Emilio Álvarez Icaza, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos: Emilio Álvarez de Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, refiere que de los temas urgentes en la agenda de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, están los derechos humanos y las garantías a la libertad de expresión en el marco de la política de seguridad pública. Más allá de la herencia histórica que arrojó la administración de Felipe Calderón en cuanto a asesinato de defensores de derechos humanos, homicidios de periodistas, más de 25 mil desaparecidos y las más de 83 mil muertes documentadas por este Semanario, toca al gobierno de Enrique Peña Nieto revertir esa cruenta situación, no con discursos sino con resultados de corto y mediano plazo. Por cierto, desde que fuera nombrado Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 19 de julio de 2012, ésta es la primera vez que el versado en Derechos Humanos y políticas de seguridad pública internacionales concede una entrevista a un medio de comunicación en Latinoamérica. — En abril de 2012 advirtió usted a través de este Semanario una “grave crisis de derechos humanos” en México. ¿Cuál es el reto y la responsabilidad en materia de derechos humanos del gobierno de Enrique Peña Nieto? “Me parece que la situación de México pinta en el horizonte una importante agenda en materia de derechos humanos. Por una parte, la herencia del sexenio anterior en términos de los costos en la cantidad de muertos, de la cantidad de desapariciones, el tema de las desapariciones y las desapariciones forzadas se convierte en un tema de gran preocupación y sin duda uno de los desafíos, yo diría no solo para el gobierno federal, creo que también es un tema que desafía fuertemente a los gobiernos estatales que tienen clara competencia y responsabilidad en este tipo de temas. 
“Hay temas anotados con preocupación sobre el tema de los migrantes, el tema de la problemática que refiere en materia de pobreza y desigualdad, en los derechos económicos, sociales, culturales, son sin duda un horizonte muy desafiante; hay espacios todavía de desafío en la homologación de los instrumentos internacionales; hay temas que obedecen, por ejemplo, a la problemática en materia de seguridad. “Recientemente el gobierno federal hizo algunos asuntos, mensajes, presentaciones, respecto de la variación de la política de seguridad, creo que esos temas siguen siendo parte de esa problemática. “México ha hecho un aporte importante, por ejemplo, la reforma Constitucional de derechos humanos y ahora el Poder Judicial está en un proceso muy interesante de incorporar todo a la reforma al sistema judicial; me parece que se tiene que avanzar más aceleradamente en el diseño de política pública con enfoque de derechos humanos, tendrá que avanzarse de derechos de armonización equitativa. “Este fenómeno de claroscuros en los años recientes se avanzó importantemente en reformas constitucionales, se avanzó el tema de Derechos Humanos en la reforma constitucional, se avanzó en el tema de justicia con algunas cosas; ahora recientemente de manera muy simbólica la Ley de Víctimas, pero ahora lo que toca es desarrollar la política pública que haga eso realidad. — Obviamente los derechos humanos van ligados a la política de seguridad pública de los gobiernos. A dos meses y medio de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿ve alguna diferencia en cuanto a política de seguridad pública y derechos humanos en la actual administración federal en relación con el sexenio anterior? “Me parece que es temprano para hacer expresiones de conclusión o poder hacer una evaluación última sobre el tema; a poco tiempo que ha transcurrido en el cambio de administración, los mensajes que ha mandado el gobierno federal apuntan a algunos patrones o parámetros de cambio; los mensajes que ha mandado la Secretaría de Gobernación en el diseño institucional, lo que ha mandado la propia PGR, el mensaje que mandó recientemente el presidente Peña Nieto en Aguascalientes, apuntan a factores de reorientación de una política pública, hay también algunos factores o elementos comunes, pero me parece que queda claro que el mensaje que se está queriendo privilegiar o por lo menos así dicho, es esencialmente a un fenómeno de reorientación. — ¿Cuál es su análisis sobre la Ley General de Víctimas publicada por el Diario Oficial de la Federación a principios de 2013? “La Ley de Víctimas es un mensaje emblemático en términos de que el Estado mexicano asuma estos compromisos, pero lo que toca es su instrumentación. Eso sí marca claramente una señal de distancia con respecto al sexenio anterior; esta ley fue producto de un trabajo muy intensivo entre movimientos victimales y el Congreso de la Unión; el Ejecutivo federal no necesariamente jugó a apoyar ese proceso, parecería más bien lo contrario; y el nuevo Ejecutivo Federal manda una señal de distancia muy significativa, se desdice de la controversia que genera esta condición de su publicación, y ahora hay una dinámica de trabajo para en su caso poder perfeccionar y pulir el instrumento. “Me parece que es una señal importante para que las distintas instancias del Estado mexicano asuman su responsabilidad en uno de los temas pues de más aguda realidad, de más severo daño; es una agenda que tiene mucho dolor detrás, y que tiene que ver con un diseño de política para protección de las víctimas de México”. — ¿Cuál es la recomendación o exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a la investigación del asesinato de periodistas que permanecen en la impunidad? “Un desafío muy importante del gobierno del presidente Peña Nieto va a ser implementar de manera correcta el mecanismo de protección a defensores (de Derechos Humanos) y periodistas; la verdad es que ese mecanismo no funciona o tiene elementos de un funcionamiento casi elemental o básico; toca atender las últimas modificaciones del Congreso de la Unión de la legislatura anterior sobre el tema de la federación de los delitos de prensa y las normas que se hicieron como para proteger y acompañar la labor periodista, la verdad de las cosas es que una importante parte de ese trabajo tiene que ser acompañado del proceso de justicia: Si quien agrede a un periodista, quien ataca a un periodista, no es sancionado se manda un mensaje de impunidad no solo al periodista, a la familia, al medio, sino a la sociedad toda. “El grave daño cuando se ataca a un periodista es que no es un daño individual, es un daño de dimensión colectiva; la libertad de expresión es un derecho que se conjuga en colectivo y cuando se agrede a un periodista se agrede a la democracia y a la sociedad toda”. —En cuanto a los 79 homicidios de periodistas sucedidos en el sexenio de Felipe Calderón y 28 en la administración de Vicente Fox documentados por ZETA y que permanecen como no investigador y en la impunidad, ¿cuál es la recomendación o la exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a investigación? “Sería muy importante la actuación de la PGR y las instancias locales. Me parece que ahí necesariamente tiene que ser un marco de armonización. Todavía una parte importante de esos delitos son del orden estatal y tiene que generarse una condición de complementariedad y yo estaría esperando a que esto fuera uno de los terrenos concretos donde hubiera un mensaje no solo de afectación a los intereses, poderes fácticos, legales, ilegales que atentan contra los periodistas, sino de protección a los derechos de la sociedad y el funcionamiento al mecanismo”. — ¿Y qué puede decirnos sobre el hecho de que la política del gobierno de Enrique Peña Nieto consiste en no informar sobre asesinatos, detenidos, narcotraficantes ejecutados, civiles muertos, ni cuántos ni sus nombres? “Puede haber un cambio de una política de comunicación, pero lo que siempre hace mucho sentido es tener una condición de información pública para que existan elementos ciertos de qué está pasando en la materia”. — ¿Cuál es su reflexión en torno a que en el país algunas comunidades de estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, por mencionar algunas entidades, han decidido armarse para enfrentar a la delincuencia organizada debido a que el Estado no ha sido capaz de proporcionarles seguridad? 
“Son señales preocupantes que desafían al Estado mexicano en su conjunto, a nivel municipal, estatal y federal, porque manda un mensaje de que la gente se defiende por su propia mano. Puede estarse generando un contexto donde la población sienta que el derecho a la seguridad se le está vulnerando, o puede ser también producto de expresiones de tensiones locales, de conflictos locales o de condiciones de enfrentamiento entre comunidades y crimen organizado, o entre comunidades; es un fenómeno complejo que no se puede sencillamente poner en blanco y negro, pero en todo caso la señal es una señal de preocupación que obliga a que el Estado mexicano responda de manera integral porque lo que no hace sentido es que se estén dando condiciones de espirales de violencia y que haya quien sienta desprotección del Estado mexicano y se defienda por sus propios medios; eso no solo es contra el orden jurídico establecido, sino que son señales de preocupación”. — ¿Qué análisis hace de que en México no han disminuido los secuestros ni los asesinatos?, de hecho recientemente fueron asesinados 17 músicos que integraban el grupo “Kombo Kolombia” “No son de momento casos que estén en la Comisión, no tendría elementos más allá de externar una preocupación, me parece que son señales de mucha preocupación y que también se trasladan a un debate internacional. Yo estoy dando seguimiento a la prensa internacional y veo el impacto de eso en términos de la imagen de México y sin duda es un tema que está desafiando muchísimo”. —“La CNDH es por mucho una de las instituciones más sumisas”, expresó a propósito de los últimos años. ¿Qué papel está jugando la CNDH en el actual gobierno federal y cuál debería ser su compromiso en el actual sexenio? “El sistema no jurisdiccional de Derechos Humanos tendría que tener una condición mucho más activa para contribuir a hacer realidad el principio de protección y promoción de los derechos humanos. Las instituciones de esta naturaleza son probablemente materia presupuestal las más destacadas a nivel continental; este tipo de entidades tienen una condición de fortaleza, respecto al nivel internacional es punto de referencia; y eso genera entonces un mayor desafío y responsabilidad para el cumplimiento. —Finamente, ¿cuál es el principal reto u obligación del gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a derechos humanos y política de seguridad pública? “Lo que toca es justamente hacerlo realidad, en términos de entender un cambio en la política pública que garantice el derecho a la seguridad y que no signifique reducir derechos a cambio de falta de seguridad. “Que haya sectores de población que tengan acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales; que haya sectores de población que por determinadas condiciones, por su sexo, por su edad, por su orientación sexual, no vean negados sus derechos; y me parece que es entonces ese dinamismo que ha prostrado al Estado mexicano en algunas áreas internacionales, porque ciertamente así ha sido, pudiera reflejarse también con más fuerza a nivel interior”.
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