La censura es prohibir o limitar información que de acuerdo a quienes juzgan, puedeer considerada perjudicial, indecorosa o innecesaria, el encargado de esta tarea oficialmente –en ocasiones en detrimento de la libertad– es el gobierno. Pero en el sector “no oficial” infortunadamente los medios de comunicación también hacen su parte al ignorar temas de manera deliberada. Las razones más comunes y administrativas para que la prensa aborde o no un tema, usualmente tienen que ver con falta de personal, de tiempo, ausencia de visión o intereses. Recientemente el miedo se planteó como otro motivo para callar reporteros, esto último tratándose del crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, existen otros factores más graves para la autocensura periodística que tienen que ver con filiaciones políticas, concepciones morales, y en le peor de los casos, intereses económicos o relaciones amistosas por las que se decide hacer a un lado la responsabilidad social de atender una denuncia e informar. Lo anterior sale a colación debido a que en un comunicado de prensa, Faustino Silva, ex Secretario de Pesca y Acuacultura de Baja California, “reconoció el buen juicio de diarios informativos regionales, impresos y electrónicos, mismos que se negaron a contribuir con las amenazas del anónimo delincuente”. En concreto, el señor Silva agradeció la autocensura a los medios de comunicación –en plural– que no publicaron, aunque supieron durante meses y/o semanas que: 1.- Su desempeño y sus facultades como funcionario público del Gobierno de Baja California, habían sido comprometidas porque una parte de la vida personal de este ex funcionario había irrumpido en el internet, un espacio público al que cualquier persona tiene derecho de acceder, siempre y cuando pueda usar una computadora y conexión, incluso los menores. El funcionario realizó actos sexuales ante una cámara de internet voluntariamente, pudo haberlo bloqueado, pero no lo hizo, por el contrario, movió el aparato de video para hacer tomas claras y fue grabado. 2.- En términos administrativos, Silva cumplió sus obligaciones de 2009 hasta la fecha en que accedió a su exposición cibernética y puso en riesgo su seguridad. Con este acto personal el ex servidor expuso al hombre de estado y vulneró su función pública, porque este representante del gobierno que tenía a su cargo el manejo de dinero, la designación de proyectos y asignación de recursos, por ello, fue extorsionado. Le pidieron dinero, dice él, pero igual pudieron solicitarle proyectos, permisos o financiamientos, y es una realidad que la mencionada extorsión pudo incidir en su función y en eso radica la relevancia pública de esta información. De hecho, es tanta la correlación de los actos personales con las funciones públicas, que el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán lo cesó. En ZETA dimos cuenta de los verdaderos motivos del cese, cuando efectivamente, medios que tenían conocimiento previo, no lo expusieron. Tratándose de notas que inmiscuyan la vida privada de funcionarios públicos, la encrucijada se vuelve más angosta para quienes en su calidad de comunicadores se auto erigen en juzgadores de la información estableciendo todavía más límites de los impuestos por las leyes. Durante años, especialistas por todo el mundo han discutido al tratar de encontrar el equilibrio entre el derecho a la vida privada de los hombres de estado y el derecho a la información de los gobernados, considerados ambos derechos fundamentales pero no absolutos, lo que significa que los dos tienen límites como la seguridad, la defensa del orden y la prevención del delito entre otros. Es principio internacional en este debate, es que la sociedad tiene derecho de conocer actos del ámbito privado de un funcionario –aunque no constituyan delito como es el caso– cuando el hecho pueda (no es necesario que ya haya afectado) incidir en la función pública. Porque como funcionario público, representa al gobierno hacia dentro y hacia fuera de la institución, sus relaciones jurídicas y físicas con otras personas están afectadas por su cargo. La ley de los Servidores Públicos de Baja California también indica que los funcionarios tienen responsabilidad “cuando en el ejercicio de sus funciones” (están en funciones desde que lo designan hasta que renuncia o lo destituyen, día y noche) “…incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Incuso en la Ley del trabajo, la imprudencia, descuido o negligencia que pone en riesgo la seguridad de las dependencias, es sancionada. En ese esquema y ante la existencia de una denuncia y evidencia –video– “el reconocimiento” de Silva a quienes callaron, suena más a una burla del ejercicio periodístico o a denuncia de complicidad. James Mc Greevey, gobernador de Nueva Jersey en 2004 expuesto por una relación homosexual; Eliot Spitzer, gobernador de Nueva York en 2008, por contratar prostitutas; y Anthony Weiner, congresista de Nueva York en 2011, por enviar mensajes y fotos inapropiados en la red social Twitter. Todos estos políticos estadounidenses renunciaron a su cargo al ser expuestas sus preferencias sexuales. Pero a diferencia de Faustino Silva, que pretende visualizarse como víctima y premiar públicamente la censura de los medios, estos ex funcionarios de Estados Unidos, ofrecieron disculpas públicas por sus errores personales, por las vergüenzas que ocasionaron, y lamentaron no haber estado a la altura de lo que se esperaba de ellos. Más cercano en tiempo y espacio, el caso del alcalde de San Diego, Bob Filner, expuesto como acosador sexual antes de concluir su primer año de gobierno. El 25 de julio de 2013 ofreció disculpas, y renunció la noche del 21 de agosto. Al final, una persona responsable en la toma de decisiones del estado, sabe que tiene que rendir cuentas, que está obligado a actuar con conciencia y aceptar las consecuencias de sus actos, porque eso es lo mínimo que pueden brindar a sus gobernados.
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