate, en los que se gastan 56 mil pesos mensuales, y los 59 mil pesos que recibe su síndico. Perciben más dinero que el síndico de Ensenada con 60 mil pesos, y los 43 mil pesos que se les entregan a los regidores en esa entidad. Claro que en ninguno de los casos anteriores, está detallado en las nóminas electrónicas. La información no aclara cómo y cuánto reciben para gestión social Estos números, en una economía tambaleante y con entidades gubernamentales endeudadas, suenan a insulto, pero si intentamos conservar la ecuanimidad y consideramos que los bajacalifornianos llegan a tolerar el fraude en el precio, pero no en la calidad del servicio, esas enormes cantidades podrían entenderse -no justificarse- si funcionaran, y de verdad los californios tuvieran acceso a la información ordenada por Ley. En lugar de asesorar y orientar las solicitudes de información, desde el ITAIP las peticiones son constantemente rechazadas, argumentando que no se solicita adecuadamente, provocando que las respuestas -si llegan- sean incompletas y a destiempo, porque sus consejeros se dedican a poner todas las trabas a los peticionarios y justificar el incumplimiento de los gobiernos, en lugar de obligarlos a responder. Así ha sido con el gasto social de los diputados, el de los regidores, los contratos de las luminarias en Tijuana, Tecate, Rosarito, y los ejemplos pueden seguir. En papel, el ITAIPBC se creó en septiembre de 2010, sus primeras resoluciones datan de octubre de 2011, donde por cierto, rechazaron un recurso de revisión de información que había negado el ayuntamiento de Tijuana, y le respondieron al ciudadano que su petición “no aplicaba”, así empezaron. Casi dos años y medio han tenido la oportunidad de representar los intereses de la sociedad, pero la han desperdiciado. Para tener una idea del funcionamiento de este órgano, vale ver precisamente su página de Transparencia, donde por ejemplo, en 2013 registra 107 denuncias públicas, de las cuales, según sus consejeros “ciudadanos”, solo 18 cumplieron con la Ley, y 81 resultaron -oportunamente para el gobierno- improcedentes; las otras ocho se tienen por no interpuestas o algo similar. En cuanto a los recursos de revisión 2014, han recibido 33, de los cuales 27 siguen en trámite, pero de los seis calificados, adivine… cuatro resultaron improcedentes, y dos se tuvieron por no interpuestos, por razones que los consejeros, por supuesto, atribuyeron al ciudadano que, según ellos, no cumplió algún requisito o plazo. Valdría preguntar, ¿de qué lado están? De no ser porque sus números lo exponen con claridad. Los bajacalifornianos no requieren otra institución que cueste más de 10 millones de pesos anuales, que sirva para validar las negativas y la oscuridad del gobierno. Entonces es menester que la comunidad se pregunte y analice, incluso a través de una consulta pública, si vale la pena su permanencia. O qué acciones se deben tomar para que quienes encabezan el Instituto, se ganen lo que cobran mensualmente y aboguen de verdad por la transparencia.
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