Ayuntamiento de Tijuana discrimina

Pese a que en zonas residenciales de lujo en Tijuana existe una moratoria para la expedición de permisos de operación y licencias de construcción de negocios como bares, antros, restaurantes y salones de fiesta, proliferan alterando el uso de suelo y generando impacto vehicular, contaminación visual y ambiental a los residentes. Y es que el Departamento de Usos de Suelo y Operatividad municipal determina que para establecer un negocio, debe considerarse el Programa de Desarrollo Urbano de Tijuana, el cual contempla las variables de la zona para analizar la compatibilidad de los usos de suelo, pero el Ayuntamiento de Tijuana sí apoya alterar la zona cuando existe influyentismo. Prueba de ello es que si el interesado solicita un permiso para operar un bar o un restaurante en el fraccionamiento Chapultepec (zona residencial), se le otorga, pese a que desde 2012 está vigente la moratoria para la expedición de autorizaciones municipales en materia de edificación, así como permisos de operación, aprobado por el Cabildo municipal. Para los microempresarios que desean instalar un negocio en la Zona Este de la ciudad, la Ley sí aplica, ya que no les otorgan las anuencias precisamente por estar en zona residencial y no les dejan otra opción que seguir en la informalidad a quienes no tienen dinero para ubicarse en una plaza comercial, donde las rentas oscilan entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales, además de los 30 mil pesos que aproximadamente se requieren para adecuar el local, y 6 mil pesos promedio para el trámite de permisos ante las autoridades municipales y estatales. Al no obtener la debida autorización, los improvisados comerciantes están a merced de la extorsión de inspectores municipales que piden dádivas para no cerrarles el negocio del cual subsisten. Cabe mencionar que de acuerdo a la Dirección de Responsabilidades, dependiente de Sindicatura Municipal, el año pasado se registraron ocho denuncias por presunta extorsión, mientras que en el transcurso de 2013, se han presentado cuatro quejas por la misma causa. Por otro lado, el Ayuntamiento de Tijuana presume que con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que implementó al inicio de la administración, en tres días se puede abrir un negocio en Tijuana, siempre y cuando no se localice en un área habitacional. De acuerdo a cifras oficiales, la tasa de desempleo en Baja California es del 7 por ciento, por lo que hasta el momento siguen sin recuperarse aproximadamente 30 mil fuentes laborales que se perdieron desde 2008, cuando se presentó la crisis de Estados Unidos y que afectó al país. “De la Población Económicamente Activa, el 30 por ciento en Tijuana está en la informalidad. Ante la falta de empleo y con su liquidación en el bolsillo, los desempleados en su momento buscaron abrir un comercio, que es lo más sencillo para poder tener sustento en su casa”, externó un economista consultado por ZETA.    Testimonios El SARE -programa de la Secretaría de Desarrollo Económico Tijuana- fue implementado por la actual administración, y contempla la apertura rápida para 134 giros comerciales, pero estar en la lista no es garantía de poder abrir el negocio. Valgan los siguientes casos: Un ama de casa con discapacidad ha solicitado en más de tres ocasiones el permiso de uso de suelo ante la autoridad correspondiente (pagó mil 250 pesos cada vez que acudió, para un total de 5 mil pesos) sin que se lo hayan autorizado hasta el momento, a pesar de que el programa en cuestión, contempla el apartado de “Neverías Excluyendo Procesos de Elaboración”. Otro caso es el de un café internet que no ha sido aprobado, a pesar de que el listado del SARE lo menciona en el apartado “Consulta en Línea y Otros Proveedores de Información”. A lo anterior se agrega la dificultad de llevar a la formalidad un negocio, ya que el trámite  tarda entre tres y seis meses, siempre y cuando la autoridad decida otorgar las anuencias correspondientes; aunado a lo oneroso de los permisos (6 mil pesos) para un negocio que en promedio genera 500 o mil pesos diarios. ZETA visitó diversos fraccionamientos de la periferia y pudo constatar que están impactados por establecimientos sin regularizar, según dijeron los dueños, debido a que se trata de zonas residenciales. La lista va desde abarrotes, peleterías, papelerías, talleres y panaderías, por mencionar algunos. 35 mil formales Información de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) establece que de los 35 mil negocios que tiene registrados el Ayuntamiento, 85 por ciento son comercios, prestadores de servicios y profesionistas que tienden a pagar su regulación tanto en tiempo como en recursos económicos. “Éste es uno de los principales objetivos del Presidente del país, pasar de la informalidad para generar un valor agregado en la actividad económica. Si vives en una economía de crisis, tienes que valorar hasta dónde el gobierno está contemplando el presupuesto de ingresos, lo que van a cobrar, si están sensibilizados a cobrar lo justo y el contribuyente a pagar lo justo”, expresó Karim Chalita, titular de CANACO Tijuana. A decir del consultado, un pequeño negocio debe contemplar en su inventario entre 20 mil y 30 mil pesos para la venta, en tanto que los trámites municipales tienen un costo entre 6 mil y 9 mil pesos. “Un negocio pequeño vende entre 500 y mil pesos, y de ahí se sostienen una familia y le pagan al colaborador, así cómo va a poder cumplir con pagar de tajo toda la tramitología, independientemente del tiempo para recabar información que te exige la autoridad y lo que pagas. Es una de las barreras más desalentadoras que puede tener cualquier comerciante y el profesionista; abogados, veterinarios arquitectos…”, planteó. Ante tal situación, Chalita indicó que han trabajado con el Ayuntamiento para que en el proceso de regularización de negocios se subsane la parte donde se desmotiva a las personas, pues sabe de lugares que tienen entre uno y cinco años sin registrarse, por lo que aún hace falta avanzar en el tema de la simplificación administrativa para una regularización ágil que dé seguridad al futuro contribuyente. “Hemos firmado algunos convenios, como Empresa Confiable, Negocio Verde, por lo menos el precedente para que haya un desarrollo económico y una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Es responsabilidad del gobierno arrastrar el lápiz y hacer la tarea para que esa micro y pequeñas empresas tengan certidumbre, y que no se sientan vulnerables al no estar regularizados, temerosos de que les clausuren o cierren”, acotó. Viacrucis pasar a la formalidad Para el contador Juan Manuel Hernández Brito, es más fácil regularizar una planta en un parque industrial a un negocio pequeño ubicado en “X” colonia, por estar ubicado en zona habitacional. En su opinión, cuando un cliente les solicita llevar los trámites, le especifican que el cobro no es por el llenado de formatos, sino por el tiempo que se pierde en las gestiones, pues inician con el permiso de uso de suelo (45 días), de Bomberos (30 días), trámite de ecología municipal (30 días) y, una vez cumplidos, se regresa a la Dirección de Administración Urbana  y son 45 días más. De requerirse un anuncio en la delegación, es un trámite más, por lo que toma entre seis y ocho meses regularizarse ante el Ayuntamiento. “Cuando no le dan el permiso, el ciudadano de a pie queda desamparado y tiene que volver a pagar los trámites, o termina dando una mochada para que no les cierren. Anteriormente se había planteado un grupo colegiado de diferentes organismos para que vieran dónde se hacen los cuellos de botella y que además fuera más amigable el llenado de formatos, formas y trámites; porque en todas las instancias te piden los mismos documentos”, expuso Hernández,  para agregar que tiene la esperanza de que Jorge Astiazarán, el próximo alcalde de Tijuana, quien se ha manifestado en trabajar en el tema de la agilización de tramitología, lleve a cabo esa tarea. Gobierno del Estado tampoco ayuda La administración de José Guadalupe Osuna Millán generó el Programa de Asistencia para la Protección y Generación de Empleo Formal en Microempresas, en el que a través de extensionistas universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se buscaba brindar apoyo para que en el estado se formalizaran pequeños comercios. Al cierre de la administración llegaron a los 10 mil 125 negocios en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), donde éstos pagan una cuota asignada por el Gobierno del Estado, siempre y cuando tengan ingresos anuales menores a 2 millones de pesos. Dentro de los comercios que asistieron, se encuentran comercios, talleres, empresas de elaboración de alimentos, estéticas y restaurantes, afirmó Natanael Ramírez Angulo, subsecretario de Atención a Pequeñas y Medianas Empresas, de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). “Con el tema de los municipios es más polémico y complejo, sobre todo con la parte de los costos y los trámites. La coordinación que hicimos fue informar bien a los microempresarios, tenerlos bien capacitados en los trámites que se requerían, sin embargo, nosotros no hacíamos el proceso. El costo económico y la decisión del trámite ellos lo decidían”.   — Entonces su trabajo quedó a medias, porque no están formales del todo…, se planteó a Ramírez Angulo. “A medias no. Nuestro plan era registrarlos como REPECOS para que tuvieran acceso a créditos. Entre el 35 y 40 por ciento llegaron a ese proceso, pero algunos no solicitaron financiamiento porque no lo requerían. Se les acercó el conocimiento, que les permitiera mejorar su actividad económica”. Quedaron a medias El secretario de Desarrollo Económico en Tijuana, Miguel Velasco Bustamante, afirmó que el SARE es una realidad, y que en la administración se recibieron 586 trámites con el programa en cuestión. Aseguró que la lista de giros con actividades no peligrosas (130) puede ampliarse a futuro, y lo que les queda por hacer es llevarlo a las delegaciones, para que sea ahí donde se reciban las solicitudes para la entrega de permisos de operación a las mini y micro empresas ubicadas alrededor de las cabeceras municipales. — Hay casos de negocios que están instalados en espacios residenciales, que quieren abrir formalmente y no les estregan el permiso, a pesar de que el listado del SARE los contempla. “Cuando esos fraccionamientos fueron autorizados, lo hicieron con régimen de condóminos y son zonas habitacionales, no incluyeron que pudieran hacerse zonas comerciales. El único caso que tenemos es Valle de San Pedro, por eso no se pueden regularizar”. — ¿Por qué no avanzaron en eso, si es lo que se necesitaba? “Es cierto, no se hizo, pero se puede hacer, porque lo es que estamos sugiriendo de acuerdo a una simplificación administrativa, tenemos que hacer una ingeniería de procesos, ver dónde están los atorones y lo complejo. Y en áreas como Desarrollo Urbano, agilizar los permisos de uso de suelo, actualizar los reglamentos”. Por último, Velasco lanzó un exhorto:   “Pedimos a la ciudadanía que cuando un inspector les pida dinero, lo reporten al Ayuntamiento para sancionarlo”. Destituyen a inspectores En torno a las denuncias de extorsión por parte de inspectores municipales, de acuerdo a la directora de Responsabilidades de Sindicatura Municipal, Albina Gómez Serna, a ocho inspectores se les archivó el asunto de acusación porque las personas que se quejaron, no ratificaron su denuncia, solo acudieron en una ocasión a Sindicatura y se intentó localizarlos para que ratificaran, pero no fue posible. A dos más se les sigue instrucción, es decir, se les está investigando, y cuatro casos más están a punto de tener resolución, bien por falta de elementos de prueba o suficientes para su destitución. Dos inspectores ya fueron cesados de sus cargos.