La injusticia de Arredondo Morán

PEP lo acusó de un crimen que no cometió Falsos testimonios durante la noche del 25 de octubre de 2011, transformaron radicalmente la vida de José Antonio Arredondo Morán, luego de ser acusado por supuestos testigos y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), como el homicida del agente de la PEP, Carlos Hernández García, caído en el fraccionamiento Vista Hermosa en Ensenada. Su detención, encarcelamiento y posterior liberación ese mismo año, transformó el caso en uno de los ejemplos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Ensenada durante los últimos años, donde nadie, salvo el propio Arredondo, ha sufrido algún castigo. A mediados de 2012 una serie de declaraciones revivieron el caso. El Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Arnulfo de León Lavenant, había anunciado que la PDH emitió recomendaciones a diversas instancias gubernamentales pidiendo solucionar el caso, deslindar responsabilidades y restituir el daño hecho a Arredondo. El Secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa Anaya, declaraba que el asunto estaba en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Otros posicionamientos también se hicieron públicos en esas mismas fechas. El 20 de junio de 2012 la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Agatón Muñiz advertía en un comunicado que “las sanciones que impone la ley deben alcanzar a policías preventivos y ministeriales que violan derechos humanos de personas detenidas”, agregando lo siguiente: “La autoridad debe indemnizarlo económicamente por los perjuicios causados por la detención, tortura y encarcelamiento injustificado. En Baja California se debe poner un ejemplo de que no se permitirá la tortura ni la violación del marco legal y de los derechos humanos de personas por parte de órganos policíacos”. Las declaraciones fueron y vinieron a lo largo de un año. Los afectados, la familia Arredondo, aseguran no haber recibido nada, ni avances del caso, ni siquiera una simple disculpa por parte de las autoridades. A un año, tres meses y 18 días del homicidio, Arredondo Morán habló con ZETA de lo que ha representado para él lo ocurrido ese día, y cómo a la fecha desconfía de casi todos los agentes del orden. La charla con él tuvo lugar en un café ubicado sobre la Avenida Ruiz, en la zona centro de Ensenada. Iba acompañado de su padre, José Antonio Arredondo López, y ambos narraron sus versiones de lo ocurrido el día del homicidio de Hernández García, el trato que recibieron de agentes municipales, de policías estatales, agentes del ministerio público, jueces, custodios del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Ensenada, y funcionarios involucrados en el caso. Arredondo Morán tiene 30 años de edad, es de estatura baja, poco menos de 1.70mts, moreno claro, cabello negro corto con cejas gruesas y de complexión delgada. Su padre, tiene las mismas características excepto la edad, 54 años. La historia del acusado El 25 de octubre de 2011, Arredondo se encontraba con un grupo de amigos en un fraccionamiento cercano al lugar del homicidio del agente. Platicaban y fumaban un poco de marihuana. Oficialmente a las 21:30 horas de ese día se había registrado el asesinato. Un fuerte operativo que involucraba a policías municipales, estatales y federales se implementó en la zona. Arredondo y sus amigos vieron acercarse las patrullas, se asustaron y comenzaron todos a correr. A él lo detuvieron elementos del Grupo de Reacción Inmediata, conocido como el SWAT, “me sentaron en una piedra y ahí me dejaron, luego se fueron”, dice. Minutos después volvieron, lo iluminaron con lámparas de mano y apuntaron a sus pies diciéndose entre ellos que tenía las mismas características que el sospechoso, lo subieron a una patrulla, lo sentaron en el asiento de enfrente y se fueron hacia la zona del homicidio. Al llegar al sitio, explicó Arredondo, “me dijeron ¡agacha la cabeza!, ¡no volteees!”, al tiempo que preguntaban a unos supuestos testigos oculares, “¿éste es?”, y la respuesta fue “sí”. “Ahí empezó todo mi… calvario”, dijo Arredondo apretando fuerte su mandíbula hasta hacer resaltar una vena que le atraviesa el centro de la frente. “Nomás de acordarme me pongo…”, agregó mientras sacudía el cuerpo. En el momento en que los policías municipales escucharon de otras personas que él era el homicida, el conductor de la patrulla, dijo Arredondo, “volteó y me soltó un codazo bien fuerte en el ojo”, “¡ya valiste madre cabrón!”, le dijo. Ese sería el primer golpe de muchos que denuncia haber recibido a lo largo de esa noche. Arredondo fue bajado de la patrulla y entregado en medio de una enorme trifulca generada por decenas de policías entre municipales, federales, estatales, y ministeriales, que se jaloneaban y se intentaban arrebatar unos y otros la custodia de Arredondo, a quien le habían tapado el rostro con su propia camiseta y lo llevaban esposado. A pocos metros de distancia, yacía el cuerpo de Carlos Hernández. Los policías municipales entregaron a Arredondo a los agentes de la PEP, entre los que se encontraban los que acompañaban a Hernández esa noche. Lo subieron a la caja de un pickup de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y salieron del lugar a toda prisa. En menos de tres segundos de que arrancara la patrulla, que se dirigía a las instalaciones de la PEP en Ensenada, a Arredondo ya lo iban golpeando, y de ello fueron testigos todos los policías en el lugar. “Me traían agarrado del cuello, casi me desmayo”, explica Arredondo quien además dice, le dieron patadas en sus partes nobles. En las instalaciones de la PEP dice haber sido objeto de más golpes, golpes constantes en su cabeza, en el cuerpo, que le atestaban los mismos oficiales estatales con sus puños y con sus armas, todo en presencia de un oficial de la policía municipal. “Me decía, ‘¡valiste verga hijo de tu puta madre!’”. Luego de la golpiza, que estima duró unas cuatro horas, explicó que lo metieron a un cuarto donde se encontraba un solo agente de la PEP, “tengo ganas de pegarte un madrazo”, fue lo que escuchó del oficial. “Luego entró una persona que dijo era el subdirector de la PEP, me dijo ‘cuéntame tu historia’, le platiqué todo, desde que me agarraron, lo que estaba haciendo, todo […] y al final me dijo, ‘¿sabes qué?, tú fuiste, no te creo nada’”. Después del que dice era el subdirector, dos personas de la Procuraduría General de la República ingresaron al cuarto, le tomaron fotos, lo interrogaron nuevamente. “Luego entró un químico con un maletín, con un algodón me tomó muestras aquí en las manos, en la cara y se fue”. Me suben otra vez a una patrulla, un pickup, con un PEP que me iba pegando todo el camino y fuimos con un doctor, ahí en Pórticos. El doctor me revisó ¡y declaró que no tenía nada!”. Luego lo trasladaron a las oficinas de la Subprocuraduría de Zona de la PGJE en Calle 9na e Insurgentes. Su familia pudo verlo hasta la mañana  siguiente, el día 26, sus dos padres acudieron a las oficinas de la subprocuraduría, fue su mamá la primera que ingresó a verlo. Impactada por el estado de su hijo la señora se desvaneció al salir de las instalaciones de la Subprocuraduría y se puso a llorar, “yo no sabía qué pasaba”, explicó el padre de Arredondo Morán, “¿qué pasa?, le pregunté, ‘está todo golpeado’”, dijo. El estado de salud de Arredondo era tan delicado, que las mismas autoridades del CERESO luego de su traslado, se negaron a recibirlo con un reporte de buen estado de salud. Nuevas revisiones médicas tuvieron que hacerle para que lo dejaran ingresar. “Le asignaron una abogada de oficio”, narra su padre, “y me dice, el caso de su hijo está bieeen problemático porque todos lo acusan, le recomiendo que contrate un abogado”, hace una pausa y dice, “¿pero qué no es ella una abogada?”. Ahorros, artículos personales, todo el dinero que pudieron juntar lo canalizaron para contratar un abogado externo. De oficio mecánico, Arredondo López dice que tuvo que dejar de rentar el espacio donde tenía su taller mecánico y dedicarse a trabajar a domicilio para ese dinero destinarlo a la defensa de su hijo. “No se dan cuenta que nos cambió la vida a toda la familia, es una injusticia”, dijo. El 3 de noviembre de 2011, en base a únicamente las declaraciones de testigos, pues los resultados de la prueba de rodizonato de sodio resultaron negativos y no existía ninguna evidencia adicional, Arredondo había recibido el auto de formal prisión por parte del Juzgado Tercero de lo Penal y permanecería recluido en el CERESO. “Incluso adentro los custodios me hostigaban, siempre que me veían me decían ‘ahí viene el matapolicías, ¿qué se siente matar un policía?’ y cosas así”, refiere Arredondo Morán. Para su suerte, el 29 de noviembre, el grupo SWAT de la Policía Municipal (el mismo grupo que lo detuvo en un principio), escucharía el testimonio de un violento sujeto que detuvieron ese día, que cambiaría completamente la historia y todas las versiones y testimonios que hasta entonces había contra Arredondo. José Santos Guzmán, alias “El Tito”, confesó haber sido el homicida de Carlos Hernández García, narrando con lujo de detalle todo lo ocurrido aquella noche. Pese a la confesión del sujeto, Arredondo permanecía encarcelado. La aceleración del proceso, explicó su padre, vino luego de que él mismo abordara al director de control de procesos de la PGJE, César Santiesteban Gastélum, exigiéndole la liberación de su hijo o armaría un escándalo en medios de comunicación. “Ya había tenido suficientes injusticias”, dijo. –¿Qué esperan ahora?, pregunta ZETA. “Que se repare el daño que nos hicieron, de plano se les pasó la mano, ¿quién les autoriza a golpear sean culpables o inocentes a los detenidos? Las actitudes de todos fueron siempre prepotentes […] 27 lesiones le registraron, hasta con una regla de papel midieron cada herida y golpe. En los careos se desmayaba, nunca fueron los pepos, nunca se presentaron a los careos […] no ha habido un solo castigo, nada, siguen circulando los mismos pepos, los hemos visto. Económicamente nos dejaron bien jodidos”, dijo Arredondo López. PGJE caso abierto El caso de José Antonio Arredondo Morán continúa abierto dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque a la fecha no se ha fincado responsabilidad a ninguno de los oficiales y/o servidores públicos involucrados en la serie de actos denunciados por Arredondo y su familia. El tema es calificado por el director de averiguaciones previas de la PGJE en Ensenada, Marco Antonio Chavarría López, como un caso complejo (involucra al mismo Ministerio Público estatal) y las investigaciones, asegura, siguen su curso. Desde mediados de 2012 el propio Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, ha referido el tema como un asunto que ya está en manos de la PGJE, y al 14 de febrero de 2013, su personal asegura desconocer si algún elemento de la corporación involucrado ha sido sancionado al menos internamente. Del caso, no tienen más que decir. “El tema de falta de seguimiento de casos de derechos humanos es recurrente, quedan archivados, y no hay la menor duda de que se debe llegar a deslindar responsabilidades, incluso el tema de los médicos que declaran que los afectados no presentan golpes es recurrente, se ponen de acuerdo con los oficiales…finalmente tiene que haber sanción a los responsables de estos atropellos”, expuso el diputado Francisco Javier Sánchez Corona respecto al caso Arredondo. Meses atrás, en febrero de 2012, el Procurador General de Justicia Rommel Moreno Manjarrez advirtió que su dependencia trabajaba en la denuncia, que se encuentra registrada bajo la Averiguación Previa 5880/11/311/AP, mismo expediente que ha sido señalado a lo largo del 2012 y lo que va del 2013 por la Procuraduría de los Derechos Humanos en Ensenada, como un asunto pendiente en manos de la autoridad. Un año de distancia no ha sido suficiente.