Si bien, no podemos ser tacaños al reconocerle al gobierno del priista Enrique Peña Nieto la captura de algunos líderes narcotraficantes y el abatimiento de otros cabecillas del crimen organizado, los hechos están mostrando que hasta el momento, las medidas parciales tomadas en materia de inseguridad continúan siendo insuficientes, y muy semejantes al viejo esquema. La incidencia de homicidios violentos en el país, continúa como reflejo -al igual que en el sexenio anterior- de las fallas de la estrategia. Las aprehensiones de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, Rubén Oseguera “El Menchito” del Cártel Jalisco Nueva Generación, Dionisio Loya Plancarte “El Tío” de Los Caballeros Templarios, José Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax” del Cártel de Sinaloa, hasta sumar 75 cabecillas criminales el 22 de febrero -según la versión pública de la PGR-, con la detención del también sinaloense Archivaldo “Joaquín El Chapo” Guzmán Loera. Sacarlos de las calles es plausible y era necesario, lo mismo que el uso finalmente de tecnología, el seguimiento de las indagatorias y el trabajo de inteligencia aplicado en las capturas. No se puede negar tampoco el efecto positivo del abatimiento -homicidios en enfrentamientos- de cientos de presuntos traficantes, de menor o mayor relevancia delictiva en el mundo criminal, en diversas balaceras a lo largo y ancho del país, como en el caso del dos veces “abatido” Nazario Moreno González, de Los Caballeros Templarios, o la supuesta “caída” de Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”, en una balacera en Sonora, en diciembre de 2013; evento en el que primero se habló del robo del cadáver y después no se aclaró la identificación del capo, supuestamente ultimado por las autoridades. Sin embargo, tratándose de los hechos antes mencionados, el gobierno peñista cayó en el mismo error que sus antecesores: la ausencia de una estrategia integral. Las aprehensiones y muertes de maleantes se convierten en nada si no se ataca la fortaleza económica de la estructura gansteril. Al final, esos vacíos de liderazgo criminal se llenan de forma inmediata, y en los casos más complicados, son causa de más enfrentamientos con su respectiva dosis de muertos, que culmina con el ascenso de un matón ensoberbecido con sed de sangre y notoriedad. Como ha reclamado la sociedad y han manifestado los especialistas durante más de 12 años, para combatir a los grupos que trafican droga y que generan la mayoría de los delitos que victimizan a la sociedad mexicana, es necesaria una estrategia integral que ataque la estructura de poder oficial y corrupto que protege a los criminales, la que permite el ingreso de armas y otros recursos aprovechados por estos delincuentes; pero sobre todo, que autoridades impidan el lavado de dinero y decomisen al criminal y a sus familias, el dinero que obtienen y disfrutan, envenenando, secuestrando y asesinando gente. En esta edición, ZETA publica un reportaje, de nuevo apoyados en una serie de fuentes oficiales federales y en los estados, con la intención de dar seguimiento a los resultados de la lucha gubernamental contra el crimen. Se retoma el homicidio como el delito cuya incidencia ha sido reclamada con mayor fuerza por la sociedad, y los resultados no son favorecedores: 23 mil 640 asesinatos violentos en 14 meses. Baja California sigue entre los principales afectados, ocupando el lugar número siete, con 986 asesinatos. Las entidades más aquejadas son Guerrero, con 2 mil 457 muertos; Estado de México, con 2 mil 367; y Chihuahua, con 2 mil 005; seguidas de Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Más allá del motivo en cada homicidio, o del hecho que la autoridad asegura de manera constante que la mayoría de estas víctimas son a su vez criminales -justificación inaceptable en términos jurídicos y humanos-, el hecho es que las muertes suceden en los espacios ciudadanos, que estos matones andan tranquilamente armados por las colonias donde también roban, secuestran, extorsionan, amenazan y lesionan; que su presencia en las calles afecta no solo la seguridad y tranquilidad de la gente de bien, sino la economía de ciudades enteras, y esto no se acaba con la captura de “El Z-40” o “El Chapo”. Lo urgente es atacar donde de verdad les duele, seguir el dinero de los traficantes y quitárselos. De ir más allá de las reformas hacendarias presuntamente concebidas “contra el lavado de dinero” que han servido exclusivamente como estrategia de terrorismo fiscal contra los contribuyentes debidamente registrados. Al gobierno de Enrique Peña Nieto le hace falta dejar de preocuparse solo de los temas de impacto mediático que pueden hacerlo lucir bien, sobre todo hacia el extranjero, y ocupar a su gobierno en resolver la raíz del problema, porque de los contrario, no hace sino continuar con la misma deficiente estrategia de la guerra contra el narcotráfico iniciada por su antecesor, Felipe Calderón, con la deficiencia agregada de la desinformación institucionalizada y manipulada a discreción.
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