Obligados a una doble labor, los recién estrenados alcaldes de Mexicali, Rosarito, Ensenada, Tecate y Tijuana, deben sacar adelante sus responsabilidades mientras limpian toda la suciedad que dejaron sus antecesores en el cargo. Silvano Abarca en Rosarito, encontró daño patrimonial por más de un millón de pesos para pagar cirugías estéticas, la expedición de cheques sin fondos y una deuda de más de 2 millones de pesos a la nómina municipal, entre otras curiosidades. La administración de César Moreno en Tecate no encuentra la justificación de un pasivo por 386 millones de pesos y todavía investiga y declara a los ex funcionarios para ver si pueden subsanarse. Los funcionarios de Jaime Díaz en Mexicali reportaron un déficit de 400 millones de pesos, la desincorporación y venta irregular de predios a los amigos del ex alcalde, y deudas de 600 millones con Issstecali. Más de 211 millones de pesos desviados del ramo 33, la construcción de obras inservibles con costos millonarios, la instalación irregular de gasolineras, el cambio de uso de suelo en el valle, los problemas por la propiedad de los terrenos de La Bufadora, generado por su antecesor, distraen el tiempo del gabinete de Gilberto Hirata en Ensenada. Mientras en Tijuana, Jorge Astiazarán lidia con un pasivo de más de 600 millones de pesos (su predecesor había reconocido solo 323 millones), los problemas con la empresa de las luminarias, el acuerdo y pago millonario a Global Sight por las cámaras de vídeo-vigilancia, las irregularidades con las luminarias y la prestación de servicios deplorable, entre otras cosas. Salvo Javier Urbalejo, ex alcalde en Tecate, los otros cuatro ex munícipes (Francisco Pérez, Carlos Bustamante, Enrique Pelayo y Javier Robles) han salido a la prensa a reclamar y negar los señalamientos sin aportar elementos que confirmen su dicho y exigiendo pruebas a quienes los señalan. En general, aseguran que se trata de chismes mal intencionados. En Tijuana, el ex alcalde Bustamante, fue más lejos, y molesto por las observaciones hechas de irregularidades a su gobierno, tuvo la puntada de mandar a Astiazarán –con una agenda por mucho más movida y ligada a la ciudadanía que la suya– a ponerse a trabajar. Para los residentes de estos cinco municipios, el problema es que la principal prueba de estos “chismes” son arcas vacías, deudas impagables, obras detenidas por falta de recursos, y decenas de proveedores tocando las puertas de los ayuntamientos para cobrar millones de pesos en cheques posfechados que se entregaron a pesar de saber que no había fondos. Cierto, los ex presidentes municipales también recibieron pasivos, pero eso no los autorizaba a acrecentar las deudas, tampoco a mal administrar, desviar fondos, expedir cheques sin fondos, ni a utilizar el erario y patrimonio de las municipalidades para obtener beneficios o permitir que sus subalternos se favorecieran. Por ley, estaban obligados administrar con eficacia, eficiencia y calidad para optimizar recursos, mejorar la prestación de servicio, pero el crecimiento de las deudas y los millones en cuentas por pagar que dejaron, evidencian que no lo hicieron. En teoría deberían ser denunciados y sancionados, para que los siguientes escarmentaran con ejemplo ajeno, pero es poco probable que esto suceda. Nunca antes, ni los gobernantes más cuestionados como el ex gobernador del estado Xicoténcatl Leyva o el ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, han sido acusados con la seriedad y eficiencia que requiere un procedimiento ministerial, a pesar de que las malas administraciones han sido la constante. La judicialización de un político nunca ha ocurrido en Baja California, lo más cercano fue la denuncia contra el cabildo de Tijuana que se auto-otorgó 2 millones de pesos que justificaron con facturas que se probó eran falsas en 2004, pero seis años después, en noviembre de 2010, bastó que los regidores negaran conocer la procedencia ilícita de las notas de compra, para que fueran declarados inocentes por la procuraduría encabezada por Rommel Moreno, evidenciando corrupción, colusión y acuerdos políticos. Además, algunas declaraciones previas de los ex alcaldes señalados, revelan sus intenciones, cuando actuaron de buena fe y creyeron en la información que les daban sus subordinados. Lo que significa que si las sindicaturas cumplen con su trabajo –y los actuales alcaldes en lugar de negociar con sus partidos presentan las denuncias correspondientes– los titulares de los anteriores ayuntamientos buscarán responsabilizar a sus subalternos, y de ser posible a los de menor nivel. Por lo pronto, y con las auditorías de las sindicaturas aún en trámite, no se avizora justicia cercana. Pero sería prudente que los ex alcaldes dejaran trabajar a los hoy constitucionales, mientras las Sindicaturas, el Órgano Superior de Fiscalización y el Congreso del Estado, investigan sus ejercicios para deslindar responsabilidades.
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