Modifican diputados leyes de transporte y seguridad sin discutir o analizar Dos reformas aprobadas en el Congreso del Estado hace una semana, serán vetadas por el Gobernador del Estado: * Una que abre posibilidad de que empleados del área de seguridad pública –en todos los niveles– adquieran una base laboral. * La otra relativa al traspaso hacia los ayuntamientos de la facultad de expedir licencias y tarjetas de circulación a choferes los vehículos del transporte público. Francisco García Burgos, Secretario de Gobierno, fundamenta con inconstitucionalidad en las reformas, el veto que ejercerá José Guadalupe Osuna Millán, el gobernador. Con estas dos sumarían 32 las reformas aprobadas por el Congreso y vetadas por el Ejecutivo en lo que va de esta XX legislatura. De hecho el veto fue utilizado entrando esta Legislatura –donde el PRI con sus aliados acumula 16 de los 25 votos– en octubre del 2010. El Gobernador vetó las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, que implicaba la creación de áreas internas en el legislativo. Un mes después otro veto: modificaciones al porcentaje de participaciones federales para los Ayuntamientos; después otro más cuando la eliminación la tenencia vehicular. Ése ha sido el camino en la relación entre ambos poderes, acumulando a la fecha 30 vetos, a los que se sumarán dos más en estos próximos días, resultado de un Congreso eminentemente priista, y un gobierno panista. Dictámenes En la sesión legislativa del martes 12 de febrero, los diputados aprobaron dos dictámenes. Fue rápido, ni siquiera hubo discusión de fondo. El primero fue el Dictamen 12 de la Comisión Metropolitana de Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Trasportes, que presentó el diputado priista David Lozano. La propuesta fue aprobada por la comisión y presentada por la fracción del PRI desde el 19 de junio del 2012, y en esencia reforma tres artículos –2, 4 y 6– de la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, en lo referente a la expedición de licencias, placas y tarjeta de circulación para vehículos del trasporte público en todo el estado. El eje central: que esa facultad del Estado pase a la esfera municipal. La votación a favor se dio sin un solo comentario, o reflexión sobre el manejo futuro del transporte en el estado, la infraestructura que los ayuntamientos no tienen, o la invasión a la esfera estatal. Acaso Carlos Murguía habló genéricamente de las iniciativas presentadas y destinadas al fortalecimiento municipal. En la exposición de motivos de la reforma justificaron: “duplicidad de vehículos que prestan el servicio de transporte público; problemática que se genera con o por la intervención de dos órdenes diferentes de gobierno, el estatal y el municipal, debido a que el municipio otorga el permiso para operar el servicio público de transporte de pasajeros en las diversas modalidades de taxi, y el estado es el que asigna las placas de circulación”. También que en ocasiones el estado no cuenta con placas suficientes para ser entregadas a los permisionarios, lo que provoca que éstos circulen con un documento provisional pegado en el vidrio del vehículo, facilitando la falsificación, y por ende, la duplicidad de números económicos, generando descontrol tanto en la autoridad administrativa, como en el usuario del servicio público de transporte. Ponderaron los diputados: “Al centralizar en los ayuntamientos la entrega de placas y licencias para choferes, permisionarios y concesionarios del servicio de transporte público, los gobiernos municipales contarán con un mejor control sobre los vehículos y personas que prestan este servicio dentro de su localidad, mejorando con ello la seguridad de los pasajeros, y desde luego, la calidad del servicio”. Al final los legisladores votaron 14 a favor (el PRI y sus aliados), seis en contra (los panistas) y una abstención del legislador perredista Francisco Sánchez Corona. Inmediatamente después el legislador Marco Vizcarra –postulado por el PEBC y ahora independiente– subió a tribuna para leer el dictamen 4 de la Comisión de Seguridad Pública que encabeza. La propuesta fue presentada desde el 27 de noviembre del 2012 y aprobada en comisión el 30 de enero de este año. Propone reformar el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California. El segundo párrafo donde se hace referencia a la situación laboral de los Elementos de Apoyo, y que éstos pasen a regirse por la Ley de Servicio Civil en términos de estabilidad laboral. 
El artículo 10 de la Ley menciona como agentes del Ministerio Público, peritos y miembros en general tendrán con el patrón una relación de carácter administrativo –no laboral– y regida por el Apartado B del artículo 123 Constitucional. Textualmente se lee que “Los elementos de apoyo se consideraran trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminadas en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables y en caso que no acrediten las evaluaciones de control y confianza”. La modificación en el Congreso dejaría el texto así: “Los elementos de apoyo únicamente podrán ser cesados por causa justificada prevista en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. “Quienes realicen funciones de trabajadores de confianza en términos de la Ley de Servicio Civil podrán ser separados de su cargo en cualquier momento de conformidad con lo señalado en el citado ordenamiento o en caso de no acreditar las evaluaciones de control y confianza”. Sin discusión la reforma fue aprobada con 21 votos –ni los panistas se dieron cuenta– y ahí mismo le aplicaron una enmienda propuesta por el mismo diputado Vizcarra relativa con la estabilidad en el empleo y el clarificar el estatus de los trabajadores de confianza. La modificación se interpretó como la posibilidad de que cerca de dos mil trabajadores de áreas administrativas de seguridad pública tanto de la esfera municipal como estatal estarían en condiciones de “basificarse”. Las reacciones en contra fueron rápidas, sobre todo por la situación financiera que atraviesan entidades de gobierno donde la carga de la nómina es uno de los elementos principales. Veto y más veto El Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco García Burgos adelantó que el Gobernador ejercerá su facultad de veto. “En ambos casos encontramos contradicciones constitucionales, las estamos revisando para presentar observaciones por parte del Gobernador y vetarlas”. Además que en caso de no poder vetarlas se irían a una controversia Constitucional. Los argumentos del Estado: la anticonstitucionalidad de la reforma, el costo que esto implicaría, más de 200 millones anuales a los distintos gobiernos y que las áreas de seguridad deben estar en manos de personas que pasen los exámenes de confianza, “al final se trata de la seguridad de los bajacalifornianos, está por encima de los derechos laborales que pueda tener alguien”. Para García Burgos el punto central del tema es que todo aquel personal que labora en área de confianza pueda ser removido libremente. Que de las reformas constitucionales –relativas a la relación administrativa y no laboral– se han desprendido reformas a la Ley Federal de Seguridad Pública y con este intento se contraviene a la legislación federal. Sobre la modificación para la entrega de documentación al transporte público, el Secretario aclaró: ésta es una facultad que corresponde al estado y la intervención de los municipios en el trasporte tiene más que ver con la supervisión de rutas. 
“Consideramos que el otorgar placas no debe de ser un tema municipal, imagínate que el municipio otorga las placas que quiere, con los padrones que quiere, sin estar coordinado con el resto de los municipios, nos metemos en un tema de circulación y de seguridad”. García Burgos afirma que hay repercusiones más allá del dinero y la más obvia es que alguien se puede salir de la coordinación en Baja California. El funcionario asegura que ha habido reuniones con las comisiones del Congreso donde se ha asentado la formal del Ejecutivo, por lo que el veto estaría firmado en estos días. Dice que éste no es un enfrentamiento entre panitas y priistas, sino que cada quien está en el ejercicio de sus facultades. “Por supuesto que quisiéramos tener una mayor coordinación para no tener que estar presentando observaciones con tanta frecuencia, pero al final del día ellos ejercen sus facultades y nosotros las nuestras”, concluyó el funcionario. Vetos en la XX Legislatura De acuerdo a datos oficiales, en lo que va de la actual Legislatura, el Gobierno del Estado ha utilizado su derecho al veto en 30 ocasiones, algo inédito en la historia de Baja California. Aquí el listado. OCT-DIC-2010 – Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. – Ley de Hacienda del Estado de Baja California. – Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. ENE-DIC-2011 – Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California. – Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado de Baja California. – Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, y a la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California. – Ley de Valuación del Estado de Baja California. – Ley de Educación del Estado de Baja California. ENE-DIC-2012 – Ley de Hacienda del Estado de Baja California (seis vetos a esta Ley). – Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California. – Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California. – Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios. – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. – Ley de Educación del Estado de Baja California (dos vetos a esta Ley). – Código Civil para el Estado de Baja California. – Ley de Expropiación para el Estado de Baja California. – Código Penal y del Código de Procedimientos Penales. – Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. – Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas para el Estado de Baja California. – Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Baja California. – Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. – Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. – Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. – Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California. – Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California. – Ley de Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo para el Estado de Baja California. ENE-FEB-2013 – Ley de Educación del Estado de Baja California. – Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California.
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