“La rebeldía es propia del hombre informado, que posee la conciencia de sus derechos”.- Alberto Camus En un Estado soberano, donde el poder, por Ley, le pertenece a los ciudadanos, con legislaciones secundarias que promueven y regulan la participación de la sociedad en la toma de decisiones, es un abuso, una grosería que se voten decisiones que afectarán la vida de todo el país -como la Reforma Energética-, sin tomarle parecer. Todavía más arrogante resulta la postura de legisladores, que deciden ignorando la voluntad de un pueblo -porque prefirieron subestimar la inteligencia de los mexicanos, por lo tanto, no informarles a cabalidad y no preguntarles- y, al momento de la votación, burlarse con señas, posturas o tonos de voz retadores, de los pocos que optaron por presentarse en las instalaciones del Congreso de la Unión para manifestar su inconformidad La interrogante aquí es: ¿Quiénes se creen los miembros de la LXII Legislatura de México? Los ciudadanos, sus electores, no somos súbditos pasivos, y estamos facultados para defender nuestros derechos frente a unos supuestos representantes sociales que evidentemente no creen en su país, porque durante sexenios han considerado que la única posibilidad de no caer en la debacle económica, es vender, rentar o concesionar las áreas productivas de la nación a los extranjeros, porque según sus criterios, ellos son los únicos que saben cómo sacar provecho de la riqueza natural de la nación. En el ínter, funcionarios y políticos, una Ley tras otra, obtienen beneficios personales, entregando el país voto por voto. Con el Tratado de Libre Comercio que Carlos Salinas de Gortari firmó con Canadá y Estados Unidos, se impuso un nuevo régimen fiscal desde la Secretaría de Hacienda de Pedro Aspe, con el cual comenzó la aniquilación sistemática de los comercios independientes. Desde entonces México se convirtió en un país de empleados cada vez peor pagados. Con Ernesto Zedillo siguieron las “reformas” y el FOBAPROA, y la banca pasó a manos de empresarios españoles que también lograron posicionarse en el sector turístico de norte a sur del territorio. Ahora, con Enrique Peña estamos a punto de entregar la producción del petróleo y energía eléctrica, sectores que sostienen entre el 35 y 40 por ciento de la economía mexicana, al mejor postor que venga de fuera. Serán los extranjeros y la Iniciativa Privada mexicana quienes controlen y administren los sectores productivos más importantes del país. En este momento vale la pena hacerse otra pregunta toral: ¿Para qué sirve el Gobierno de la República de Enrique Peña Nieto? Acaso su función será cobrar rentas y asignar concesiones mientras se asigna un presupuesto de 4 billones 407 mil 225.8 millones de pesos, del cual el 80 por ciento de estos recursos, se destinará a sueldos. Por lo pronto habrá que esperar para saber si los legisladores rescatan algo de dignidad en las legislaciones secundarias y establecen algún tipo de candado que permitan mejorar los ínfimos beneficios prometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde entrega una empresa que sostiene la tercera parte de la económica de la nación por un miserable crecimiento económico del 1 por ciento en los próximos cinco años. Habrá que ver cuáles medidas se dictaminarán en los próximos días para garantizar que el precio de los combustibles se reduzca, entre tantos otros pendientes que el PRI ha reducido a un discurso ramplón, al tiempo que sistemáticamente y con una velocidad digna de la rapiña, los militantes de dicho partido se apresuran en deshacer todo lo que los forjadores del Estado Mexicano lucharon por más de dos siglos para construir. Queda claro que en estos tiempos, Enrique Peña Nieto, su gobierno y los legisladores de este país, no merecen el beneficio de la duda. No sería extraño, entonces, anticipar expresiones de rebeldía.
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