Desde el inicio de la actual administración municipal, la Sociedad Cooperativa de Transportes de Pasajeros de Ensenada, S.L.C. de C.V., mejor conocida como Transportes Rojo y Blanco, se ha mantenido inmersa en sonadas polémicas. La más reciente es la detención, el 16 de enero de 2013, de Saúl Camargo Avendaño, quien por más de cinco años fue uno de los choferes de ruta de esa empresa, y a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusa de estar involucrado en el asesinato del regidor priista Arturo Castellanos Ruiz, ocurrido el 6 de febrero de 2011. En múltiples ocasiones, el procurador Rommel Moreno Manjarrez ha asegurado la participación directa de personas ligadas a Transportes Rojo y Blanco en el homicidio de Castellanos, quien era socio de esa empresa y en 2004 había sido asignado presidente del consejo de administración, junto a Arturo Gutiérrez Guerra y Alfredo Muñoz Gutiérrez, secretario y vocal, respectivamente. Aunado a la detención de uno de sus choferes, las autoridades estiman que sus dos autores intelectuales pertenecen a esta compañía. De manera extraoficial se manejan los nombres de Medardo Meléndrez y Gonzalo Gutiérrez Guerra como sospechosos. En los últimos dos años, las principales concesionarias de transporte público en Ensenada -Rojo y Blanco, Amarillo y Blanco, y Vigía- han ejercido presión al Cabildo para incrementar sus tarifas y renovar sus contratos. En ambos casos han tenido éxito. 
El 8 de septiembre de 2011, el XX Ayuntamiento aprobó el incremento del precio del transporte de 8 a 10 pesos por persona, bajo un compromiso de nueve puntos entre los que destacaron la reubicación de las terminales de las cooperativas Rojo y Blanco, Amarillo y Blanco, y la sustitución a partir de noviembre de ese año, de las unidades 1996 por modelos 2000 en adelante. Ninguno de los dos puntos se ha cumplido, aunque los cobros comenzaron a aplicarse de inmediato. Para vigilar el proceder de los transportistas y recibir informes de la Unidad Municipal de Transporte (UMT), y a propuesta del regidor Alberto Moreno Garayzar, del Partido Nueva Alianza (PANAL), el 15 de septiembre de 2011 el Cabildo creó la denominada “Comisión Especial de Atención al Cumplimiento de Compromisos en Materia de Transporte Público”, que aseguraron, tendría reuniones frecuentes de seguimiento. Esa misma semana, en 2013, los regidores Raymundo de la Mora Arvide, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y María del Carmen Íñiguez Casanova, del Partido Acción Nacional (PAN), comentaron que dicha comisión no ha sesionado desde hace tiempo. Su coordinador y promotor, Moreno Garayzar, refirió que si mal no recuerda, se reunieron en octubre pasado, pero no está “muy seguro”. A un año de distancia de los compromisos firmados, el 18 de diciembre de 2012 el Cabildo ensenadense renovó, por un periodo de cinco años, las concesiones de las incumplidas empresas de transporte público, que tenían cerca de dos años con los permisos vencidos. Es decir, el Cabildo había aprobado un incremento de tarifas a un transporte que en lo formal estaba irregular y sin concesión. Las empresas movían sus microbuses y camiones bajo amparos para evitar que les fueran retiradas las rutas, fuente de sus multimillonarios ingresos, más de 2 millones de pesos diarios, con los cálculos más reservados hechos por ZETA. El no contar con la concesión impedía a los transportistas sacar placas y obtener créditos para sus negocios. Luego de cuatro años de operar de forma irregular, el gobierno local les dio la autorización, sin ninguna nueva condicionante. Los incidentes que involucran a choferes de microbuses son tema de todos los días. En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las violaciones más comunes a los reglamentos de tránsito por parte de microbuseros son: rebasar vehículos por carriles exclusivos para dar vuelta a la derecha, subir pasaje en zonas prohibidas, pasarse altos y manejar a exceso de velocidad. Por ejemplo, el 29 de mayo de 2012, Isael Rojas García, un chofer de la línea Rojo y Blanco, volcó su microbús por conducir a exceso de velocidad en el Bulevar Sokolov de la colonia Lomitas, lesionando a 16 personas, entre adultos mayores, jóvenes y niños. El conductor, quien perdió su licencia tras el incidente, presentaba aliento alcohólico. Otro caso a mediados de 2011, también de la línea Rojo y Blanco, fue el de un transportista que se quedó dormido mientras circulaba sobre Avenida Reforma, la más transitada de la ciudad. El microbús terminó derribando una parte de la barda perimetral de la guarnición militar de El Ciprés, sin que hubiera lesionados graves. A través de encuestas realizadas por la propia Unidad Municipal de Transporte (UMT) a ciudadanos, la línea Rojo y Blanco ha sido calificada como la que brinda el peor servicio entre las tres principales empresas que operan en Ensenada. Cuenta con una flota concesionada de 343 microbuses, 298 operando y el resto de reserva; y de acuerdo a sus propias cifras, alrededor de 500 choferes registrados. El gobierno municipal tiene inscritas 823 unidades en su padrón, considerando todas las cooperativas de transporte. En un solo operativo de verificación realizado el 3 de enero por la UMT, los inspectores enviaron 34 unidades al corralón por no cumplir con los reglamentos. Entre todos, nuevamente la firma más negativa fue para Rojo y Blanco, con los siguientes resultados: Por no cumplir con condiciones físico-mecánicas y/o modelo: Rojo y Blanco (17 unidades); Amarillo y Blanco (12 unidades); Transportes Brisa y Transportes Vigía (3 unidades). Y por presuntamente portar documentación apócrifa, Rojo y Blanco (2 unidades). “Es evidente que no se ha tenido de momento la capacidad de poder mitigar todas estas acciones, hay que recordar que las unidades que se encuentran en tránsito son muchísimas, y el personal con que cuenta la UMT no se da abasto”, comentó el regidor Raymundo de la Mora ante los incidentes con microbuses. “Sí ha habido sanciones, se han quitado licencias y se ha suspendido a muchos choferes, de hecho se han hecho varios operativos sorpresa de antidoping, y a los que han salido positivos, se les ha dado de baja”, explicó por su parte el presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, en tanto, los registros en Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado sobre licencias suspendidas de choferes de transporte público durante el año pasado, suman 12. — ¿Existe o no control sobre quienes manejan los microbuses?, cuestionó ZETA a Raúl Carrillo Espinoza, director de la UMT.
“Yo en repetidas veces le he dicho al Estado que tenemos que hacer un candado, porque yo sí tengo los nombres de todos aquellos que han delinquido y están dentro del transporte, y los boletino como los de antidoping. Ahorita puede andar manejando un servicio público un violador, un secuestrador o un homicida”. — ¿Entonces no hay vigilancia?
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