En agosto del 2012 Álvaro de la Peña Angulo decidió presentar su renuncia al cargo de Secretario Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur. La principal causa fueron las pugnas que se habían desatado al interior por el control del mando de la Policía Estatal Preventiva y la recientemente estrenada –en aquel entonces– Policía Estatal Acreditable. El Coordinador de Giras del Gobernador, y su antecesor, Irineo Collins Martínez, había operado una estrategia para colocar piezas clave dentro de la Secretaría, lo que había generado un ambiente muy ríspido. Las diferencias se recrudecieron cuando ZETA, en su edición 2002 –de fecha del 11 al 18 de agosto– publicó la apertura de una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de policías y jefes policiacos que habían estado, en su momento, bajo el mando del antecesor de Álvaro, cuando se desempeñó como director de la Policía Ministerial del Estado y encargado del despacho de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. La averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIDCS/237/2012, en base a declaraciones de testigos protegidos, exponía vínculos criminales con el entonces jefe de la plaza de narcomenudistas de La Paz, Héctor Antonio Salazar Monzón, “El Oaxaco” o “El H”, quien posteriormente fue levantado, torturado, ejecutado e incinerado en un rancho de la comunidad de San Luis Gonzaga en el municipio de Comondú. Después de cinco meses, el 30 de enero Álvaro de la Peña Angulo dejó el cargo, en medio del más absoluto silencio oficial. Hasta el cierre de esta edición, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor todavía no daba a conocer formalmente el nombre del sucesor. — ¿Quién viene?, preguntó ZETA al Secretario. “No lo sé. La verdad es que es una pregunta que me han hecho en los últimos días, y hasta este momento, no tengo la más remota idea de quién me habrá de suceder. La decisión es del gobernador, y creo que en esa tesitura, debe ser alguien que sea confiable, y sobre todo, apruebe el examen de Control de Confianza, como un requisito de que las cosas se van a seguir haciendo bien. En mi caso, yo presenté el examen el primero de julio y el 25 de julio, el gobernador recibió la notificación de que había aprobado el examen que en su momento hice en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional”. 
La carrera de Álvaro de la Peña Angulo comenzó hace 20 años dentro de la Procuraduría General de la República (PGR). En todo ese tiempo ocupó el cargo de delegado en estados como Oaxaca, Michoacán y Querétaro. La experiencia en investigar atentados como el del ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, ocurrido el 28 de marzo del 2005 y dirigir la indagatoria del atentado con granadas en contra la población civil en la conmemoración del grito de la independencia en la plaza principal de Morelia, Michoacán, en el 2008, permitió que estableciera un plan de trabajo bien definido. Desde la normatividad interna de la propia secretaría hasta programas, capacitación, planes, equipamiento e incluso logró incluir al estado en el llamado “Plan de Iniciativa Mérida”. — ¿Por qué lo escoge el gobernador como secretario de seguridad? “Bueno, yo estaba a punto de ser enviado a otro estado como delegado de la PGR. La entonces titular Maricela Morales, ya me había comentado que me enviaría a un estado, cuando el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, me llama personalmente y me invita a formar parte de su equipo de trabajo. En lo privado platicamos y me gustó la idea de regresar a mi tierra y así fue como fui nombrado. Él tenía mis antecedentes y sabía lo que había hecho y de lo que era capaz y estaba interesado en integrarme a su equipo de trabajo”. Aunque tiene familiares dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en La Paz, el hoy ex secretario estatal de seguridad pública descartó ser político o pertenecer a algún grupo político estatal o del país. “Siempre me han querido colgar ese milagrito, pero la verdad me considero apolítico. No soy del PRI, del PAN o del PRD, mi trabajo ha sido mi carta de presentación en todos los puestos que he ocupado y yo lo único que ofrezco son resultados”, expresó. Durante una entrevista con ZETA, habló de sus éxitos, sus fracasos y de cómo recibió y cómo deja hoy la SSP. —Renuncia a un gobierno del PAN y se va a uno del PRI. Bueno. ¿Quién lo invitó? “La verdad sí me voy a formar parte del equipo del presidente Enrique Peña Nieto. Estoy muy agradecido con el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y no tengo nada que decir en contra, porque ha sido muy respetuoso de mi trabajo y me apoyó en todos los temas que puse en la mesa y siento que fue un extraordinario jefe conmigo. Yo cumplí un ciclo y bueno, hoy me invitó el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb, e inicié un nuevo ciclo en mi carrera profesional dentro del gobierno federal”. — ¿Qué cargo ocupará en el gobierno federal? “Mira, no lo tomes a grosería no lo tomes a mal, pero la Secretaría de Gobernación está sujeta a una reestructuración actualmente, y todavía no me definen el cargo y las funciones que tendré. Lo que sí te puedo adelantar es que me voy a una Dirección General y creo que va a ser fusionada con una nueva estructura de la cual podré conocer a detalle el viernes, cuando sea nombrado oficialmente”. Sin embargo, extraoficialmente, según datos recabados por ZETA, Álvaro de la Peña Angulo podría convertirse en una especie de Zar Anticorrupción dentro del gobierno del priista Enrique Peña Nieto. En el gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor, de la Peña, percibió un sueldo mensual de 73 mil 401 pesos con 18 centavos. Los resultados Cuando Álvaro de la Peña Angulo asumió el cargo de Secretario Estatal de Seguridad Pública encontró una institución sumida en el total desprestigió tras el paso del ex titular, Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar. Los casi cinco meses que su antecesor, Irineo Collins Martínez duró como encargado del despacho fueron insuficientes para que se pudiera revertir la mala reputación de la secretaría. El gobierno del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño terminó con 87 denuncias por allanamiento de morada, torturas, golpes, robo y abuso de autoridad en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 45 más en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Secretaría Estatal de Seguridad Pública carecía de un marco legal y ni siquiera tenía la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mucho aun los reglamentos básicos para la operatividad de la institución. Por eso, lo primero que hizo de la Peña fue trabajar en la creación de la Ley y lograr su publicación en el boletín oficial del 31 de diciembre del 2011, lo que permitió en que octubre del 2012 finalmente fueran creados los reglamentos internos que rigen a la secretaría para las siguientes áreas. 1.- Centro Estatal de Control y Confianza. 2.- Policía Estatal Preventiva. 3.- Academia de Seguridad Pública. 4.- Consejo Estatal de Seguridad Pública. 5.- Servicio Civil de Carrera Policial. 6.- Consejo de Honor y Justicia. En septiembre del 2011, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, logró que iniciara operaciones formales el Centro Estatal de Control y Confianza, y el cual fue certificado en noviembre del 2012 por el gobierno federal. En julio del 2012 logró inaugurar la primera estación de la Policía Estatal de Preventiva en las instalaciones del llamado C-4, quien dicho sea de paso, operaba en condiciones lamentables pues únicamente tenía teléfonos para recepción de llamadas y carecía de pantallas para el monitoreo de las videocámaras de seguridad. En el 2012, logró aterrizar 198 millones para invertir en la adquisición de vehículos, armamento, municiones, uniformes, cámaras de vídeo-vigilancia, botones de emergencia y equipos tecnológicos, instrumentales, de criminalística, médico y mobiliario a favor de la secretaría, procuraduría y tribunal de justicia del estado. Asimismo, logró consolidar el proyecto del registro de voz dentro del Sistema de Plataforma México de todo el personal operativo y administrativo que labora en todas las instituciones de seguridad, y proyectando para el 2013, el registro de todo el personal de las empresas de seguridad privada. Los máximos logros –y desde el punto de vista de de La Peña— son los siguientes: 1.- La graduación de 210 elementos de la llamada Policía Estatal Acreditable y el inicio de operaciones el 31 de julio del 2012, dotados con equipo de alta tecnología y la cual vino a reforzar el trabajo de los escasos 50 agentes que integraban la Policía Estatal Preventiva. 2.- El inicio de operaciones del programa de Revisión Secundaria, el cual no es más que un filtro o punto de revisión instalados en la terminal de transbordadores que vienen procedentes de Sinaloa a Baja California Sur, y donde, según datos oficiales, 19 personas con orden de aprehensión han sido detenidas hasta el momento, cuando venían huyendo de estados como Sinaloa, Oaxaca, Estado de México, Durango, Sonora, Distrito Federal, Querétaro y Baja California. 3.- El éxito de ese punto de revisión y donde trabajan coordinadamente con el Ejército y Marina, permitió que el Consulado de Estados Unidos, incluyera en el “Plan Iniciativa Mérida” al estado de Baja California Sur para combatir más y exitosamente a la delincuencia organizada en un esquema de participación de México y Estados Unidos, lo que permitirá en el 2013 ampliar el programa hacia todos los aeropuertos y el principal punto carretero de ingreso del norte del estado con equipo de rayos gamma y láser, así como vídeo-vigilancia y el sistema de Plataforma México.
— ¿Cómo encuentra la SSP cuando toma posesión? “La verdad encontramos una secretaría operando en condiciones muy precarias y con una serie de con compromisos incumplidos. Cuando pasa de coordinación a secretaría, surgen obligaciones, donde el gobernador y los alcaldes de aquel entonces, firman un convenio y entonces bajan recursos de fondos de aportación. A cambio el gobierno federal te exige que cumplas con ciertas cosas para seguir dándote dinero. Cuando yo llego, reviso y me doy cuenta que del 2008 al 2011, no se había cumplido, por no decir todos, ningún compromiso, pero sí habían bajado y usado recursos”. Entre los compromisos incumplidos –según de La Peña— estaba que no se había iniciado lo siguiente: 1.- La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 2.- La integración de la Policía Estatal Acreditable. 3.- El Registro Público Vehicular (Repuve). 4.- El Centro Estatal de Control y Confianza. De enero a diciembre del 2012, la secretaría a cargo de Álvaro de la Peña, se destacó por combatir particularmente el narcomenudeo. Según cifras oficiales, tan solo en ese periodo detuvo a 238 delincuentes relacionados a delitos del orden federal y 373 del orden común, lo que representa el 39% y 61%, respectivamente, en el balance general. Las cifras de las detenciones son las siguientes en materia del fuero federal: 1.- 207 detenidos por delitos contra la salud. 2.- 19 detenidos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 3.- 5 detenidos por venta de piratería. 4.- 4 detenidos por delincuencia organizada. 5.- 1 detenido por falsificación de papel moneda. 6.- 1 detenido por contrabando equiparado. 7.- 1 detenido por estancia ilegal en el país. Las cifras contrastan con las de la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque en el mismo periodo, no tuvo un solo detenido en ese ramo, a pesar que desde agosto del 2012 tiene entre sus responsabilidades el combate al narcomenudeo. Los pendientes El sucesor de Álvaro de la Peña Angulo tendrá que resolver los pendientes que dejó el secretario estatal de seguridad pública, entre los que destacan el arranque del programa de revisión secundaria y la instalación de filtros en los aeropuertos de La Paz, San José del Cabo y Loreto, así como en el punto carretero conocido como “Paralelo 28”, localizado en los límites de las dos Bajas Californias, y donde operan soldados, marinos y agentes de la policía estatal acreditable. Los otros pendientes son: 1.- La evaluación de mil 300 agentes de todos las corporaciones en el Centro Estatal de Control y Confianza, y donde hasta el día de hoy, se habían evaluado ya 2 mil 300 agentes. 2.- El despido de 460 agentes municipales que hasta el día de hoy, habían salido reprobados en los exámenes de evaluación y que lo que representa el 20 por ciento del total de policías que fueron sometidos a pruebas, como parte del compromiso de depuración de los cuerpos policiacos. 3.- La capacitación de policías ministeriales, custodios y policías municipales en el tema de acreditables por parte de la Academia Estatal de Policía, y donde se tiene ya incluso presupuestado el recurso en el 2013. 4.- El despido de 12 agentes de la Policía Estatal Preventiva, de los cuales 2 ya fueron dados de baja y el resto está en un proceso jurídico que podría terminar en febrero próximo. 5.- La instalación de GPS a patrullas para ubicar que anden en servicio y evitar que puedan tener mal uso por parte de agentes policiacos. Los señalamientos El peor escándalo que enfrentó el hoy ex secretario estatal de seguridad pública, Álvaro de la Peña Angulo, fue la detención de un comandante y tres agentes de la Policía Estatal Acreditable en noviembre del 2012, cuando en estado de ebriedad y fuera de servicio, privaron de su libertad a un ladrón de autos en la casa marcada con el número 153 de la calle Jala de la colonia El Progreso de La Paz, Baja California Sur. El ladrón presuntamente les debía un dinero de un supuesto “jale” que se habían aventado, y por lo cual, determinaron retenerlo en contra de sus voluntad utilizando armas de cargo y una patrulla oficial. Los involucrados, Juan Carlos Casanova Posadas, comandante de Operaciones Especiales y los agentes Édgar Jason Rodríguez Gómez, Francisco Fabián Jaime Meza y Armando Macorro González, fueron los presuntos implicados y responsables de haber terminado con la imagen de que la Policía Estatal Acreditable era “incorruptible”. Los cuatro fueron denunciados penalmente por la victima de nombre Dwinger Misair Rosales Manríquez por los delitos de privación ilegal de la libertad, y la cual quedó registrada baja el número de averiguación previa LPZ/711/AMP8/2012. De los involucrados, dos presentaron su renuncia y dos actualmente están bajo un procedimiento administrativo, situación –que según de La Peña— permitió transmitir a toda la corporación que nadie va a ser solapado, cuando cometan actos de abusos y acciones en contra de la justicia. La reforma Desde su punto de vista, Álvaro de la Peña consideró que la reforma para desaparecer la Secretaría Federal de Seguridad Pública y crear un nuevo modelo policial no provocará efectos colaterales en el estado. Por el contrario, el estado de Baja California Sur será el primero en el país en homologar la Ley Federal –según adelantó– donde la secretaría que hoy deja pasará a ser subsecretaría y la policía se convertirá en una simple comisión. El debate en este tema se ha centrado en que la política no debe ir de la mano de la operatividad de la policía, porque una vez aprobada la reforma en lo local, el secretario general de gobierno, en este caso, Armando Martínez Vega, tendrá prácticamente la responsabilidad de ser jefe de la política interna, y a la vez, secretario de seguridad. Pero De la Peña defiende ese cambio. “Yo creo que las condiciones son muy distintas al 68, porque tenemos muchos medios de comunicación como instrumento de denuncia para cualquier cosa y además la voluntad de hoy es muy distinta a la de aquellos años. Yo así lo palpo”, dijo. De hecho, recordó que el secretario general actualmente es secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, y quien junto con el secretario de seguridad, elaboraba los planes y esquemas de trabajo para bajar recursos federales. “Yo le plateaba las necesidades con fichas técnicas, cronogramas y plan de trabajo, y él a su vez, trabajaba en la gestión con las áreas centrales. Con este antecedente, te digo que él está inmerso y preparado en el tema, lo que antes hacía ahora será con mayor responsabilidad, como si se tratara de un dedo de su mano”, consideró de la Peña. Pero independientemente de esto, la creación de la Secretaría de Estatal de Seguridad Pública fue tan efímera que –según el hoy ex titular— “no tiene estructura desde su creación tan es así que no tiene la figura de subsecretario y director general”. “Yo por ejemplo, hablando de compras, todo lo que tenía que tramitar en la Secretaría de Finanzas porque no tenía independencia económica, aun y cuando, tuviera presupuesto propio. Hasta si necesitaba un lápiz, lo tenía que solicitar, y con esto te digo que no tiene estructura. En el caso de Baja California Sur, yo digo que si es conveniente que pase a ser parte de la secretaria general de gobierno”, expuso. Entre los temas que tendrá que ver el secretario general de gobierno, Armando Martínez, cuando la reforma se consume tendrá que ser el de “el mando único” y la creación de la Policía Nacional. Armando Martínez, encargado del despacho de la SESP El secretario general del gobierno de Baja California Sur, Armando Martínez Vega, temporalmente, y en tanto se oficializa el nombramiento del sucesor de Álvaro de la Peña, quedó como encargado del despacho de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, confirmó la vocera de la institución, Jazmín Flores. El jefe del gabinete de la administración del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, tenía la responsabilidad temporal en la toma de decisiones sobre la institución por ser el secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, y quien estaba en contacto permanente con Evelyn Flores y Francisco Javier Camacho, titulares de la dirección jurídica y de procedimientos y de la subcomisaria de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Acreditable, respectivamente.
La coordinadora de comunicación social dijo al cierre de esta edición que el ex titular hizo entrega formal de su oficina a la directora jurídica y de procedimientos, Evelyn Flores, quien figura como responsable del manejo de toda la documentación oficial y papeleo. Por su parte, el subcomisario de la policía, Francisco Javier Camacho, prácticamente está al frente de todas las operaciones policiacas, en tanto, el nuevo titular asume el cargo y delinea la nueva estrategia de trabajo. Según datos recabados por ZETA, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, presentará en los próximos días la propuesta de reforma para desaparecer la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y convertirla en subsecretaría y fusionar la Policía Estatal Preventiva y la Policía Estatal Acreditable en una comisión de policía que en el futuro pueda formar parte de la Policía Nacional con un mando único. No hubo un evento o acto protocolario, simplemente el ex titular Álvaro de la Peña y el secretario general de gobierno, Armando Martínez Vega, lo relevó del cargo y despachará en su oficina de palacio de gobierno. La Secretaría Estatal de Seguridad Pública ejercerá este año un presupuesto de 300 millones de pesos. (Gerardo Zúñiga Pacheco)
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