Deportados entre el abandono y la política El único registro que existe de su presencia en Tijuana, con cientos de hojas tamaño carta llenadas a mano con nombre, lugar de residencia, familiares, identificación, entre otros. Ninguna autoridad sabe a ciencia cierta cuántos permanecen en esta frontera. Se desconocen sus motivos, su destino final. Algunas dependencias de gobierno les aportan para el traslado, otras les dan de comer. Unas más una cama por algunos días. Nadie les ofrece trabajo, nadie los orienta sobre qué hacer en la Ciudad, adónde acudir, para no terminar en las zonas de criminalidad de Tijuana o vulnerados ante la delincuencia organizada o el narcomenudeo. Se trata de los deportados mexicanos desde Estados Unidos. En muchos de los programas sociales los confunden con los migrantes que llegaron a esta frontera por el territorio nacional, o con los indigentes y ladrones comunes del primer cuadro de la ciudad que no tienen identidad, ni domicilio fijo. Pero la mayoría de los deportados son mexicanos que residieron en los Estados Unidos, sin documentos para hacerlo legalmente, que establecieron una familia en el otro lado de la frontera, que encontraron un modo honesto de vida, pero que fueron detenidos por infracciones, por redadas, por la comisión de un delito, y deportados a este el País, que hace años, dejaron atrás. Como deportados o migrantes se considera por ejemplo, a quienes en calidad de indigentes o de migrantes nacionales, han hecho de los bordes de la canalización del Río Tijuana, una zona de peligro, adicción y criminalidad. “No se puede ni se debe criminalizar al migrante, al deportado”, dice de entrada Rodulfo Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración (INAMI). Él lo sabe de cierto. A Baja California han sido deportados –hasta junio de 2013– 68 mil 195 mexicanos. 30 mil 593 por Tijuana. 37 mil 518 por Mexicali y 84 personas por la garita de Tecate. De hecho a partir que se intensificó la política de protección de las fronteras por parte de los Estados Unidos, al tiempo que hubo menos cruces de indocumentados, disminuyeron el número de deportaciones. En Baja California por ejemplo, de 186 mil deportados en 2010, se registraron 145 mil 163 en 2011, lo que significa un 22.26 por ciento menos; para 2012 la cifra disminuyó a 125 mil 732 personas repatriadas, lo cual representa un decremento del 13.38 por ciento. En cuanto a los repatriados por Tijuana, la disminución también ha sido considerable: de 133 mil 770 personas que fueron deportadas en 2010, al año siguiente únicamente enviaron por esta frontera a 81 mil 37 mexicanos, lo que significa un descenso del 39.42 por ciento; para 2012 los repatriados por Tijuana fueron 59 mil 096, es decir, 27.07 por ciento menos deportados que en 2011. El único municipio donde han incrementado las deportaciones es en la Capital del Estado. Efectivamente, en Mexicali de 53 mil 730 deportados en 2010 subieron a 63 mil 987 en 2011, un registro de 19.08 por ciento adicionales; en 2012 la cifra de repatriados fue de 66 mil 517, 3.95 por ciento más que el año anterior. Otro dato: de los 30 mil 539 repatriados por Tijuana entre enero y junio de 2013, 8 mil 729 son enviados por el ICE (Fuerza de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos), de ellos, el 57 por ciento, es decir 4 mil 975, fueron procesados por haber cometido una falta administrativa, entre las que se encuentran: infracciones de tránsito, re-internación sin documentos, manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia, o estar bajo la influencia de alguna droga. El resto, 3 mil 754, provienen de prisiones por delitos mayores como posesión y tráfico de droga, homicidio, robo, secuestro o tráfico de personas. Esto da cuenta, que del total de deportados, menos del 10 por ciento son criminales juzgados en la Unión Americana, que purgaron una condena y fueron deportados a México. En el INAMI también se registra el lugar de origen de estos mexicanos deportados. Provienen principalmente de Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Sinaloa. La criminalización del deportado El fenómeno de los deportados no es una novedad en la frontera. En la condición de Tijuana ser vecina de la ciudad de San Diego, California, parte de una de las más vastas regiones de los Estados Unidos, la deportación por esta frontera se ha dado desde que la migración hacia la Unión Americana inició. De hecho en tiempos de mayor flexibilidad en la seguridad de la frontera por parte de Estados Unidos, eran más los indocumentados que cruzaban hacia aquel país, como más los que enviaban en calidad de deportados. Pero es hasta fechas recientes, de hecho en los últimos dos, tres años, que se ha criminalizado al deportado. No hace mucho tiempo la Procuraduría de Justicia del Estado informaría que pandillas de ex convictos de los Estados Unidos que fueron repatriados por Tijuana, eran los autores del 30 por ciento de la incidencia en delitos del fuero común y de entre el 10 y el 15 por ciento de homicidios y narcomenudeo. La opinión la compartió Alberto Capella, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, quien incluso delimitó la criminalidad a la zona aledaña a la canalización del Río, donde dijo, uno de los programas de impulso sería la recuperación de esos espacios, para evitar que los deportados cayeran en las manos de los criminales ahí asentados. Los operativos de la Policía Municipal de Tijuana en el primer cuadro de la Ciudad y para “limpiar” de migrantes, son todos los días. Los ven sucios, perdidos, sin identificación, sin trabajo y sin recursos, y son detenidos. No media saber que están en esas condiciones porque así fueron repatriados. Hasta hace unas semanas, la gran mayoría de los deportados llegaban a Tijuana sin una identificación personal y sin dinero. El delegado del INAMI, Rodulfo Figueroa, ya ha establecido convenios con autoridades de San Diego, Los Ángeles, y está en pláticas con Ontario y Riverside, para que a las personas a deportar se les regrese su identificación, su licencia, matrícula consular o pasaporte, así como que les entregue dinero en efectivo y no en cheque como se venía haciendo. Para la última semana de julio, los deportados llegaron un 50 por ciento de ellos, con credencial con fotografía y con dinero en efectivo, “en una reunión me entregaron así juntas, unas 150 credenciales”, pero pues ya a quien se las entregamos, dice Figueroa. Anteriormente, como los presos no pueden tener dinero en los centros de reclusión, lo que les encontraban al momento de la detención se les retiraba y a la salida se les entregaba un cheque por la cantidad exacta, documento bancario que los deportados no podían canjear una vez en territorio mexicano, primero porque se trata de bancos norteamericanos y segundo porque no tenían manera de identificarse como los legítimos propietarios. El Cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, Andrew Erickson explicó: “Hasta que hace un mes, es verdad que todos los deportados llegaron con cheques. Pero por las quejas mexicanas, desde hace un mes estamos dando solamente efectivo a los deportados, porque las quejas sobre el hecho que ellos estuvieron regresando solamente con cheques eran exactas. Ya tomamos en cuenta este error y cambiamos nuestra política. “La amenaza actual es que ya todo el mundo sabe que ellos llegan con efectivo, en dólares”. La bienvenida a México Dentro de las instalaciones eminentemente aduanales de la Garita El Chaparral, el tema migratorio quedó reducido a unos cuantos metros cuadrados. En las oficinas del INAMI, han acondicionado una sala para dar la bienvenida a los paisanos deportados. Los mexicanos son entregados a través de una puerta metálica que colinda con la calle Virginia en San Ysidro, y en la que en el 2015, los norteamericanos construirán su garita peatonal de salida de su país y entrada a México. En cuanto entran a las oficinas en territorio mexicano, los recibe personal de migración y les hacen una primera y breve entrevista para saber nombre, apellidos, edad, lugar de procedencia, lugar de origen, familiares y otros datos que permitan establecer una estadística de las personas que son repatriadas a México. Después de caminar un largo pasillo abierto que de panorámica tiene la zona del bordo, con sus indigentes, sus lonas azules y sus hechizos cuartos, llegan a un área de recepción común, donde tienen acceso a varios servicios: * Llamada telefónica sin costo a cualquier parte de los Estados Unidos o México, para comunicarse con familiares y notificar la situación. * Servicios de salud, donde un médico y asistentes revisan a los deportados que así lo requieren. Quienes lo necesitan son canalizados a un hospital del Seguro Social y transportados en unidades del Grupo Beta; otros simplemente se someten a un chequeo y se les provee de medicamentos que no requieren receta médica. * Un cubículo es manejado por asociaciones de protección a migrantes, ahí les dan asistencia y orientación sobre tramitar una identificación, adónde acudir para recibir alojamiento, dónde conseguir trabajo, cómo trasladarse a otras áreas de la Ciudad. Las casas de migrantes envían camiones a recoger a los deportados para trasladarlos a sus sitios, donde pueden tomar un baño, comer, estar unos días en lo que se estabilizan, encuentran trabajo o se van a su lugar de origen. * En el área de atención del INAMI, se les provee a aquellos que no cuentan con una identificación, con una carta donde se da fe de su carácter de deportado, con sus señas particulares, su nombre. * Hasta la última semana de junio, el presupuesto del INAMI destinado como apoyo para transporte a deportados, funcionaba para otorgar el 100 por ciento del pasaje del autobús a cualquiera de tres ciudades, Guadalajara, Ciudad de México o Puebla. Sin embargo, para julio ya no alcanzaba para cubrirse la totalidad y solo se proveía de un 50 por ciento de descuento. * En un área específica les dan una caja con comida que contiene un sándwich de la cadena “Subway”, una soda, jalapeños, servilletas y una pequeña opción dulce. Pero al salir de las instalaciones del INAMI, los miles de deportados, se encuentran de choque con una ciudad en caos. Sin orientación, sin apoyo, ni guía. El proyecto Integral del INAMI Precisamente a unos 500 metros de la garita de El Chaparral, se ubica un predio despoblado, pero cubierto con malla ciclónica. Está en la Colonia Federal justo donde inicia el emblemático y viejo edificio llamado Puerta México. El terreno pertenece al Gobierno Federal y la administración del mismo la tiene el Indaabin. Ahí, en ese sitio, Rodulfo Figueroa, el delegado del INAMI, proyecta hacer –si le aceptan contribuir con el terreno y cooperar todos los niveles– el Centro Integral de Apoyo a Repatriados (CIAR). “La idea es ofrecerle a los deportados todos los servicios de sus instituciones en un solo lugar, para ayudarles a hacer más llevadera su repatriación y su traslado a su lugar de origen, o iniciar una vida económicamente activa en Baja California”. Con la idea de juntar los esfuerzos de diversas instituciones y gobiernos, Figueroa realizó un proyecto que actualmente cabildea en la Ciudad de México y en Baja California. Integrarían con oficinas en un mismo predio a: * Ayuntamiento de Tijuana. * Gobierno de Baja California. * Instituto Nacional de Migración. * Policía Federal. * Procuraduría General de la República. * Correos Mexicanos. * Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes. * Teléfonos del Noroeste. * Comisión Nacional de Derechos Humanos. * Secretaría del Trabajo y Previsión Social. * Secretaría de Relaciones Exteriores. * Secretaría de Salud. * Coalición Pro defensa del Migrante. * Desarrollo Integral de la Familia Tijuana. El objetivo: “Impulsar un programa permanente que ofrezca traslado gratuito al 100 por ciento de los repatriados a sus ciudades de origen, y con ello evitar que permanezcan en la ciudad en estado vulnerable. Expedir un documento oficial al repatriado que le permita identificarse. Afiliarlos al seguro popular, ofrecerles bolsa de trabajo, trámites en el estado de origen, servicio temporal de correspondencia, alimento, albergue (con casas migrantes)”. La misión pues, es ayudarlos a salir de la ciudad donde fueron repatriados y trasladarse a sus lugares de origen de manera ordenada y gratuita para quitarles la vulnerabilidad. Por ejemplo, en promedio las casas de migrantes les permiten alojarse durante doce días, después de los cuales, muchos se refugian en sitios públicos y terminan en la criminalidad. Evitar esa cadena, es la meta con la propuesta del CIAR. Justifica Rodulfo Figueroa: “Con la creación de este programa (CIAR), los recursos etiquetados para apoyos a migrantes cubrirán mayores servicios, siendo de calidad ya que, las dependencias y organizaciones se encontrarán en un mismo domicilio, la finalidad de este programa es que opere de forma permanente, ya que el fenómeno migratorio es constante”. Gobiernos y apoyos menores La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, destina 9 millones 164 mil 944 pesos para apoyo a migrantes, los mismos que reparte entre asociaciones no gubernamentales que se supone cumplen con esa labor asistencial. Aparte, la SEDESOE, destina 600 mil pesos para el traslado de deportados a sus lugares de origen. Los más de nueve millones se reparten –aunque no dijeron en cuál proporción entre los siguientes organismos: Albergue temporal zona norte, A.C., Caritas región Mexicali, Casa de la Familia Migrante de Tijuana, Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe, Casa de reintegraciones de menores migrantes, Casa pastoral Mana IBP, Coalición pro defensa del migrante, A.C., Comité de Promoción, Consejo Indígena A.C., programa de apoyo para el trabajador deportado, dispensario médico del doctor Cañedo, Ejército de Salvación, grupo de ayuda al migrante de Mexicali, Hotel del Migrante deportado, Ángeles de la Frontera, Instituto de Derechos Humanos de Migrantes e Indígenas, Instituto Madre Assunta, Programa YMCA. En cuanto al Ayuntamiento de Tijuana, Alberto Capella, el Secretario de Seguridad recién logró un recurso de 39 millones de pesos del Fondo Nacional para Prevención del Delito, y aun cuando su intención era abrir centros integrales de apoyo para migrantes, resulta que el dinero terminará repartido en áreas, algunas públicas, algunas privadas y de asistencia social, para dar apoyos por separados lo mismo a migrantes, indigentes como deportados. Por ejemplo, en una primera etapa, repartirán El programa de Capella se moverá en ejes: “Prevención integral y prevención social de las delincuencias, juventudes, mujeres, grupos en condiciones de vulnerabilidad, convivencia-cohesión comunitaria y participación ciudadana, cultura ciudadana y cultura de la legalidad, urbanismo social y acupuntura socio-urbana”. Por lo pronto, para la primera parte del proyecto, se contempla la instalación de cuatro módulos municipales para la recepción y atención integral de migrantes, deportados a razón de 8 millones de pesos de inversión. Y fortalecimiento a cuatro centros de protección al migrante con 7 millones entre todos: Ejército de Salvación, Desayunador Salesiano, Hermandad Mexicana y DIMCA. Micaela Saucedo será recordada en proyecto de rescate a migrantes Incansable activista por los derechos de los migrantes, Micaela Saucedo falleció la madrugada del 1 de septiembre, víctima de cáncer, enfermedad que no la detuvo en su labor diaria desde la Casa Refugio Elvira o dentro del canal. Su hijo, David Méndez, informó a través de su cuenta en Facebook del fallecimiento de Micaela. Escribió: “Fue una guerrera incansable y activista por todos aquellos que de alguna manera han sido olvidados, deportados o víctimas de abuso. Cuando hubo hambre, les diste de comer, cuando hubo frío, les diste calor de madre, y cuando hubo tristeza, tu sonrisa les dio paz”. Desde su fundación, en 2007, la Casa Refugio Elvira, única institución no religiosa dedicada a recibir a mujeres deportadas y sus hijos, fue dirigida por Micaela Saucedo, quien personalmente se encargaba de procurar fondos para brindar alimentación a quienes ahí permanecían. Con los años y ante la creciente problemática de deportación, el refugio comenzó a recibir a hombres también. A diferencia de otros centros de su tipo, la Casa Refugio Elvira no imponía periodos de estancia. El deceso fue tomado por activistas pro-migrantes y por la propia comunidad migrante, como una irremplazable pérdida. El mismo domingo, Ángeles sin Fronteras realizó una vigilia desde el Parque Constitución -donde tienen instalado su campamento desde hace más de un mes- hasta la Garita de San Ysidro. Al día siguiente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que el proyecto de 40 millones de pesos para rescatar a migrantes que sobreviven en la canalización del Río Tijuana, llevará por nombre “Micaela Saucedo”, como homenaje a la enfermera retirada. El titular de la SSPM, Alberto Capella, expresó mediante un comunicado de prensa: “La de Micaela será una pérdida muy difícil de superar, por la visión de trabajo que habíamos acordado con ella”. Los servicios funerarios se realizarán hoy viernes 6 de septiembre, de 9:30 am a 1:00 pm, en el número 2200 de la Avenida Highland, en National City, California. Micaela Saucedo murió a los 67 años de edad. Hace dos años, le fue detectado cáncer cervical.