Es versión extraoficial pero preocupante: Aspirantes a integrarse como funcionarios públicos al gobierno bajacaliforniano de Francisco Vega de Lamadrid, el 1 de noviembre de 2013, aseguran que el gobernador electo está considerando solicitar a los estrenados diputados locales, algunas reformas legislativas para nombrar colaboradores. De tal manera que en lugar que sus amigos reúnan los requisitos legales para ser funcionarios, las leyes se ajustarían a los perfiles de sus candidatos. Por insólito y trágico que resulte leerlo o escucharlo, tal situación es factible. En términos reales, el problema legal de empatar los requerimientos esenciales del puesto –finanzas, seguridad, obra pública, salud etcétera–, con las capacidades o discapacidades de los posibles integrantes del gabinete, estaría solo en la Procuraduría y la Secretaría General de Gobierno, donde la ley especifica que el titular debe tener una formación académica específica: licenciado en derecho. Desafortunadamente –y es un tema que los diputados están obligados a legislar– para ocupar el resto de las secretarías, direcciones y puestos de primer nivel, basta prácticamente con respirar, “ser mexicano por nacimiento, mayor de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos”. Y no se trata de ponderar la formación académica –que podríamos aunque decenas de funcionarios profesionales han demostrado que eso no garantiza ni ética ni eficiencia– pero, sí es menester destacar la necesidad de legislar, para obligar al gobernador a designar como secretarios de los diferentes ramos, a aquellas personas que reúnan conocimientos formales e informales, y experiencia específica en el tema que van a administrar; gente versada y especializada en la problemática y desarrollo del ramo que van a encabezar. Las crisis que enfrenta el desarrollo de Baja California requieren mucho más que todólogos oportunistas, o políticos chambistas. Por ello resulta incoherente escuchar que Francisco Vega pueda estar siquiera considerando la idea de, por ejemplo, designar a un abogado político con aspiraciones electorales, como Secretario de Finanzas, cuando lo que urge es un especialista, administrador, economista, financiero, contable, un técnico que actúe con independencia de intereses partidistas. Sería lo ideal si de verdad, como dijo Vega ante empresarios en agosto pasado, “es más importante para mí, (las finanzas) que la conformación de un equipo de trabajo”. De la misma manera, es incongruente la idea que el electo mandatario, esté pensando en proponer a un licenciado en administración de empresas como el Secretario de Seguridad Pública, cuando el titular de ese cargo es el responsable de definir las políticas en materia de prevención y combate del delito, acciones contra la delincuencia, administración del trabajo de inteligencia policíaca, la academia, la depuración de las corporaciones policiacas en el estado, así como la aplicación de los exámenes de control y evaluación de confianza, y el resguardo de la información proveniente de cuerpos de inteligencia sobre la estructura, el desarrollo y los miembros de los cárteles, mafias, bandas y otros delincuentes a quienes se les persigue en el Estado. A 21 días de su toma de posesión, y después que varios panistas, quienes presuntamente ocuparán algunas de las direcciones y secretarías “menores” en su administración, han recibido la llamada de Loreto Quintero, la única mujer asegurada en el futuro gabinete como Oficial Mayor, y según los panistas bajacalifornianos “la buena” a la hora de la prorrateo de empleos en el nuevo gobierno, se le está haciendo tarde a Francisco Vega de Lamadrid, para cumplir su compromiso de campaña: Presentar, previo a su designación, a las personas que está considerando invitar como secretarios, para que la ciudadanía los conozca, y le haga recomendaciones y señalamientos, a favor o en contra, “si hay algo que decir que lo diga”, y que estas opiniones tengan peso en las designaciones finales. El tiempo se le está acabando. En materia de seguridad, si quiere empezar cumpliendo, legalmente tiene hasta el 15 de octubre de 2013 para que sus candidatos a Procurador y Secretario de Seguridad, sean sometidos al requerimiento de los exámenes de confianza, pero el licenciado Vega continúa callado. En diversas entrevistas previas a su elección, el gobernador electo aseguró que la alianza con otros partidos “no se construyó bajo ningún compromiso ni ninguna cuota” de empleos. Respecto a las presiones del PAN aseguró que llegaba con la libertad de elegir funcionarios sin importar el partido, y a los electores les prometió “el mejor gobierno que hayamos tenido en Baja California”. Así que llegó el momento de dar la primera muestra –con los nombramientos– de que está dispuesto a cumplir. De dar a conocer los nombres de esos hombres y mujeres honestas, inteligentes, con conocimientos profundo y puntual en su ramo, profesionales, con capacidad probada en decisiones difíciles, que conozca de los derechos humanos, con habilidad de interacción con la sociedad, sin compromisos ajenos al gobierno y que goce de buena fama pública, capacidad de comunicación, negociación y vinculación con diferentes sectores de la comunidad. Francisco Vega de Lamadrid: si con usted de verdad la gente manda, está obligado a darles el tiempo suficiente para analizar y opinar, sobre quiénes serán, los futuros funcionarios.
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