Por el incumplimiento en la obligatoriedad para implementar la verificación vehicular, el Gobierno del Estado de Baja California enfrenta una demanda de carácter civil, admitió el secretario general de gobierno en la entidad, Guillermo Trejo Dozal. “Es un problema que a nosotros nos tocó, se supone que debería de haber entrado la obligatoriedad desde enero del 2013”, expuso el funcionario ante los reporteros, explicando que se trata de un asunto “heredado”. La obligatoriedad general de la verificación vehicular debía de tener vigencia desde enero del año pasado, pero solo fue implementada para las altas de los vehículos recién importados y los cambios de propietario. “Creemos que no procede lo que están haciendo, vamos a revisar lo que procede, pero creemos que no tiene ninguna razón de ser de esa demanda”, expuso Trejo Dozal en relación a la querella civil que de acuerdo al legislador pebecista Francisco Barraza podría calcularse en cerca de 90 millones de pesos. “Para nosotros lo más importante es la ciudadanía, los verificentros nosotros los heredamos en esta administración, pero estamos exigiéndoles un mejor servicio, ya hay una evaluación de algunos de ellos por parte del gobierno del estado”, sostuvo el funcionario, añadiendo que se analizará la posibilidad de abrir más espacios verificadores. Este viernes 24 de enero se publicó en el Periódico Oficial el acuerdo del congreso local, con el que se abrió el plazo de gracia de 100 días para que la ciudadanía pueda revalidar la tarjeta de circulación vehicular –sin la obligatoriedad del holograma de verificación- período que concluirá a fines de abril. El documento incluye un artículo transitorio que dicta que quiénes no realicen la verificación vehicular en este 2014, se les aplicará una multa de cinco salarios mínimos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. 
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