La implementación de los juicios orales mercantiles en Baja California entró en vigencia el 1 de julio de 2013, pero sin presupuesto ni infraestructura, se aleccionó a los actuales jueces civiles para que atiendan ese rubro. Así lo explica la licenciada María Esther Rentería, presidenta del Poder Judicial, quien insiste en la petición de una ampliación presupuestal, al menos por 18 millones de pesos, cuando originalmente fue de 36 millones, para activar la oralidad en los juicios mercantiles. Los recursos económicos provienen del Gobierno del Estado, entidad que a petición expresa del Congreso del Estado, se negó a ampliar el presupuesto del Poder Judicial, bajo un sencillo argumento: no hay dinero. No ha habido ingresos extraordinarios para ampliar los presupuestos. En estas condiciones de precariedad presupuestaria, la presidenta del Tribunal insiste en que requiere la ampliación económica, y en caso de persistir la negativa gubernamental, Rentería no descarta interponer un recurso legal contra la negativa del Congreso de no ampliarle el presupuesto; pero asegura que primero esperan la resolución del Legislativo. Por su parte el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Planeación y Finanzas, ha dicho que no hay dinero para ampliar, que empezaron el ejercicio fiscal con un déficit y que se han defendido con recursos de la deuda pública. Además, el secretario Manuel Aguilar puntualizó en un memorándum turnado al Congreso del Estado que no hay signos de que el ingreso se pueda mejorar. En suma, pues, no hay dinero. Y mientras la Presidenta del Tribunal se aferra a obtener más dinero de un gobierno que asegura no tenerlo, el abogado especialista en el tema mercantil, Heberto Garrido -del prestigiado Despacho Garrido Santana- considera que para la modificación, el tema presupuestal no debe ser obstáculo. Opina que se pueden implementar los juicios orales en materia mercantil sin aumentar el gasto, solo acondicionando los espacios en los inmuebles ya en servicio. Pero Garrido muestra recelo ante esta nueva modalidad y ejemplifica con los juicios laborales -orales desde hace 30 años-, donde la transparencia y agilidad no son normales. “El problema no es que sea oral o escrito, sino los actores que intervienen en la ejecución del procedimiento”, sostiene el experimentado abogado. Gobierno: no hay dinero Desde la administración del gobernador estatal José Guadalupe Osuna Millán, ya enviaron de manera formal el mensaje al Congreso del Estado: no hay dinero para ampliaciones presupuestales. Siendo el Poder Ejecutivo el encargado de recaudar los ingresos que han de gastar los poderes Legislativo y Judicial, la opinión del gobierno para una ampliación presupuestal es determinante, al ser ésta entidad la que sabe de cuánto se dispone para ampliar o repartir recursos fuera del presupuesto acordado por el Congreso del Estado. Un funcionario del gabinete económico de Osuna Millán declaró a ZETA: “Todas las ampliaciones presupuestales que se solicitan al Ejecutivo, pueden autorizarse siempre y cuando se cuenten con recursos adicionales al Presupuesto Autorizado por el Congreso, por lo que de no contar con ingresos extraordinarios, se les contesta a los solicitantes que no se otorga la viabilidad financiera para ampliar su presupuesto”. Complementó que no ha sido la del Poder Judicial la única negativa pronunciada por el gobierno de Osuna Millán: “No se le autorizó ampliaciones al Instituto Electoral, al Poder Judicial, al Instituto de Transparencia, por el mismo motivo: no se han generado recursos extraordinarios al presupuesto autorizado”. Al inicio del ejercicio, el mandatario estatal precisó que efectivamente cargarían con un déficit; actualmente, informó el colaborador de Osuna, el presupuesto “está ejerciéndose conforme al calendario aprobado, y al mes de junio se lleva un avance del 52 por ciento”. Sobre la probabilidad de enfrentar un juicio en caso que la magistrada Rentería continúe aferrada a querer la ampliación presupuestal y se vaya a una controversia constitucional, el funcionario explicó: “Lo estamos analizando, aunque seguramente tiene facultades para llevar a cabo una controversia constitucional o inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia. Insisto: no se trata de cuestiones jurídicas, sino de falta de recursos para estar en posibilidad de llevarlo a cabo”. Les han negado el presupuesto De acuerdo a la presidenta del Poder judicial en Baja California, María Esther Rentería Ibarra, recientemente solicitaron una ampliación presupuestal de 18 millones de pesos para destinarla a la implementación de los juicios orales mercantiles, de la que hasta el momento no ha habido respuesta.
Rentería Ibarra comenta que desde hace tres años han solicitado el presupuesto para los juicios orales mercantiles -a la hora de elaborar la propuesta para el ejercicio anual-, pero se les ha negado. La magistrada no descarta interponer un recurso de inconstitucionalidad por la negativa, pero afirma que hasta el momento se han centrado en insistir en el Poder Legislativo para que apruebe la petición. Refiere que desde junio de 2009 se publicó en el Diario oficial de la Federación el paquete de reformas al Código de Comercio relativos a la implementación de juicios orales mercantiles. Explica que en materia mercantil, existe lo que le llaman competencia concurrente, que significa que el ciudadano -o sus abogados- pueden elegir entre la instancia judicial federal o la local. “Ya es historia que por regla general, eligen a los tribunales locales. Por ser una Ley federal pensaríamos que la gente debería acudir con mayor frecuencia a los tribunales federales, pero no sucede así”, expone la magistrada, considerando que en materia mercantil, tal competencia concurrente propicia una exagerada carga de trabajo para los Juzgados de primera instancia de los estados. “Son mínimos los casos donde acuden a los Juzgados federales”, afirma Rentería Ibarra, quien recuerda cómo estados como Nayarit cerraron la primera instancia, negándose a recibir los casos mercantiles; pero tuvieron que reconsiderar, pues la competencia concurrente está asentada en la Constitución. “Ahora con la reforma, el tema se complica, pues vamos a tener la situación de la oralidad en esos juicios”, indica Rentería, para agregar que en el área mercantil siempre se ha tenido esa oralidad; igual en los juicios del orden civil, donde una parte del proceso -la recepción y desahogo de pruebas- es oral. “Sí se da esa oralidad, pero no se da en la extensión y rigor que ahora se va a manejar”, advierte. El acuerdo original era que los juicios orales mercantiles entraran en vigor, a nivel nacional, el 1 de enero de 2012. Después, la fecha fue trasladada hasta el 1 de julio del 2013, “a efecto de que las legislaturas de las entidades federativas y la Cámara de Diputados, el Congreso General, resuelvan sobre las previsiones presupuestales para la infraestructura y capacitación necesaria”. En Baja California, la declaratoria fue emitida por el Poder Judicial el 26 de junio, para la vigencia a partir del 1 de julio. “Eso está condicionado para que las legislaturas y el Poder Ejecutivo de los estados, provean los recursos que se requieran para la capacitación y la implementación, que es lo que no sucedió en Baja California”, señala la magistrada presidente. En este rubro, el antecedente inmediato fue la negativa del Congreso del Estado el 25 de mayo de este año -autorizar la ampliación presupuestal solicitada por 36 millones de pesos-, donde se incluía -aparte delos juicios orales mercantiles- el tema del narcomenudeo, un Juzgado Familiar en Ensenada y el equipamiento para el edificio porteño. La magistrada sostiene que desde hace tres años, el Poder Judicial ha solicitado presupuesto para los juicios orales mercantiles, pero no se ha otorgado. Dice que en la petición para el presupuesto 2013 -se elaboró desde el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2012-, se votó el presupuesto sin incluir la parte relativa a los juicios orales mercantiles, los que por Ley, el Poder judicial debía atender este año. Originalmente, el Poder Judicial solicitó 923 millones de pesos, de los cuales el Congreso aprobó 801 millones. “Tuvimos que hacer una redistribución para que nos alcancen los 801 millones para gasto corriente y áreas prioritarias, pero es obvio que no podíamos incluir nada de nuevos proyectos, aunque por Ley tuviéramos que atenderlos”. Del apoyo federal, sencillamente dice “no se dio”, que desde marzo pasado solicitaron la ampliación presupuestal por 36 millones de pesos, la cual fue negada por el Legislativo. Recientemente, el Poder judicial replanteó la petición al Congreso, esta vez por una cifra de 18 millones de pesos exclusivamente para los juicios orales mercantiles e implementar una sala en Tijuana, otra en Ensenada y una más en Mexicali. La apuesta más sencilla es la remodelación de salas en los edificios ya instalados para trabajar de julio a diciembre. Rentería Ibarra afirma que ha abordado el tema con el Ejecutivo, pero la respuesta es similar, “no hay viabilidad”. La propia magistrada afirma que podrían interponer un recurso legal -una controversia- ante la negativa del Legislativo a ampliarles presupuesto, pero mientras, espera la respuesta a la segunda petición. María Esther Rentería Ibarra asegura que el Poder Judicial no ha sido omiso, que han capacitado personal en oralidad mercantil, e incluso en los Juzgados han empezado a recibir casos de oralidad mercantil, apenas unos cuantos del 1 de julio a la fecha. Dice que en la entidad se registran anualmente cerca de 700 juicios mercantiles en Baja California, concentrados principalmente en la zona costa, en el Partido Judicial de Tijuana. Niega que pueda haber riesgo de ilegalidad en los procesos -por la vigencia desde el 1 de julio-, ya que de acuerdo a la Ley, para que las diligencias constituyan “fe plena” -con certidumbre y presunción de legalidad-, en este rubro de oralidad mercantil “el juez proveerá lo que estime pertinente”. Asevera que los jueces han tenido capacitación, ya que al no contar con los tres Juzgados especializados que se han solicitado, todos los Juzgados en el estado tendrán que conocer también de oralidad mercantil. “Ya empezaron”, expone la magistrada Rentería, añadiendo que esta situación no es la ideal, ya que el juez seguiría con su carga de trabajo para, aparte, atender la oralidad. “Se le va a retrasar su trabajo en detrimento de la agilidad y prontitud en la justicia. El verdadero problema es que al juez, su carga de trabajo, que ya es excesiva, va a ser más excesiva y difícil; va a dejar de resolver otros juicios por atender éstos”, concluyó. Ampliar lo que se tiene Para el abogado Heberto Garrido, no es necesaria la creación de salas o tribunales especiales para llevar el proceso oral: “Con la actual infraestructura, solo ampliándola podrían llevarse a cabo los juicios orales”. Refiere también que la oralidad trae como consecuencia la transparencia de las resoluciones del Tribunal, además de la celeridad de los procesos, ya que “se entiende que ahí van a resolverse las cuestiones que bajo el proceso escrito, retardarían su resolución”, esto en alusión a presentar la promoción, acordarla y reservarse para una resolución a futuro. Esto significa que en algunos casos podría hablarse de resolución inmediata en cuestiones que plantean las partes no tendientes a obtener una sentencia de fondo, como cuestiones de competencia o de personalidad. “Se tratará de resoluciones de las partes que tiene que ver con la formalidad del procedimiento”, explica Garrido en contraposición a lo que ahora sucede cuando el proceso se detiene, debido a que el juez debe estudiar el asunto. “En la justicia oral, las partes exponen de manera inmediata, el juez está oyendo para resolver”, refiere el especialista, comparando esto con lo que sucede con los juicios penales, sobre todo con los juicios laborales. A consideración de Garrido, el que se implemente la oralidad en los juicios mercantiles no exactamente significa una ventaja, y retoma lo que sucede en los juicios laborales -y también lo que está sucediendo con los penales-, donde el problema no es que sea oral o escrito, sino los actores que intervienen en la ejecución del procedimiento. Se refiere a abogados y funcionarios, “deben hacer las cosas bien”, ya que cada quien se abocará a hacer su tarea de manera inmediata; tanto el procedimiento oral como el escrito, tendrían la misma velocidad y trasparencia. “Realmente la solución a la problemática en cuanto a la prontitud en la resolución de las controversias, no son los juicios orales”, remata el experimentado abogado.
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